El sepulcro de Pasta de Conchos: AMLO reaviva la esperanza a deudos

Al preguntarle a Priscila Janet cómo recuerda a su padre, Ray Cuevas, uno de los 65 mineros que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos en 2006, debido a un siniestro, al principio accede a contestar y dice que sus recuerdos son indirectos.

“Pues los únicos recuerdos que me dice mi mamá es que me decía tapón de alberca porque estaba bien chiquilla y pos que lo extrañamos mucho todos mis hermanos”, expresa la adolescente mientras comienza a bajar la cabeza, a enmudecer y a llevarse la mano a la cara, como para detener el llanto, que la vence en segundos.

Actualmente de 17 años, Priscila Janet tenía 4 cuando ocurrió la tragedia, el 19 de febrero de 2006, a las 2:30 de la mañana, en la mina 8 de Pasta de Conchos, donde trabajaba el tercer turno su papá, ubicada en el municipio de San Juan de Sabines, Coahuila, en plena región carbonífera del estado.

En medio de su llanto silencioso, Priscila deja sin contestar la pregunta de cuál es su opinión sobre el proyecto de recuperar los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados, entre ellos el de su padre, en la mina perteneciente al Grupo México, que se negó a recuperarlos.

A 13 años del siniestro los coahuilenses rinden homenaje a los mineros fallecidos en Pasta de Conchos

El proyecto para recuperarlos fue anunciado el 1 de mayo por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es un acto de justicia y es un compromiso que hicimos desde hace algún tiempo”, dijo. Una postura que no tuvieron sus antecesores en la silla presidencial, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón y tampoco Enrique Peña Nieto.

Un proyecto en el que de acuerdo con la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se contará con la asesoría de ingenieros alemanes y de Estados Unidos. Un proyecto que debe estar listo en agosto de este año, ya que incluirá una licitación pues se le pagará a quien lo haga, dijo por su parte a LA SILLA ROTA la activista Cristina Auerbach, quien además es parte del Equipo Nacional de la Pastoral Laboral (ENPL), que ha asesorado a la Organización Familias Pasta de Conchos (OFPC).

Se trata de las organizaciones que interpusieron un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por violaciones a derechos como la vida y la integridad de los trabajadores, y que fue aceptado en febrero del año pasado.

“La violación es de derechos económicos, sociales y culturales, no solo para los mineros de Pasta de Conchos sino para los mineros de todo el país”, explicó a La Silla Rota la activista.

Auerbach es clara: ni el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM) de Napoleón Gómez Urrutia, ni Grupo México (dueña de Industrial Minera México S.A. de C.V. (IMMSA), deben de participar en el rescate, ya que sería un conflicto de interés, ya que ambas sabían que los trabajadores estaban en riesgo y no hicieron nada.

ESPERANZA

Para Elizabeth Castillo Rábago, cuyo esposo Gil Rico Montelongo quedó en la mina, la noticia de la posible recuperación es un signo de esperanza.

“Esperanza para mí, en principio de cuentas que se nos abre porque nosotros siempre hemos deseado desde el primer momento que pasó la tragedia que se nos haga justicia para el rescate y para mí se me hizo muy bonita la noticia que nos dijeron que se iba a hacer el rescate y nos dio mucha felicidad eso. Una luz se nos abrió para mí y para mis hijos, ellos siempre han anhelado eso. La empresa a la semana dijo que ya no estaban vivos”.

Castillo Rábago pertenece al grupo conocido como de “las viudas”, apoyado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMRM), encabezado desde entonces por Napoleón Gómez Urrutia, hoy senador por Morena.

Un grupo de las viudas de los mineros de Pasta de Conchos protestan afuera de la mina donde ocurrió el siniestro

Pero hay otro grupo, más numeroso, el de la Organización de Familiares de Pasta de Conchos (OPFC), al cual pertenece Elvira Martínez, viuda de Jorge Bladimir Muñoz. Se trata del mismo grupo que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su caso y mostrar que detrás de la tragedia estuvo el Estado mexicano, por permitir la violación de los derechos sociales, económicos y hasta culturales de los mineros, en una zona donde las tragedias de este tipo se remontan al siglo pasado, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social llegó después de 1970 y donde el gobierno federal fue incapaz de sancionar a la empresa por poner en riesgo a los trabajadores.

