Por unanimidad, los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción acordaron solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre el estado procesal que guarda el caso Odebrecht.
Con el voto concurrente de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, el comité pidió conocer si sigue abierta la indagatoria, ¿cuál es el tiempo aproximado para concluirla? o bien, en caso de que ésta se cierre, se deberá informar de manera puntual el trámite legal que se dio a la investigación.
En la primera sesión Ordinaria del Comité, el titular del Instituto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, recordó el año pasado recibieron 200 solicitudes de acceso a la información relacionadas con ese tema, mismas que derivaron en más de 15 recursos de revisión.
En torno a las auditorías, detalló que “unas cinco o seis (están) relacionadas con Odebrecht, sobre contratos y convenios”.
A su vez, la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, indicó que si bien no hay plazos (para cerrar el caso), la ley los faculta para poder realizar el exhorto correspondiente a fin de allegarse de toda la información sobre este asunto.
Previo a la votación, la titular de la Función Pública, Arely Gómez González, anunció su voto a favor de la propuesta, pero con voto concurrente, conforme lo contempla el Artículo segundo, fracción XI de los Lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador, aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria de este Comité.
“Este voto concurrente, que solicito se incluya íntegro en el acta de esta sesión, tiene el objetivo de señalar que, desde la SFP, consideramos que la figura del exhorto debe ser una medida de última instancia que se apegue a los principios de legalidad y objetividad contemplados en el Artículo quinto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, anotó.
Lo anterior se explica, añadió, en razón de que el exhorto, como cualquier acto de autoridad, requiere de una motivación y fundamentación que permita dar certeza jurídica de las razones que nos llevaron a tomar esta decisión.
La funcionaria federal puntualizó que su voto sería a favor, “en el entendido de que es deseable que la sociedad cuente con la información sobre el estado procesal del caso en comento, pero concurrente en tanto que es importante señalar las circunstancias de fondo y forma con las que no coincido”.
Para tal efecto, solicitó que el Comité Coordinador modifique las anomalías de carácter formal para dar certeza y legalidad al exhorto que emita el órgano colegiado.