Con esperanza, a “un paso” de la recuperación de los restos de sus seres queridos, viudas y familiares conmemoran este 19 de febrero el catorceavo aniversario de la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 trabajadores, de los cuales únicamente los cuerpos de dos de ellos fueron rescatados del yacimiento, ubicado en San Juan de Sabinas, Coahuila.
Aunque todas sus demandas siguen vigentes, este año el ánimo es distinto, pues su principal exigencia: la recuperación “de lo que quedó” de los mineros, fue escuchada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su administración, movida por voluntad política o por la presión internacional que ejerce el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dicho que va por el rescate de los cuerpos de los mineros.
En ese tiempo, la consigna de las familias: “A una voz ¡Rescate ya!” fue ignorada por los panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como por el priista de Enrique Peña Nieto. Con sus acciones y omisiones, estos gobiernos protegieron a Grupo México, empresa propietaria de Pasta de Conchos, en perjuicio de los derechos de los trabajadores del carbón y sus familias.
El rescate, una luz para las familias
“Con el actual gobierno, parece que al fin podemos decir que estamos a ‘un paso’ de que se cumpla una de las demandas que las familias siempre hemos pedido, la recuperación de los restos”, celebró Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Bladimir Muñoz Delgado, en entrevista con LA SILLA ROTA.
El pasado 1 de mayo, López Obrador anunció que se realizaría el rescate de los restos de los mineros de Pasta de Conchos con la asesoría de expertos internacionales. Tras la noticia, comenzaron las tareas encaminadas a la recuperación de los restos de los trabajadores.
Estamos en la mina Pasta de Conchos para supervisar el inicio de la primera etapa de los trabajos de rescate que coordina el Servicio Geológico Mexicano.
Se realizan los estudios de agua, mecánica de suelos y gas. pic.twitter.com/DzCkxOfwqy— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 21, 2019
El conglomerado Grupo México anunció que entregará al gobierno federal la concesión donde se ubica la mina Pasta de Conchos, para facilitar una nueva búsqueda de los restos de 63 de los 65 mineros fallecidos hace 14 años.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa que preside Germán Larrea señaló que el proyecto ubicado en San Juan de Sabinas, Coahuila, se devuelve en respuesta a la solicitud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para disponer de la mina y que su gobierno reanude esfuerzos encaminados a la recuperación de los restos de los mineros fallecidos en 2006.
“Grupo México expresa su deseo de que los esfuerzos que emprenda el Gobierno tengan éxito y se traduzcan en paz para las familias”, dijo la empresa.
“Cuando el presidente dijo que se comprometía a rescatar los restos de los mineros ‘se abrió una luz en medio de un túnel oscuro’”, describió Elizabeth Castillo Rábago, viuda del minero Gil Rico Montelongo, en entrevista con LA SILLA ROTA.
El pasado 10 de mayo se instaló una mesa de diálogo integrada por representantes de las familias y de autoridades, tales como las secretarías de Trabajo y Previsión Social, Economía y Gobernación. Ese día se creó el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos, cuya finalidad es atender el caso, más allá del rescate.
Tres meses después, 25 ingenieros en minas con experiencia en rescate minero, provenientes de China, Estados Unidos, Australia y Alemania, llegaron a la región carbonífera de Coahuila, donde concluyeron que “no hay una razón para que no se recuperen los restos, es más, dijeron, no entendemos por qué no lo hicieron antes”, informó Cristina Auerbach Benavides, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), en entrevista con LA SILLA ROTA.
El @CentroProdh y las 59 familias de Organización Familia Pasta de Conchos celebramos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador @lopezobrador_ informó que los Expertosen de Mexico, Alemania, Australia, China y EU determinaron la viabilidad del Rescate en #PastaDeConchos pic.twitter.com/vT5EYsWe55— PastadeConchos (@PASTADECONCHOS) September 1, 2019
Actualmente, el Servicio Geológico Mexicano realiza una serie de estudios, propuestos por el equipo de expertos internacionales, y se entrevista con extrabajadores de Pasta de Conchos para recabar más datos sobre la mina. Esta tarea la realiza en coordinación con la OFPC.
Una vez que culminen los estudios, determinarán el modo, los tiempos y el costo de la recuperación de los restos. Con esta información, será posible licitar el proyecto, el cual se llevará a cabo por una empresa minera que pruebe su capacidad y experiencia en minería del carbón y rescate. Se calcula que esta etapa durará dos meses, por lo que se prevé que en abril próximo inicien los trabajos físicos en la mina.
