Nada sería más deseable en estos tiempos de inseguridad, violencia, pobreza, descrédito y falta de confianza en las instituciones del Estado, que terminar o acabar con la corrupción. Suena a eslogan de campaña política como recientemente la escuchamos millones de veces en la publicidad electoral.
Sin embargo, de suyo el concepto de la corrupción da para ahogarse en una infinidad de significados e ideas, los menos complicados -diríamos de forma simplista o ligera- se refieren a todo aquello que representa un acto antijuridico o ilegal, un acto o serie de actos antiéticos, en que participan servidores públicos de cualquier nivel gubernamental, sea Federal, estatal, municipal o alcaldías en el caso de la Ciudad de México.
Como fenómeno social, la corrupción viene a ser el resultado de la conjunción de múltiples factores, la pobreza, la marginación, la impunidad, la inseguridad, la falta de oportunidades, procesos educativos rezagados en todos los ámbitos de desarrollo de los ciudadanos y de la función pública, entro otros.
El problema es que aspirar a la solución de un fenómeno tan complejo como la corrupción, requiere en primer término conocerle, es decir, saber de qué estamos hablando, cuáles son sus componentes, sus características, los espacios y momentos en que se presenta, su temporalidad, su evolución, etcétera.
Lamentablemente en México se ha dado mediana importancia -por no decir nula- a su atención, salvo en los procesos electorales cuando a través del discurso de políticos se hondea desde lo más alto la bandera anticorrupción, aún y cuando no se entienda o no se termine de entender.
El ruido mediático durante al menos los dos últimos sexenios, trajo como consecuencia una atención obligada del tema, producto del descontento ciudadano ante los múltiples casos de corrupción ventilados a través de medios masivos de comunicación, lo cual, paralelamente al trabajo de organizaciones de la sociedad civil, impulsó la creación del llamado “Sistema Nacional Anticorrupción”.
Sistema Nacional Anticorrupción
Esto es, a través de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se creó dicho Sistema, más que como una instancia coordinadora, nosotros decimos como un mecanismo o instrumento de coordinación, en tanto que como instancia procesal no resuelve nada en el plano jurídico individual de las personas.
Se trata de un Sistema que tiene como propósito la coordinación de esfuerzos institucionales para detectar, prevenir y castigar la corrupción. El objetivo en general es claro y ambicioso, de tipo convence masas, pero tenemos claro que como cualquier esfuerzo normativo que tenga como propósito fundamental reglamentar las conductas humanas en beneficio del interés general, es susceptible de perfeccionarse, modificarse e incluso replantearse.
A nuestro modo de ver, optamos por el replanteamiento de la idea que -insistimos- surge de la mediana voluntad política que se vio obligada por la sociedad civil a tomar cartas en el asunto.
Cultura de la legalidad
Cualquier intención por acabar la corrupción debe tener como cimiento o base fundamental la cultura de la legalidad, en esta interactúan la sociedad y los poderes del Estado, de tal forma que no es un problema exclusivo del sector público, de hecho el rol de los particulares o ciudadanos en las dinámicas de la corrupción es la pieza clave en las tareas para su detección, prevención y sanción.
Y si el particular, ciudadano o gobernado, es la pieza fundamental en el rompecabezas de la corrupción, entonces: ¿Por qué crear un Sistema Nacional Anticorrupción tan complejo que pocos logran entender, salvo aquellos expertos o involucrados en su -hasta ahora fallida- implementación?
¿Cómo puede pretenderse que la sociedad se interese e involucre en las acciones para lograr la implementación de dicho Sistema, si lo único conoce es el rimbombante título de Sistema Nacional Anticorrupción, a tres años de vida constitucional y a dos de su Ley General?
Mescolanza intra e interinstitucional
En este diseño de Sistema participan tantas instituciones como para hacer más compleja y difícil su implementación, así, ahí tenemos la Secretaría Ejecutiva del propio Sistema, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Comité de Participación Ciudadana, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción, por cierto, un Tribunal sin magistrados anticorrupción y una Fiscalía acéfala.
Una mescolanza intra e interinstitucional y con ciudadanos que tienen una especie de “autoridad” sin serlo, con un tipo de personalidad hibrida entre ciudadanos y servidores públicos, contratados por honorarios sin prestaciones, pero si sujetos del régimen de responsabilidades establecido en el artículo 108 constitucional; un Comité de Participación Ciudadana sin personalidad jurídica y peor aún sin presupuesto para funcionar, entre muchas otras deficiencias e imperfecciones.
La necesaria articulación de medidas para abatir este flagelo, no implica engendrar y con deficiente técnica legislativa un monstruo de cien cabezas que difícilmente podrá ponerse de acuerdo. Se continua con el error -o mala fe- de crear normas que, por un lado, irónicamente generan las condiciones para su imposible ejecución o implementación, estableciendo bastas facultades y atribuciones a los integrantes del Sistema, empezando por los propios ciudadanos, como si se desconociera el hecho de que a mayor regulación mayor probabilidad de actos corruptos, mayor ilegalidad, mayor discrecionalidad, mayor opacidad, mayor impunidad, etcétera, justo el efecto contrario a lo que se pretende.
Problemática social
El fenómeno de la corrupción requiere, por supuesto, de una coordinación de esfuerzos de todos, pero no a través del establecimiento de entramados jurídicos que pocos entienden y atienden, las reticencias institucionalizadas son solo uno de los obstáculos que se deben afrontar, de ahí la importancia de otorgar mayor intensidad a esta lucha desde las bases -como dirían los políticos-, desde la sociedad misma, formando una suerte de fiscales ciudadanos.
Poner a ciudadanos “al frente” de la coordinación del Sistema, sin autoridad y sin recursos, tiene una intención, y no hace falta ser letrado del derecho para entender cuál es ésta, por un lado, de simular el interés y la atención al problema frente a la exigencia social y, por otro, evadir o en el mejor de los casos -para los corruptos-, dilatar la atención de esta problemática.
De ahí la importancia de impulsar real y decididamente el conocimiento de este fenómeno como una problemática social, que tiene presencia no solo en las altas esferas de la política y gobierno, sino en todos los ámbitos de la convivencia ciudadana, y que repercute negativamente en la esfera de derechos individuales y colectivos de todas las personas.
Quizá sería bueno que ese conocimiento se comparta, extienda o replique desde los primeros niveles de educación primaria y no solo para los especialistas o expertos en la materia; temas como el fortalecimiento de la ética y ética pública resultan esenciales en la formación de las personas y de estas como servidores públicos; el impulso a la cultura de la denuncia es vital en este terreno, desde todos los frentes y en todos los órdenes de gobierno.
Podríamos contar con el mejor Sistema Nacional Anticorrupción del mundo, pero pocos o nulos resultados positivos dará si la base de ese Sistema -que es la sociedad- no posee los insumos o instrumentos básicos para entender y practicar una cultura anticorrupción.
* Mtro. Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.