Luego del triunfo electoral contundente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), muchos continúan en el festejo y en la luna de miel, mientras que otros -más conservadores- prefieren mantenerse al margen y atentos a las reacciones de todo tipo.
Las expectativas generadas por el candidato presidencial ganador, se ha dicho, son altísimas. Algunas promesas de campaña, podríamos decir, están fuera de todo rango de posibilidad de cumplimiento, al menos en el corto y mediano plazo.
Sin embargo, para una sociedad hastiada de la indiferencia de la clase política gobernante, ante los graves problemas de impunidad, inseguridad, corrupción, pobreza y desempleo, el cumplimiento de las promesas de campaña, pasaron a segundo término, de lo que se trataba -al dar el manotazo democrático- era terminar con un régimen político al que se le perdió toda credibilidad y confianza.
El castigo se ha dado -por fortuna- a través de los mecanismos de la democracia, las elecciones. Al grado de llevar casi a la extinción al partido hegemónico por décadas, el PRI, y convertir en partido de oposición minoritaria a su sombra o comparsa, el PAN.
Resultados buenos e inmediatos
No obstante, otro mensaje de la sociedad es claro, el nivel de exigencia en el cumplimiento de las promesas de campaña se puede medir en razón del número de ciudadanos que no votaron por el candidato ganador AMLO, es decir, 24 de 56 millones de electores votantes, tomando como referencia los resultados finales de los cómputos distritales para la elección presidencial, publicados por el Instituto Nacional Electoral.
El reto no es menor, 24 millones de votantes no simpatizantes de AMLO, quizá serán los primeros en exigirle al nuevo gobierno buenos e inmediatos resultados, en términos generales, mejorar las condiciones económicas y sociales del país que hagan efectivo el derecho al desarrollo y viable un nivel de vida digno en el ámbito personal y familiar.
Las propuestas y promesas de campaña lograron generar grandes expectativas de prosperidad en todos los ámbitos de la vida, tanto así, que una encuesta nacional realizada por el medio El Financiero, publicada el 9 de julio en curso, revela que el 65% de los encuestados se siente muy optimista respecto al futuro de México con el triunfo de AMLO, que el 56% considera que mejorará la economía, el 53% que bajará la corrupción y el 52% que bajará la inseguridad.
No hay duda del optimismo encausado por la vía de las promesas políticas, sin embargo, habrá que tener muy presente que muchas de esas promesas son material, técnica y humanamente imposibles de cumplir, al menos en el corto plazo que dura el mandato presidencial de seis años.
Pero el costo político de las promesas de campaña no cumplidas lo asumirán los partidos políticos según sea el caso, no obstante, tal vez lo importante sería considerar que no hay ningún instrumento jurídico o legal para sancionar -en el ámbito administrativo o penal-, el incumplimiento de promesas de campaña; lo que significa que la única vía sancionadora continuará siendo la política, a través de las elecciones. Responsabilidad
56 de 90 millones de ciudadanos con posibilidad de votar lo hicieron, es decir, casi dos terceras partes de los electores ejercieron su derecho y, de esos 56, 30 millones asumieron con ello los riesgos que impone una nueva forma de gobernar, desconocida, pero al mismo tiempo esperanzadora.
Una esperanza generada a partir de una sociedad doblegada por la violencia, la impunidad y la pobreza, no puede ni debe ser víctima nuevamente de una clase política voraz, insensible e indiferente a las necesidades de todos y especialmente de dos tercios de la población total nacional en pobreza extrema.
En tal razón, asumir los riesgos de un nuevo gobierno con los niveles de aceptación tan altos, ha conducido a algunos generadores de opinión a suponer un gobierno con un poder absoluto o con peligrosas tendencias al autoritarismo, sin embargo, nuestro interés quizá debía estar centrado en el cómo controlar ese poder otorgado mediante el voto popular.
La experiencia indica que una vez que una persona asume algún cargo público, tiene una idea -al menos elemental- de la responsabilidad que impone el ejercicio de dicho cargo, de manera tal que la única forma de controlar su actividad es a través de una vigilancia ciudadana y el establecimiento de instrumentos legales de control que jueguen una suerte de impedimentos u obstáculos contra el uso abusivo del servicio público.
Asumir los más altos cargos de la Nación, exige avanzar hacia nuevos esquemas en materia de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades desde el terreno jurídico-electoral, donde las propuestas y promesas de campaña pasen de ser un listado de ofrecimientos y buenos propósitos, a constituirse formal y materialmente en un plan de gobierno debidamente sustentado y registrado ante las autoridades electorales, como requisito para contender por un cargo de elección popular.
Tal vez reflexionar sobre estas ideas, nos daría oportunidad de generar mejores condiciones de certeza en cuanto al futuro mediato para nuestro país, nuestras familias y nuestras personas; que otorguen a esas promesas políticas el carácter de obligatorias, so pena de sanción en caso de incumplimiento, en los términos que fijen las leyes, tanto electorales como en materia de responsabilidades.
Hasta ahora, nuestro sistema jurídico mexicano, debemos tener claro, ofrece todas las facilidades y condiciones políticas para prometer hasta lo imposible durante las campañas, sin que eso conlleve algún tipo de compromiso formal o legal sobre su cumplimiento y mucho menos alguna sanción.
La verdad parece innegable, no hay varitas mágicas ni poder alguno que haga posible -insistimos en el corto o mediano plazo- todas las promesas de campaña, no solo del candidato vencedor AMLO, sino del resto de los candidatos de los otros partidos políticos distintos de MORENA. Cualquier promesa de campaña por más viable que parezca requiere de la participación de la sociedad en su conjunto sin colores partidistas y sin más privilegios que el interés general, eso parece ser el gran reto a vencer.
90 millones de electores asumimos todos los riesgos y con ello la responsabilidad de las elecciones y un nuevo gobierno, no porque los 90 hayan votado necesariamente, sino porque los mexicanos nos dimos hace más de 100 años nuestra Carta Magna o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el sistema democrático y de derecho que decidimos en libertad respetar y acatar.
* Mtro. Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.