“Cuando escuché la noticia del rescate, pensé: ahora sí vamos a poder sacar lo que haya quedado de nuestros familiares que están sepultados allí. Para nosotros fue un aliciente, digo nosotros, porque, aunque mi esposo murió hace poco, él siempre luchó por rescatar lo que quedó de nuestro hijo”, señaló Trinidad Cantú Cortés, madre del minero Raúl Villasana Cantú, en entrevista con este medio.
“Ahora que vemos que han venido expertos y se está haciendo el estudio para poder entrar a la mina, eso nos da tranquilidad, porque yo esperaba, desde aquel año (2006), una respuesta así, pero nunca la tuve. Ahora creemos que vamos bien, Dios quiera que sí se llegue, a veces piensa uno cosas negativas, pero pues ojalá que lleve a cabo”, mencionó esperanzada.
“El presidente que estaba cuando sucedió la tragedia (Vicente Fox Quesada) nunca puso interés en escucharnos. Siguió Calderón y dijo que haría lo humanamente posible para hacer el rescate, pero nunca se llevó a cabo, y, por último, Peña Nieto que, igual que los otros, nunca nos recibió, nunca nos escuchó”, lamentó la mujer de 68 años de edad, quien es una las peticionarias ante la CIDH.
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Para Cristina Auerbach existen grandes diferencias en el trato que dieron los gobiernos anteriores a las familias y el acercamiento del gobierno actual, cuyo compromiso se ha traducido en acciones que les han permitido avanzar más en estos nueve meses que en los últimos trece años.
La “espinita de la duda”
Aunque las viudas y familiares tienen la esperanza de recuperar los restos de los mineros, su experiencia con los gobiernos anteriores les impide confiar plenamente. “Yo siempre lo digo, recio y quedito, confío mucho en la palabra del presidente porque ha sido el único que le ha dado la importancia que se merece a este asunto, cosa que otras autoridades no hicieron, pero tengo algunas dudas con la STPS, están alargando el proceso, nos habían dicho que este 19 nos iban a informar cómo se iba a hacer el rescate y ahora nos dicen que hasta dentro de dos meses”, mencionó Claudia Escobar Pacheco, viuda del minero Raúl Villasana Cantú, en entrevista.
Elvira Martínez señaló que aún tienen la “espinita de la duda”, “como le dije a la titular de la STPS (Luisa María Alcalde Luján), voy a poner mi confianza en ustedes, aunque para mí resulta muy difícil creer en que sí se nos vaya hacer el rescate, porque muchas veces así nos lo hicieron creer y al final nos daban una negativa.”
Juicio a Grupo México y a autoridades cómplices
El 24 de febrero de 2006, cinco días después de la tragedia, la empresa Industrial Minera México filial de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, frenó las labores de rescate asegurando los 65 mineros no tenían posibilidades de haber sobrevivido a la explosión de gas metano que se registró. Esta decisión fue respaldada por Francisco Javier Salazar Sáenz, titular de la STPS, durante el gobierno del panista Vicente Fox.
Por separado, la OFPC y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana han señalado a Grupo México como responsable del siniestro, que pudo evitarse si la empresa hubiera invertido en las condiciones de seguridad e higiene necesarias para desempeñar esta actividad sin poner en riesgo la vida de los mineros del carbón.
Sin embargo, lejos de reconocer su responsabilidad, la empresa se negó a realizar la recuperación de los cuerpos de los mineros para ocultar las “pésimas” condiciones en las que operaba la mina. La OFPC y el Sindicato Minero han señalado reiteradamente que la empresa pudo actuar de este modo porque contaba con la protección de las autoridades en turno.
“La precipitada decisión de Grupo México de cerrar la mina cinco días después de la explosión confirmaba de alguna manera las bien fundadas sospechas de que la compañía quería ocultar las verdaderas causas de la explosión: su propia negligencia e irresponsabilidad criminales”, señaló Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Minero, en su libro El colapso de la dignidad.