Para Elvira Martínez, convertida en activista e integrante de la OFPC, la recuperación permitiría cerrar un ciclo de pérdida, y tener acceso a la verdad.

Elvira Martínez, explica que la recuperación de los cuerpos es su principal demanda

“La recuperación de los restos de nuestros familiares para nosotros siempre ha sido la demanda principal. Nos permite cerrar un ciclo de pérdida, algo que en 13 años no hemos podido hacer. Pero también es tener un acceso a la verdad, saber qué fue lo que pasó; ellos qué hicieron en el momento o esperaron a ser rescatados y esto conlleva la responsabilidad de los que intervinieron en eso. De saber que la empresa omitió cumplir con reglas de seguridad, la Secretaría del Trabajo de no hacer valer su autoridad y exigir a la empresa que las cumpliera, y el sindicato minero, que omitió su responsabilidad que tenía en proteger la vida de sus trabajadores. Entonces la recuperación abarca todo, la verdad y la justicia, algo a lo que las familias tenemos derecho”, remarca Elvira Martínez.

Pese a la resonancia mundial que la tragedia tuvo, a qué ocurrió en una propiedad de uno de los hombres más ricos de México, Germán Larrea, y a que perdieron la vida 65 mineros, 63 de los cuales siguen sepultados en la mina, y a que el hecho enlutó a sus familias, dejó viudas a mujeres, huérfanos a niños, el entonces presidente Vicente Fox nunca acudió a conocer el lugar.

“Cuando pasó el accidente estaba el presidente Vicente Fox y nunca se tomó la molestia de venir a ver qué pasaba. Sale él y entra Calderón, igual, pasó lo mismo. Pasamos más de un mes en Paseo de la Reforma [en la ciudad de México], esperando a que el señor fuera a ver qué estaba pasando, a ver qué pasaba ahí, simplemente a atendernos y nunca lo hizo. Entonces viene el señor Enrique Peña Nieto y tuvimos esa esperanza de un nuevo gobierno, salió lo mismo. Cuando vino el señor Andrés Manuel López Obrador a ofrecer el apoyo en 2012 que se comprometió a apoyarnos y ahora que es presidente dijo ‘voy a cumplirlo’, entonces es la esperanza que tenemos, que ahora sí se puede. Para nosotros vuelve a renacer la esperanza”, dice Tomasita Martínez Almaguer, quien no solo enviudó de Rey Cuevas, sino que sus cuatro hijos quedaron huérfanos ese fatídico 19 de febrero.

PERDURA LA RABIA

A 13 años de ocurrida la tragedia, el dolor por la muerte de los mineros que enlutó a cientos de personas aún perdura en la región carbonífera de Coahuila. También el coraje por la forma en que al quinto día de ocurrido el accidente, la empresa cesó los trabajos de rescate luego de anunciar la muerte de los 63 trabajadores, con lo que se acabaron las esperanzas de volver a ver con vida a sus familiares, atrapados en lo que era su lugar de trabajo y que terminó convertido en su sepultura, rememoran algunas de sus viudas.

En las conversaciones que LA SILLA ROTA tuvo con ellas afuera de la mina, también persiste la rabia por las reducidas pensiones que reciben, basadas en una liquidación por muerte natural -sin que les entregaran el cuerpo- y no por condiciones de inseguridad dentro del lugar de trabajo. Además, hecha con el sueldo reportado ante el Seguro Social, y no el que percibían realmente. Aún tienen presente la forma en que se les intentó desprestigiar por haber recibido dinero de la empresa, al cual tenían derecho como parte de la indemnización.

Aún está fresco el disgusto por el desempeño del papel del entonces Secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar, que se puso del lado de la empresa Industrial Minera México S.A de CV (IMMSA) –filial del poderoso Grupo México- y fue él mismo quien anunció al quinto día, el 24 de febrero, que por considerar que habían fallecido, se detenían los trabajos de rescate. No olvidan que el entonces presidente Vicente Fox nunca acudió al lugar, algo que tampoco hizo el dueño de Grupo México, Germán Larrea.

El dueño de Grupo México, Germán Larrea desde que ocurrió la tragedia nunca ha visitado el sitio

Han pasado los años y no se sabe con claridad por qué ocurrió la tragedia, hay indicios documentados de que pudo evitarse, pero que la empresa puso en riesgo a los mineros al no cumplir órdenes en materia de seguridad de la STPS, luego de ser inspeccionada, y que la dependencia no hizo nada para que se cumplieran. La recuperación abre la puerta a que se haga justicia.

