El ministro presidente Arturo Zaldívar dio a conocer este lunes que presentó la consulta para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice si es constitucional la ampliación de su mandato por dos años más, la cual ha sido llamada “Ley Zaldívar”.
“Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el Pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial”, publicó en su cuenta de Twitter.
Zaldívar señaló en este mensaje que el artículo Décimo Tercero transitorio en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), en el que se señala que su mandato se extenderá por 2 años más, debe analizarse a la brevedad.
“Resulta necesario que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su calidad de guardián de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, así como máximo intérprete de la Constitución, fije una postura a la brevedad posible”, expuso.
Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el Pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial. pic.twitter.com/ovrggBtAOj
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 14, 2021
En el documento, indicó que esta reforma fue posible gracias a un "esfuerzo inédito" de los distintos poderes y recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.
"Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía" del Poder Judicial, admitió.
Por todo ello consideró que el pleno debe fijar "una postura a la brevedad posible".
Y como presidente de la Suprema Corte, sometió a consideración del tribunal esta consulta, que contempla varias preguntas sobre la posible inconstitucionalidad de ese artículo, el choque con otras leyes y el papel que debe tener el Supremo en esta controversia.
Zaldívar explicó que para "dirimir" estas controversias instruirá "la formación del expediente y su turno a la ministra o ministro que corresponda para la elaboración de un proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados, a fin de que, con celeridad, se salvaguarde la autonomía e independencia del Poder Judicial".
¿QUÉ DIJO AMLO?
Al ser cuestionado en la mañanera de este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo y confianza y lo calificó como un hombre "íntegro y honesto".
Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura "es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial" y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría.
“La posibilidad de reformar al Poder Judicial pasa porque se mantenga (Zaldívar) como presidente de la Corte y sobretodo como titular de la Judicatura, organismo que puede limpiar al Poder Judicial de corrupción”, lanzó al asegurar que actualmente el Poder Judicial está al servicio de minorías, del dinero y no del pueblo.
Y aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024. Aunque para ello, reconoció, es necesario que lo apoyen los otros jueces de la corte, pero dudó que consiga su respaldo ya que ellos fueron designados en anteriores gobiernos.
LOS ANTECEDENTES DE LA LEY ZALDÍVAR
La mañana del miércoles 9 de junio, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que el próximo lunes 14 de junio presentaría ante el pleno la propuesta para realizar una consulta extraordinaria, con el objetivo de determinar si es o no constitucional la ampliación de su mandato hasta 2024.
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“El lunes presentaré la consulta a trámite. Un ministro consultor le dará seguimiento. Espero que sea breve, esperaría que quede resuelto en julio, a más tardar en agosto… es urgente que se resuelva a la brevedad, por eso promoví una consulta a trámite al pleno de la Corte para que se pronuncie y tome una determinación al respecto”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
El ministro destacó que la finalidad de su iniciativa es hacer más rápido y ágil el proceso. “Yo lo impulso para que no se tenga dudas de que quiero hacer cumplir la Constitución… la Corte tiene facultadas para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una ley, la mayoría simple o calificada de ocho votos para la consulta”, explicó.
Comparto comunicado en relación con el artículo Décimo Tercero transitorio de la reforma judicial. pic.twitter.com/ec8j20cKnT— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 8, 2021
Asimismo, dio a conocer que él participará en la votación de la consulta, pues no existe ningún impedimento para que forme parte de su desarrollo.
Voy a votar (porque) me parece que es un asunto que, por su naturaleza y este tipo de consulta, no admiten impedimentos, no hay partes y se trata de defender la autonomía e independencia del Poder Judicial
ES OFICIAL
La llamada “Ley Zaldivar” fue publicada la madrugada del lunes 7 de junio en el Diario Oficial de la Federación, lo que oficializaría que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se mantenga en su cargo por dos años más; es decir, hasta 2024.
¿Qué dice el Artículo Décimo Tercero Transitorio?
“Décimo Tercero. Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024…”.
Jorge Lara, especialista en temas constitucionales, explicó en entrevista a medios que la división de poderes no es un arreglo formal, sino que es, en principio, la esencia de toda República democrática y con la “Ley Zaldívar” se da un golpe “muy fuerte” que genera, desde el punto de vista político, una alineación, una sujeción, una alianza de facto y ahora jurídica entre el presidente y el presidente del máximo tribunal.
La historia de la democracia indica que los poderes deben estar separados, distantes, en una colaboración republicana y no en este tipo de componendas que nos van a salir muy caras como país
En suma, detrás se observa que efectivamente hay una sujeción del presidente de la República al presidente de la Suprema Corte, que lo será también del Consejo de la Judicatura, por donde tendrán que pasar nombramientos de jueces y magistrados que analizarán en su momento amparos en contra del gobierno. Eso es lo que está en juego, que los ciudadanos quedemos inermes ante el poder. Quedaría entonces en entredicho la división de poderes
CONSECUENCIAS INTERNACIONALES
En segundo lugar, y no menos importante, se tendría consecuencias a nivel internacional. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha advertido de los enormes riesgos que esto puede suponer y que llevará a que todos los procesos judiciales que pasen por las manos de Arturo Zaldívar, o de los jueces y magistrados nombrados por él, en esta extensión inconstitucional, podrán ser cuestionados en cortes internacionales.
En otras palabras, las consecuencias van a ser en distintos frentes, en el ámbito jurídico, en el ámbito constitucional, en el ámbito político y por supuesto, en el ámbito social, estimó el especialista.
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene el objetivo, entre otras cosas, de acabar con actos de corrupción al interior del Poder Judicial. Sin embargo, la Carta Magna claramente establece en el párrafo cuarto del artículo 97, que el Presidente de la SCJN únicamente durará 4 años en el cargo y que no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente. De igual manera el artículo 100 constitucional limita la duración del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal a 5 años.
Vale la pena recordar dos casos emblemáticos de ampliación de cargos públicos: el caso de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, en noviembre del año 2016 y la “Ley Bonilla”, declarada inconstitucional el año pasado. En ambos casos, el ministro Zaldívar se posicionó en contra de la ampliación o prórroga de cargos.
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