La OFPC aseveró en el informe Carbón Rojo de Coahuila: Aquí acaba el silencio, que “la explosión en la mina se debió a la no contención de los riesgos que supone la extracción de carbón”. La organización documentó que desde 2001 en Pasta de Conchos había graves problemas de ventilación; la mina no se polveaba de manera “sistemática y permanente”, por lo que era considerada “altamente peligrosa”; utilizaban equipo eléctrico obsoleto e ilegal; y el yacimiento carecía de una estructura segura, pues no había ademes (soportes por arcos), tampoco estaba emparrillada (malla), no había muros de mampostería, ni separadores en las laterales de la mina.
“El desastre fue causado en gran parte por la deficiente estructura y el débil soporte de la mina. Los miembros del sindicato que estaban familiarizados con las condiciones existentes calcularon que la explosión debió causar un total de quince derrumbes a lo largo de la mina, todo esto debido a la falta de un soporte apropiado”, añadió el también senador morenista en su escrito.
Cinco meses después del siniestro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la primera de dos recomendaciones sobre el caso, en la cual concluyó: “se acreditan violaciones a los derechos humanos en agravio de las 65 personas que perdieron la vida en el interior de la empresa Industrial Minera México S.A. de C.V., así como de las 11 personas que resultaron lesionadas, toda vez que los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores y, con ello, se transgredieron en perjuicio de los agraviados los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, a la vida, a la integridad física y a la seguridad e higiene”.
Pese a las evidencias y la incansable demanda de las familias, “Javier Lozano combatió ferozmente a las familias y sus defensores en tribunales que terminaban rechazando las demandas de los familiares, con el alegato de que carecían de interés jurídico para denunciar la responsabilidad de la empresa minera y de las autoridades del estado” de Coahuila, encabezadas por el priista Humberto Moreira Valdés, denunció la OFPC en su informe.
Claudia Escobar describió esta situación como “haber enfrentado a un monstruo que pensabas que nunca ibas a poder con él, ¿quién le iba a hacer caso a unas mujeres viudas, pobres? Fuimos a tocar puertas y buscamos quien nos escuchara, anduvimos en casi toda la república. Veníamos a veces todas derrotadas, es difícil, pero gracias a Dios ahora tenemos una esperanza y la vamos a aprovechar.”
“Con el rescate de los restos llegamos a saber la verdad. Con el esclarecimiento, vendrán los responsables de este daño que se le ha hecho a las familias. Tiene que haber algún responsable”, mencionó tajante Trinidad Cantú.
Con la madre del minero Raúl Villasana Cantú, coincidió Elvira Martínez, quien señaló que “dándose la recuperación, vamos a tener acceso a la otra justicia, a saber qué fue lo que pasó, que se investigue y se finquen las responsabilidades. Esa es otra de nuestras peticiones, el acceso a la justicia, ya que los anteriores gobiernos no la impartieron como debió haber sido, queremos que se reabra una investigación sobre realmente qué fue lo que sucedió para que las familias tengamos más tranquilidad.”
Claudia Escobar mencionó la indolencia de gobiernos anteriores con un ejemplo de ello: “no sé si recuerdas una entrevista que le hicieron a Fox, una reportera le preguntó: ‘¿Ya fue a Pasta de Conchos?’ Y él respondió: ‘¿Y tú ya fuiste?’ Burlándose, muy cínico. Que persona tan inhumana, que no vino de pérdida a dar el pésame. En ese entonces, éramos muy ignorantes, ahora hemos conocido muchas cosas, nos damos cuenta de la problemática que existía. Este señor era aliado de Germán Larrea, del dueño de las minas, y lógicamente no iba a perder su amistad por venirnos a dar el pésame a nosotras, ni le interesaba. Estaban todos coludidos.”
Las empresas no ven a los empleados como gente, los ven como máquinas, acá decimos: ‘les importa más una mula de las que usan abajo en las minas, que las personas’. No se preocupan por los trabajadores, que son los que sacan la producción, ellos deberían ser lo más importante, pero no es así,” lamentó la viuda, compañera de lucha de Elizabeth Castillo Rábago, quien también espera “que se finquen responsabilidades contra la empresa por las condiciones de inseguridad en la mina y por dejar a nuestros familiares ahí
El Sindicato Minero también se ha sumado a la exigencia de justicia para los trabajadores del carbón. En entrevista con LA SILLA ROTA, su dirigente Napoleón Gómez Urrutia señaló: “fue una tragedia que no debió haber sucedido, se pudo haber evitado; la verdad hubo mucha negligencia e irresponsabilidad de la empresa contratista que subcontrató Grupo México, General de Hulla, y de la misma empresa Grupo México por las condiciones de inseguridad en que los tenían y nunca quisieron corregir todos los reportes que presentamos los trabajadores y el sindicato para corregir todas las deficiencias y puntos de riesgos.”