FALLAS DOCUMENTADAS

Recomencación de la CNDH

La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 26/2006 sobre el caso señala que hubo responsabilidad en la tragedia tanto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPyS), como de IMMSA, debido a fallas de seguridad en la operación de la mina que inspectores de la dependencia notificaron, y la empresa no las atendió. Pero también la propia secretaría no verificó que se cumplieran o que por no hacerlas, se ejecutarán sanciones.

La Organización Familiares de Pasta de Conchos tiene documentado que desde 2000 había fallas en la seguridad de la mina, y que incluso inspecciones hechas por Altos Hornos de México a sus proveedores –entre los cuales estaba IMMSA- detectaron estas fallas. Además, documentó que Grupo México es la empresa que menos rescates de mineros ha hecho, y ya en 1973 dejó a un trabajador, un ingeniero británico, sin recuperar sus restos.

En la publicación Carbón Rojo, editada por la Fundación Heinrich Böll, documentan que desde 1883 hasta 2018 se han registrado 310 eventos mortales en la región carbonífera de Coahuila, que ha costado la vida a 3 mil 103 personas, de los cuales 721 fueron con presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMRM).

El sindicato, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, también documentó fallas de seguridad, e incluso aseguró que antes de la tragedia había advertido que si no se modificaban las condiciones de seguridad, emplazaría a la empresa a una huelga. Pero no hay constancia de que lo haya hecho por esas razones, y sólo lo hizo por demandas de aumento salarial.

Según una solicitud de informacion no hubo huelga por cuestiones de seguridad

Pero entre los afectados hay diferentes posturas de quiénes deben participar en la recuperación. El dueño de Grupo México, Germán Larrea, mostró su disposición a participar, 13 años después, en una carta enviada al presidente López Obrador. El sindicato ha expresado también que apoyará en la recuperación.

Para la OFPC, ni el sindicato ni la minera deben participar, ya que se trataría de un conflicto de interés, ya que sabían que la vida de los mineros estaba en riesgo y no hicieron nada para cambiar la situación.

“Si [el sindicato] sabía que la mina estaba mal ¿por qué no paró? Por qué no dijo ‘mis sindicalizados no entran hasta que las arreglen’. Amenazó con que emplazaban a huelga, pero no lo hizo, pero además no era necesario”, dice Auerbach a LA SILLA ROTA. “Bastaba con parar actividades”.

Pero del otro lado hay quienes se oponen a que participe Auerbach, quien ya tiene el grado de experta en la materia. Las viudas cercanas al sindicato cuestionan que no estuvo desde el inicio en Pasta de Conchos e incluso la acusan de trabajar para Grupo México.

Auerbach llegó el 20 de febrero, un día después de la explosión, ya que no radicaba ahí, pero el tema la absorbió tanto, que se quedó a vivir en la región desde 2009. Niega trabajar para Grupo México y asegura que se trata de un montaje orquestado por Gómez Urrutia con la difusión de un supuesto cheque donde su apellido está mal escrito y aparece la firma de Germán Larrea.

-¿Tú crees que Germán Larrea va a andar firmando cheques?- cuestiona, entre risas.

El obispo Raúl Vera emitió un comunicado el 1 de mayo, día del Trabajo, sobre el tema de la recuperación, y pidió que ni el sindicato ni Grupo México participen.

“Para que se garantice la no repetición de siniestros como Pasta de Conchos, si el señor presidente López Obrador quiere hacer un auténtico acto de justicia y dignidad, debe garantizar un juicio al Grupo México y los directivos de la mina, porque esa fue la razón por la que no permitieron el rescate, primero de los mineros con vida, y después, de sus restos. Pero sobre todo debe abrirse un juicio contra el Sindicato Minero y los directivos de ese tiempo, por inmorales. Solamente con la presencia de la OFPC, sobrevivientes, viudas y personas que se han mantenido en la lucha desde hace 13 años, se realizará un rescate honesto, porque ellas son quienes están litigando el caso. El rescate no requiere de buena voluntad de ningún funcionario, se trata de un tema de derecho y justicia”.

El obispo Raúl Vera (al centro) pidió que no participen ni el sindicato ni Grupo México en la recuperación de los cuerpos

Gómez Urrutia respondió y el 20 de mayo declaró que tanto el obispo de Saltillo, Raúl Vera, como Auerbach trabajan para Grupo México, y que no deben participar en el rescate.

