No cabe duda que Donald Trump es obstinado con su idea de deshacerse de las “ciudades santuario”, a las que desde su campaña ha calificado de refugio de criminales y semilleros de crímenes violentos provocados por los inmigrantes ilegales.
Como si se tratase de una terapia colectiva, el pasado 20 de marzo Trump se reunió con parte de su equipo de seguridad, entre ellos la Secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, y el Procurador General, Jeff Sessions, para conversar sobre las fuerzas del orden en las “jurisdicciones santuario”. En la reunión, Trump anunció que el Departamento de Justicia presentó una demanda legal contra tres leyes de California que obstruyen intencionalmente la aplicación de la ley federal de inmigración, regulan la cooperación de las entidades privadas con las autoridades federales e impiden la consulta y comunicación entre las autoridades federales y estatales.
¿Qué es una "ciudad santuario"?
El término “ciudad santuario” (sanctuary city) es utilizado para los estados, ciudades y condados de Estados Unidos que limitan su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y entregar a personas indocumentadas que no hayan cometido un delito grave.
De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración, a noviembre de 2017, Estados Unidos tenía 205 jurisdicciones santuario: 6 estados, 67 ciudades y 132 condados. Estas “ciudades santuario” han desarrollado dos formas principales de proteger a los inmigrantes indocumentados dentro de los límites del sistema federal. En primer lugar, restringen la información sobre la ciudadanía de sus residentes y, segundo, pueden negarse a detener a inmigrantes a petición del ICE. El problema en el tema de las “ciudades santuario” radica en una compleja mezcla legal que involucra al federalismo, los derechos de los gobiernos locales y la ley de la Cuarta Enmienda en Estados Unidos.
¿Por qué Trump ha insistido en atacarlas?
Los ataques de Trump a las "ciudades santuario" van encaminados a exponer a dichas las jurisdicciones. Hoy en día en Estados Unidos, “santuario” se ha convertido en sinónimo de rechazo y negación a cumplir con la ley federal; es equivalente de restricción de información al ICE.
Una de las maneras que Trump ha utilizado para presionar a las ciudades santuario ha sido a través de recortar los fondos del gobierno federal, que se utilizan para una amplia gama de propósitos, incluidos el equipamiento para agentes policiales, el transporte y la infraestructura, algo en lo que la administración Trump ha prometido gastar más.
Durante su campaña, Trump prometió que:
Las ciudades que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dólares de los contribuyentes
… promesa que fue plasmada en una de las primeras órdenes ejecutivas que Donald Trump firmó como presidente: “Mejorar la seguridad pública al interior de Estados Unidos” del 25 de enero de 2017. En esta discrecional orden ejecutiva, Trump propuso retener el financiamiento federal de las ciudades santuario, sin embargo rápidamente empezó a ser cuestionada legalmente. Primero vino la demanda interpuesta por la ciudad de San Francisco contra Donald Trump, argumentando la inconstitucionalidad de la orden ejecutiva; le siguieron la orden judicial del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California para bloquear su ejecución y la orden de un juez de Chicago que la dejó sin efecto por considerar que el presidente estadounidense no podía decidir sobre presupuestos municipales.
Pese a los reveses legales, Trump ha continuado sus ataques contra las “ciudades santuario”, el más reciente, pero sin éxito, a través del presupuesto ómnibus presentado al Congreso para su autorización. El miércoles 21 de marzo, el Congreso estadounidense aprobó la ley del presupuesto ómnibus, por cierto, firmada a regañadientes por Donald Trump, de la que eliminó las medidas que podrían haber restringido los fondos que persuadían a las “ciudades santuario” de no anular la legislación federal en materia migratoria.
Respecto a la demanda del Departamento de Justicia contra California anunciada por Trump a su equipo el 20 de marzo, si bien es pronto para adelantar conclusiones sobre los resultados, hay que tener presente que por alguna razón la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso el poder para decidir la distribución de los recursos económicos.
Otra estrategia no acertada
A estas alturas, Trump y su administración deben tener claro que amenazar con retirar recursos económicos a las ciudades santuario no es precisamente la estrategia más adecuada para mejorar la actuación policial en Estados Unidos. Afortunadamente, la Casa Blanca no tiene la autoridad legal para detener la mayoría de los fondos federales, pero si continua intentándolo, encontrará batallas legales en el Congreso, así como en cortes estatales y locales como hasta ahora.
En lo relacionado con México, el presupuesto aprobado por el Congreso incluye 1.571 mil millones de dólares para el muro fronterizo, que para Trump representa la primera línea de defensa contra los inmigrantes ilegales, cuyos principales destinos son las “ciudades santuario”. Los recursos autorizados por el Congreso estadounidense proporcionarán 144,841 Km al “sistema del muro fronterizo”, pero solo podrán ser construidos 62 Km de nuevas cercas: 22 Km en la frontera con San Diego, California, y 40 Km en el Valle del Río Grande, Texas. El Congreso prohibió todo tipo de barrera fronteriza en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, un santuario de aves en el Río Grande en el sur de Texas.