“Así está la situación y queremos llegar a las últimas consecuencias de esto y conocer la verdad, sabemos que están ahí, sabemos la profundidad a la que están, sabemos que se puede realizar (el rescate), también en la opinión de los expertos. Estamos dándole seguimiento en el sindicato y todos los demás que de alguna manera han estado pendientes o involucrados en esto, queremos que sea un acto de justicia para las familias de justicia humana y de dignidad para todos”, indicó el también senador morenista.
Desde 1883 se han registrado 310 siniestros en la región carbonífera de Coahuila, cuyo saldo ha sido la muerte de 3 mil 103 mineros. Por la pérdida de estas vidas no ha habido un solo responsable, en toda la historia de la extracción de este mineral en la zona, según la documentación de los casos realizada por la OFPC en el informe El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí acaba el silencio, publicado en 2018 por la Organización Familia Pasta de Conchos y la Fundación Heinrich Böll -México y el Caribe.
“Más de 3 mil muertos y no hay un solo responsable… es increíble, eso explica porque ha habido tanta oposición a que se haga el rescate en Pasta de Conchos. El mismo Armando Guadiana, senador de Morena, dijo que mejor se invirtiera en otra cosa, ‘porque los mineros después de una explosión quedan como jeroglíficos’. No quieren que se vean sus minas, porque él tiene pozos y minas espantosas, porque ha hecho un daño enorme en un ejido sin remediarlo, claro que no quieren que se vea lo que ha pasado en esta región, parte de hacer el rescate en Pasta de Conchos, es que se rescate esta región”, indicó Cristina Auerbach.
La integrante de la OFPC añadió: “lo que ahora sostenemos, es lo mismo que sostuvimos desde el primer boletín, no había condiciones para trabajar en la mina y la STPS de Vicente Fox, de Felipe Calderón y luego de Enrique Peña Nieto, protegían a Grupo México, así que yo espero que se finquen responsabilidades por la crueldad con la que han tratado a las familias y a los mineros del carbón.”
“Pasta de Conchos sigue siendo un referente del gobierno criminal que por años hemos tenido en México. El actual gobierno no puede ser cómplice de un crimen de ese tamaño, como en su momento lo hizo Calderón”, señaló Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo, quien acompañó a las familias de los mineros en su reclamo de justicia, cuando estuvo al frente del Equipo Nacional de Pastoral Laboral de la Conferencia Episcopal Mexicana.
Vera López fue testigo de la indiferencia de las autoridades ante el dolor de las viudas y familiares. “Estuve siempre en esas luchas, sé los pasos que se dieron y todos les cerraron las puertas a las familias, esos miserables, que no sé qué tienen en las vísceras, son de lo más inhumano, creo que cualquier bestia tendría más sentido de la vida que ellos”.
El obispo recalcó que “hay una deuda con el crimen que le hicieron a esas personas, una deuda que la tienen que pagar con cárcel y con una restitución de todo el daño que les hicieron a las familias dejando morir a sus seres queridos y ni siquiera dejaron rescatar los restos”. Se deben fincar responsabilidades “si no va a hacer el ridículo el gobierno federal y no va hacer justicia, no va a poner fin a esa manera de tratarnos como esclavos a los mexicanos, porque lo siguen haciendo.”
En opinión de Manuel Fuentes, especialista en derecho laboral, es “complicado” que Grupo México sea juzgado por este caso. “En su momento, intervino el ministerio público, la Procuraduría, se citó a los responsables de la empresa y pagaron una fianza. Finalmente, con el aspecto económico todo se diluyó, eso hizo que la cuestión penal se concluyera, ahorita es un caso cerrado.”
- ¿Es posible sancionar a Grupo México si la CIDH señala que se deben fincar responsabilidades?
“Lo veo muy complicado porque en la legislación mexicana, ellos ya repararon el daño, no el social, no el moral, pero legalmente, en su momento, quienes estaban a cargo del gobierno hicieron lo necesario, en complicidad (con la empresa), para que sus responsabilidades legales cesarán y ya no hubiera más que llevar adelante”, aseveró el abogado en entrevista con LA SILLA ROTA.