“Los mineros no tolerarán lecciones de historia, y menos, de moral, de quienes nunca visitaron la mina durante la tragedia”, se lee en un boletín del sindicato, donde además se asegura que el prelado recibe órdenes del empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, ahora caído en desgracia por estar involucrado en la presunta compra irregular de Agro Nitrogenados.

En reunión con familiares, el pasado 10 de mayo, la secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, habló de la posibilidad de recibir asesoría de otros países, como Alemania, Estados Unidos, España e incluso China, lo que algunas viudas cuestionan, porque dicen que en Alemania ni hay minas.

EL RESCATE

Alcalde informó el 28 de mayo que Alemania se mostró dispuesta apoyar en la recuperación de los cuerpos.

“En Berlín, reuniones muy productivas. Alemania dispuesto a apoyar a México a través de sus mejores expertos en Pasta de Conchos”, escribió en su cuenta de twitter @LuisaAlcalde, durante la visita que realizó al país europeo. Un día antes, el presidente López Obrador informó que había platicado con Ángela Merkel, y que la canciller alemana le ofreció su apoyo para dicha tarea.

Posteriormente, Alcalde dijo en entrevista con W Radio que los trabajos de rescate podrían durar tres meses, y que además del apoyo de Alemania, se ha pedido también colaboración de Estados Unidos, Australia, China y de expertos mexicanos. Reconoció que no será una labor sencilla y añadió que entre junio y agosto se integrará un expediente único que se traducirá al inglés para los expertos extranjeros.

Auerbach explicó que la OFPC hizo un estudio sobre cómo podría ser el rescate, y que dicho documento se integrará al expediente que elaborará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con información de la organización, de Grupo México y del Sindicato.

Con base en ese documento, que prácticamente está listo y se compone de 300 páginas, se entregará traducido al inglés el 26 de junio a un grupo de entre 8 y 10 ingenieros de países como Alemania, Australia y Estados Unidos especializados en minas de carbón y en rescate.

“No podemos dejar en manos de las familias o los dirigentes políticos el rescate, cuestiones técnicas los técnicos”, aclaró.

La idea es que los ingenieros digan su opinión sobre el mejor camino para la recuperación.

En el proyecto de recuperación participarán ingerieros de otros paises

“¿Por qué es importante la participación de extranjeros? Porque necesitamos inglés para entender. Hay resistencia de empresarios, incluso de Saltillo que no tienen vela en el entierro. No quieren que se vea el desastre humanitario en la región: el transporte que brinda Armando Guadiana, la minería de pozos, la venta de carbón del gobierno a la CFE”.

El plazo para entregar la propuesta será un mes, y esperan que sea consensuada. En el caso de la OFPC la propuesta es que sea a mina abierta, y ya no intentarlo por donde se intentó hace 13 años.

“El sindicato y las viudas piensan que van a entrar por dónde se hizo antes pero ahí ya se buscó y está caído, podrido, ahí no hay nadie. Es la segunda parte de la mina donde hay que entrar, una vez que se decida se va a pedir a uno, dos o tres el proyecto para poder hacer una licitación. El gobierno necesita tener los datos de un proyecto para hacerla, no puedes hacerlo sin saber cuánto dinero requieres. Al decidir quién gana la licitación se inicia. Se va a tener mucho cuidado no vaya a querer entrar Grupo México con un contratista inventado para sabotear, o alguien estilo Guadiana que vende a la CFE pero que dice que no lo hace y sí lo hace, con otras empresas. Vamos a pedir que nos digan sus centros de trabajo para visitarlos, ver experiencia, así vamos dejando fuera a quien no debe estar”, añadió.

LOS MINEROS LO PRESENTÍAN

El 19 de febrero la mina 8 de Pasta de Conchos, dedicada a la extracción de carbón, explotó. De acuerdo con el testimonio por escrito de Oscar Flores Ortiz, representante del sindicato en la zona, se escucharon dos tronidos. Cada 100 metros había derrumbes, según su testimonio.

La razón fue la acumulación de gas metano. La explosión causó que 65 de los 73 mineros del turno quedaran atrapados, y posteriormente sólo dos cuerpos, los más cercanos a la superficie, fueron recuperados. El resto sigue bajo tierra.

