Durante el primer año de actividades de la Guardia Nacional, proyecto de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, 357 elementos causaron baja por distintos motivos, el principal, es su salida voluntaria.
Documentos de la institución consultados por La Silla Rota muestran que hasta el pasado 26 de junio se registró una baja por inhabilitación; cinco por jubilación; siete por incapacidad total; 30 por defunción (diferentes motivos) y 314 por renuncia voluntaria.
El desglose muestra que, de los 314 elementos que causaron baja, dos son jefe inspector; cuatro inspectores; cuatro primer inspector; 20 oficiales; 21 agentes mayores; 29 agentes; 92 suboficiales; y 142 subagentes.
De acuerdo con el informe del Observatorio Ciudadano de la Guardia Nacional, a de abril del 2020 se contabilizaron 76 mil 773 efectivos de la dicha corporación. De ese total, el 68% pertenece a la Policía militar y naval, el 7.7% a personal de apoyo de las Fuerzas Armadas y el 23.75% de la Policía Federal. El 75.7% de los elementos de la Guardia Nacional provienen del Ejercito y de la Marina.
Aunque el documento no detalla los estados donde se registraron las bajas voluntarias de los elementos, fuentes de la Guardia Nacional comentaron a La Silla Rota que la salida del personal se ha registrado principalmente en la Ciudad de México, así como en estados con presencia de organizaciones criminales como Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.
El documento de la Guardia Nacional no incluye sanciones que se aplicaron a elementos de la institución. Sin embargo, en los últimos meses La Silla Rota ha documentado diferentes eventos en los que se ha captado al personal realizando acciones fuera de lo que marca el reglamento de la Guardia Nacional.
Entre ellas se encuentran guardias que fueron grabados cuando extorsionaban a un narcotraficante en el municipio de Ciudad Obregón, Sonora en mayo pasado. Según la institución, ambos guardias fueron separados, sin embargo, el documento no lo menciona.
“Desde el pasado 5 de mayo, los elementos involucrados fueron separados en forma definitiva y enfrentan proceso administrativo y penal tanto en la Semar.mx (Secretaría de Marina) como en la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos” de la Fiscalía General de la República”, informó la institución a través de su cuenta de Twitter.
Otro caso es el de ocho integrantes quienes fueron captados en video durante una reunión con la familia Valencia Ávila, identificada por el gobierno federal como una organización de huachicoleros en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla.
Las investigaciones, según la Guardia Nacional, llevaron a la destitución del cargo del director General de Vigilancia y Supervisión Interna de la Unidad de Asuntos Internos, Abel "N”.
“El director general de Vigilancia y Supervisión Interna de la Unidad de Asuntos Internos, quien aparece en las imágenes difundidas del evento, con fecha 29 de abril pasado, quedó separado de su cargo”, se informó a través de Twitter.
El pasado 1 de mayo, la Guardia Nacional reconoció que tres elementos fueron detenidos por la policía del municipio de Los Reyes, Michoacán, el pasado 29 de abril por estar tomando bebidas alcohólicas.
"Se informa que ese mismo día, al tener conocimiento de los hechos, de manera inmediata, se ordenó iniciar los procedimientos legales para sancionar a los involucrados".
En julio de 2019 también fueron capturados tres elementos más en Huehuetoca, Estado de México, acusados del secuestro de una niña de 14 años.
Las detenciones del personal en distintos estados del país, no son reportadas por la institución quien, en otro documento, fechado el 4 de junio de 2020, menciona: “se hace de su conocimiento que hasta la fecha de la recepción de la solicitud que nos ocupa, no se tiene registro de sanciones impuestas a integrantes de esta institución de seguridad pública”.
Entre los casos también se encuentra el de la Comisaria de la Guardia Nacional e integrante de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia, Patricia Rosa Linda Trujillo Mariel, quien en marzo pasado pidió una “licencia” para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deslinde responsabilidades por la supuesta compra a sobreprecio de un software utilizado para el espionaje de usuarios de redes sociales.
El equipo fue adquirido a un precio de 480 millones de pesos, a pesar de que el valor más alto en el mercado era de 20 millones de pesos. Hasta el momento no se ha informado los avances en las investigaciones.