Muy probable, solución amistosa ante la CIDH
Después de acudir a todas las instancias jurídicas en México y ser rechazadas con argumentos como su falta de interés jurídico para reclamar el rescate o el castigo a los responsables, en 2010 las familias presentaron el caso ante la CIDH, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral y la OFPC.
“Tras analizar las pruebas de ambas partes, en febrero de 2018 la CIDH dio la razón a las familias; señaló que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros, además de que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso”, dio a conocer el Centro Prodh en comunicado de prensa.
El Centro Prodh informó a LA SILLA ROTA que “es muy probable que se llegue a una solución amistosa, hasta que inicie formalmente el rescate, lo cual puede tardar un par de meses.”
Cristina Auerbach indicó que “el gobierno ha insistido a la CIDH en que quiere una solución amistosa, lo cual está bien porque esto nos adelanta los tiempos a las familias, a los trabajadores, pero también evita que el gobierno de Andrés Manuel cargué con una sentencia que no le corresponde porque no fueron ellos”.
La reparación del daño
Para las viudas y familiares de los mineros de Pasta de Conchos, la reparación del daño comienza con el rescate de sus seres queridos. “Como esposa de Bladi, para mí la reparación es desde la recuperación, que podamos tener una tumba, un lugar sagrado para él. Tratar de cerrar esta situación que llevamos.”
Claudia Escobar señaló la importancia de que las familias sean indemnizadas económicamente. “Siempre habíamos pedido una indemnización de 1 millón y medio de pesos, aunque nos deben mucho más, nos deben salarios caídos porque nos tendrían que estar pagando como si nuestros familiares trabajaran los tres turnos hasta el rescate de los restos, eso lo reclamamos porque la empresa nos lo debe.”
Elizabeth Castillo indicó que lamentablemente “es difícil que haya una reparación del daño porque nuestra pérdida es muy grande, perdí a mi esposo. Mis hijos perdieron a su padre, que los traía siempre de un lado a otro, eso no se puede recuperar, el dolor está ahí no lo pueden sanar.”
Trinidad Cantú, al igual que Elvira Martínez, consideró que como parte de la reparación es preciso el castigo para los responsables del siniestro, “pero más ver cambios sobre la minería, en cuestión de seguridad para las personas que quedan.”
“Aquí en la región, si pasa una tragedia algo parecido a Pasta de Conchos o muere un minero, no se castiga a las empresas o al concesionario, solo se queda así. Ofrecen una reparación monetaria para que perdones al empresario, pero no se considera como un delito grave. Para mí sería como una reparación, ya no para nuestros familiares que ya no tienen vuelta atrás, pero sí para los que quedan”, agregó.
Para que la tragedia no se repita, un llamado a CFE
De 2006 a octubre de 2017, sin contar a los mineros de Pasta de Conchos, han muerto 115 empleados en minas, plantas de beneficio o transporte de trabajadores del carbón, sin contar a los fallecidos en Pasta de Conchos. De los 115 casos registrados, 58 estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 44 laboraban sin seguridad social y de los 13 restantes no se tiene esa información.
Los decesos posteriores a la tragedia de Pasta de Conchos muestran que la negligencia de las empresas continúa en la región, debido a la demanda de este mineral a bajo costo, uno de los principales consumidores de carbón extraído de minas clandestinas, es la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Manuel Bartlett Díaz, según el informe Carbón Rojo de Coahuila: Aquí acaba el silencio.
“No todo el gobierno está en el mismo entendimiento, en la misma sensibilidad del tema de la justicia para los mineros del carbón. Ejemplo de ello, es Manuel Bartlett, quien sigue comprando carbón mediante el gobierno de Coahuila, sabiendo, porque lo hemos publicado, que lo hace de minas clandestinas e ilegales”, denunció Cristina Auerbach.
En lo que va del sexenio de López Obrador se han registrado tres decesos de trabajadores, “uno en una mina en una concesión cancelada donde se robaban el carbón, el segundo en un agujero en un ejido en una mina clandestina, el tercero, la semana pasada, en una mina que ni Manifiesto de Impacto Ambiental tiene”, lamentó la integrante de la OFPC.
“Entonces, por un lado, vamos bien con Pasta de Conchos y, por el otro, se repite la tragedia porque no están poniendo atención debida en la minería del carbón y no lo están haciendo porque CFE lo compra sin hacerse cargo de la cadena de suministro y eso tiene que cambiar”, concluyó la activista.
(María José Pardo)