Algunas de las viudas recuerdan que previamente al estallido, sus esposos ya les habían dicho que sentían molestias cuando estaban dentro de la mina, que les dolía la cabeza. Lo atribuían a la presencia del gas grisú, el cual en altas concentraciones es considerado un veneno, pero que estaba presente en el ambiente de la mina desde hacía varios días.

A 13 años de la tragedia familiares de los mineros soló tienen de recuerdo fotos de sus seres queridos

“Mi esposo decía que había mucho gas, muchos caídos [polines o piedras en el suelo], de hecho dos días antes del accidente él tuvo uno, le cayó una viga en la espalda, llegó el viernes muy lastimado y ese día no fue a trabajar y le dolía mucho la espalda, y me extrañó que no fuera al Seguro porque apenas se hacía una cortadita chiquita y corría ahí y esa vez se negó y no quiso ir. Le pedí que fuera a sacarse una radiografía, que le dieran el fin de semana de descanso y presentarse el lunes y no quiso”, dice Juanita Carrera Rodríguez, viuda de Margarito Cruz Ríos, entrevistada en el campamento que las viudas instalaron hace años afuera de la mina.

Leina Hernández Medina, hija de Ignacio Hernández López, aún tiene presente que su padre días antes de la tragedia también padecía dolores de cabeza.

“Que había mucho gas y me decía ‘en un momento u otro a lo mejor ya no llego aquí a la casa’”, le decía preocupado y premonitoriamente su padre.

Castillo Rábago, quien enviudó de Gil Rico Montelongo, es otra viuda que recuerda que su esposo también le comentó que vio algunas irregularidades.

“Mi esposo inclusive traía la máquina y decía que tenía que taparle el foquito rojo para poder trabajar y decía ‘es que tiene uno necesidad y tiene que trabajar’. El jefe de ellos le dijo ‘tápale el foquito rojo para que no vean los demás’. Que sí había concentraciones de gas porque ya los traían muy adentro [de la mina]’.

EMPRESA Y STPS, CORRESPONSABLES

Ya desde el año 2000 se habían reportados fallas que ponían en riesgo la vida de los trabajadores, pero no se atendieron. Auerbach dice que la OFPC documentó que ese año la dependencia envió un acta donde ordena instalar un nuevo ventilador porque el que tiene la mina, que sólo tenía una entrada, es insuficiente. “No pararon la mina sino seis años después”. La activista compartió dicho documento con La Silla Rota.

La CNDH, en la recomendación 26/2006 documentó que en la última inspección que se llevó a cabo en la mina, se detectaron por parte de la Secretaría del Trabajo 43 violaciones directas a las normas de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas para evitar riesgos. Pero la empresa no las atendió y la Secretaría no se empeñó en que se cumplieran.

En la recomendación se lee que uno de los representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entregó el 8 de julio de 2005 un oficio al representante legal de la empresa para hacerle saber que derivado de la inspección del 12 de julio de 2004 –un año antes- se ordenaban las medidas. De hecho la última inspección real de la mina fue en 2004, agrega Auerbach.

La CNDH señaló que hasta el 8 de julio de 2005, un inspector de la dependencia emitió el oficio D-125, dirigido al representante legal de la empresa, mediante el cual hace de su conocimiento que como resultado del acta de inspección, levantada el 12 de julio de 2004, se determinó “la existencia de condiciones de seguridad e higiene que no se ajustan a los ordenamientos legales en la materia, lo que impide garantizar íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.

Por ello, se le emplazó a dar cumplimiento a 34 medidas de seguridad e higiene [las cuales originalmente eran 48 y no se dio una explicación por qué se redujeron a 34], estableciéndose plazos para su cumplimiento y observancia permanente de aplicación inmediata, de 10 días hábiles y finalmente, para otras medidas se fijó un plazo de 20 días hábiles.

Pero el documento fue entregado hasta el 15 de septiembre al representante patronal y al coordinador de seguridad de la empresa Industrial Minera México S.A. de CV. Hubo dos oficios al representante legal de la empresa para hacer inspecciones a la empresa sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas, el 7 de noviembre y el 3 de febrero. Fue hasta el 7 de febrero que regresó otro inspector de la STPyS para hacer una inspección y observó que se habían cumplido 28 de las 34 medidas.

“Sin embargo, respecto de las otras seis no pudo verificarlas, ya que los lugares estaban cerrados y los equipos fuera de operación”, de acuerdo con la investigación de la recomendación de la comisión.

“Como se puede advertir, a pesar de que las autoridades del trabajo tenían pleno conocimiento de que las condiciones de funcionamiento de la empresa minera contravenían la legislación de la materia y con esto se ponía en riesgo la vida de los trabajadores, su actuación omisa evidencia su tolerancia a efecto de que la citada industria minera acatare, de forma pronta y expedita, las medidas detectadas en el acta de inspección del 12 de julio de 2004”, redactó la CNDH en su recomendación.

El documento también abarcó omisiones de la empresa, ya que no tenía las 19 documentales que la autoridad le requirió en materia de seguridad, higiene y protección civil y la secretaría no se pronunció al respecto.

“Con lo cual se pone en evidencia el indebido ejercicio de la función pública en que incurrieron tales servidores públicos, más aún cuando era de su conocimiento que la multicitada empresa está catalogada con grado de riesgo 5, el cual, en términos del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, es considerado como actividad peligrosa, ya que esto implica un conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo que generan condiciones inseguras y sobre exposición a los agentes físicos, químicos o biológicos, capaces de provocar daño a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo, y tolerar esas omisiones en una industria de esas características los hace corresponsables de su indebido funcionamiento”.

OTRAS FALLAS

En su investigación Carbón Rojo de la OFPC, se informa que los soportes y arcos de los muros estaban mal puestos, estaban reforzados con madera y no con vigas de acero, y que las paredes no se polveaban, un procedimiento que sirve para que los residuos de carbón que pueden arder, dejen de ser peligrosos.

Así se deduce de algunas fotos que Grupo México mostró de la mina meses después y que la OFPC analizó.

“Cuando hacen minas de Pasta de Conchos, la presumían de alta tecnología, ponían pilotes de madera y viga de acero, cuando se rompía usaban las vigas de acero o reutilizaban las de madera”, dice Ahuerbach, quien también documentó que las vigas ya muy deterioradas se vendían como chatarra, pero no eran sustituidas en su totalidad, lo que ponía en riesgo a los trabajadores.

“Grupo México mintió sobre las condiciones en que estaba su mina. Mintió la Secretaria del Trabajo”.

El polveado de la mina no era el adecuado, como se muestra en la imagen superior derecha. Además, mismo la colocación de vigas no sujetaba el techo de manera firme

Otra falla, a la que accedieron gracias a documentos sobre la auditoría hecha a proveedores de AHMSA, es que se usaba un cableado y equipo eléctrico viejo, descontinuado, y los cuales eran reparados por los propios trabajadores. Eso significaba un riesgo de corto circuito en zonas donde había agua.

“Ese día todo estaba mal. Bajamos a pie porque ni los telesillas servían. Habíamos acordado con los compañeros que nos saldríamos a las 4 de la mañana si no ponían remedio. No llegamos, la explosión llegó antes”, dijo Hervey Flores, sobreviviente a la tragedia en su testimonio a la OPFC.

El día de la tragedia fallecieron 65 personas, 25 afiliadas al sindicato minero, 4 de confianza y 36 de la empresa subcontratista General de Hulla.

Oscar Flores Ortiz, secretario general suplente de la sección 33 del sindicato denunció el 8 de marzo de 2006 a los accionistas, directores y gerentes de IMMSA, así como al entonces secretario del Trabajo y Previsión Social y a inspectores de la dependencia, por homicidio industrial.

La denuncia refiere que se le hicieron comunicados a la empresa sobre la falta de seguridad y del riesgo que corrían los trabajadores y se pedía a los propietarios que enmendaran las fallas.

“Se recordó que se hicieron observaciones a la empresa, como que se le reportó la existencia de altos porcentajes de gas metano, de acuerdo con las normas establecidas de seguridad para trabajar en la mina; se estuvieron haciendo trabajos de soldadura al interior de la mina, incluso por el tercero contratista, exponiendo a todo el personal.

Denuncia del líder regional del sindicato de mineros sobre fallas en Pasta de Conchos

“El día de la explosión se registró una falla eléctrica en el carro Skup; mismas que se estuvieron reportando previamente, pues se puenteaba o encintaba únicamente, generando con esto un riesgo al personal.

“Se solicitó de manera continua que se alzaran las calzas eléctricas que están instaladas al interior de la mina, y se subiera el cableado eléctrico, ya que al contacto con el agua, puede hacer un corto circuito.

“Respecto al cañón de arrastre se estuvo reportando de manera constante que se necesitaba urgentemente una rehabilitación desde la polea 26 hasta las 34 ya que el terreno se estaba esponjado mucho en el área del paso y presionando mucho al techo al grado de que por ahí ya no podía bajar en la telesia (son asientos enganchados de un cable para entrar o salir de la mina) y se necesita tumbar-levantar muros para trabajar con seguridad.

“Se estuvo reportando la falta de verificación en los lugares de trabajo de preparación de los frentes largos (lugares donde topa la mina). Estos puntos que se reportan fueron enunciados en su momento a la empresa Industrial Minera México SA de CV y a los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que asistían a los recorridos”.

De acuerdo con la denuncia, el 24 de noviembre de 2005 la sección 13 del sindicato notificó a la empresa que no había condiciones de “seguridad y justicia” que no se ajustaba a los ordenamientos legales y se dio de plazo a la empresa para que las cumpliera a más tardar el 15 de enero de 2006, “y si transcurrido el término no realiza las notificaciones ordenadas, se les sancionaría por incumplimiento con la clausura total o parcial del centro de trabajo en caso de persistir el incumplimiento”.

La denuncia no aclara si hubo dicha clausura. Pero afirma que la empresa pasó por alto las recomendaciones “sin saber el suscrito que estas decisiones fueron tomadas de manera unilateral solo por la minera o está en contubernio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus inspectores que acudían a los recorridos”.

LOS PRIMEROS DÍAS

El 19 de febrero de 2006, el día fatal que ocurrió la tragedia en Pasta de Conchos, las viudas dicen que se enteraron horas después, y no fue por la empresa, sino por conocidos o familiares.

Incluso, recuerdan que no las dejaban entrar a la mina, y por eso cuando llegó el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, alrededor de las 11 de la mañana, ellas, desesperadas, se acercaron a él para pedirle su ayuda para entrar.

Él les respondió que primero lo dejaran ingresar para ver, y después dio la orden a los soldados para que las dejaran hacer lo mismo.

“Como a las 11 llega el gobernador Humberto Moreira, entonces nosotras cuando hubo más y más gente se empezó a llenar de puros familiares no dejábamos entrar al gobernador, los que queríamos entrar con él, entonces él dice ‘déjenme entrar primeramente a mí para pedir el permiso para que los puedan dejar pasar a la mina’. Entonces para que el gobernador entrará se vinieron dos familiares de nosotros con él hasta acá, porque si él entraba solo, desconfiábamos que no iba a salir. Entonces pasan dos de los familiares adentro y de a ratitos sale el gobernador y da la orden a los soldados de que nos dé el acceso para entrar a la mina. Nosotros con la desesperación y el dolor íbamos corriendo, para cuando llegábamos allá a la barda de la mina, hasta ahí llegamos. Ya no pudimos entrar más para adentro”, dice en entrevista con La Silla Rota Juanita Carrera.

“Me acuerdo ese día que Aída se les brincó la barda, una de las de nosotras pero no la dejaron entrar y los mismos soldados la agarraron y la echaron para acá. El mismo gobernador buscó la manera de que nos dieran acceso a entrar porque exigíamos estar adentro, y sí, se dio un familiar por minero, estar allá adentro. Ahí fue cuando mis cuñados se pusieron de acuerdo y haga de cuenta que cada 4 ó 5 horas entraba uno y salía el otro. Se iban relevando y familiares nuestros se iban relevando, allá dentro daban el informe y de ahí se venía para acá afuera y así fue como pasó. Yo aquí me quedé los cinco días el domingo a las 8 de la mañana, hasta el viernes por la tarde me llevan mis cuñados, yo para mi casa no iba”, continúa.

EL QUINTO DÍA

Las viudas recuerdan que estuvieron en la mina los primeros cinco días, con la esperanza de ver a sus esposos o hijos con vida, pero el viernes 24 de febrero la empresa les anunció que la posibilidad de que estuvieran vivos era nula.

Guadalupe Díaz Rodríguez dice que a los cinco días del accidente ella tenía la esperanza de que su esposo, Mauro Antonio Sánchez Rocha, uno de los mineros atrapados, siguiera con vida. “Yo siempre estuve a la idea de que no estaba muerto, que él estaba vivo”, recuerda, con la mirada ensimismada.

“Ese día sale mi cuñado y le preguntó ‘¿cómo va el avance del rescate?’. Me responde ‘ellos están vivos porque se oye que suena con un tubo’. Yo más me tranquilizaba, conservaba mi calma, trataba de no alterarme porque a mi alrededor se miraba mucha gente que realmente se sentía el dolor, la desesperación, la impotencia. Porque sentíamos en parte como mentiras que nos echaron, mentiras de que se iba a hacer el rescate y lo suspendieron. Ese día me dice mi cuñado ‘están vivos’ para en la tarde anunciar que están muertos. Fue una sorpresa y un enojo muy grande porque cómo se ponen a decir que estaban muertos cuando la mayoría de nosotras, los familiares que teníamos ahí y conocíamos gente que estaba trabajando en el rescate, nos decían que estaban vivos, entonces sí hubo mucho enojo, mucha rabia, inclusive los quisieron golpear”.

Un familiar de otro minero forcejeó con quien hizo el anuncio. En su caso, sus cuñados, los hermanos de su esposo, que nunca la dejaron durante esos cinco días, se la llevaron.

“Me llevan, yo ya no tenía nada que hacer aquí pues ya habían anunciado que estaban muertos y empezaron a hablar conmigo que no tenía caso seguir aquí porque ya no estaban trabajando, que ya no iban a hacer nada y que tenían que esperar a ver qué pasaba”.

Claudia Escobar Pacheco, relata que desde los primeros días después del siniestro se sintieron engañadas por la empresa

Claudia Escobar Pacheco recuerda que los primeros días fueron horribles por el dolor y el frío, asegura. Afirma que un personaje que estuvo el primer día fue el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien se acercó a los familiares a darles el pésame.

Estuvo dentro de las instalaciones del predio y los integrantes de seguridad de la empresa lo intentaron sacar y en el forcejeo, él cayó en un charco. La esposa de Gómez Urrutia lloró con ellas y le entregó a las viudas un Rosario que llevaba.

El líder minero poco pudo hacer, ya que fue desconocido por la empresa como representante de los trabajadores y al vapor se formó un sindicato blanco (se refiere al de Elías Morales, que se quedó con la toma de nota del sindicato, apoyado por la STPS) para representar a los trabajadores, añade Escobar Pacheco. Los periódicos dejaron de informar del tema. Pero ellas se mantuvieron en el predio durante seis meses, para estar al pendiente de cualquier nueva información que daba un ingeniero periódicamente.

“Pero luego nos sacaron y entonces pusimos el campamento”.

LAS PENSIONES

Al segundo día de ocurrida la tragedia, llegó el obispo Raúl Vera, como parte de la Pastoral Episcopal. Con él llegó la activista Cristina Auerbach. Entrevistada por La Silla Rota, comparte cómo fueron esos días en los alrededores de la mina, con la convulsión de los familiares por saber qué pasó con los mineros, y la reacción de las autoridades.

“El 24 de febrero pararon la búsqueda (se supone) con vida de los mineros y por unos días no hicieron nada y las familias se les amotinaron y la empresa culpó a los rescatistas que porque ‘ellos no querían’. Los del sindicato hasta decían que ellos tenían los oficios firmados donde pedían ayuda en las oficinas de Grupo México y las familias se metieron a fuerza y rompieron un montonal de cosas porque esos oficios no existieron”.

La empresa después reinició las labores de “rescate” que en realidad parecían estar enfocados a rehacer la mina, añade Auerbach.

“Ellos rehacían la mina esperando poder seguir operando después de que recuperaran los restos”.

Sin embargo, de pronto desistieron y en abril de 2007 pararon el rescate.

“No había ninguna razón técnica para hacerlo. Yo creo que ya para entonces era tanta la presión de nosotros/as que era imposible para la empresa hacer la recuperación sin que no se buscara castigarlos. Había mucho enojo en la región y era la primera vez en la historia que se abría una Averiguación contra una empresa”, rememora.

La empresa alegó en base a dos dictámenes hechos por especialistas contratados por los, estudios que recomendaban no seguir debido a las condiciones de insalubridad en el agua, debido a los cuerpos de los mineros y a que no se sabía si debido a ello, los rescatistas se podían contagiar de VIH u otras enfermedades.

Después los familiares pidieron otro dictamen, que fue elaborado por el Foro Consultivo y Tecnológico AC, el cual retoma la conclusión que para reiniciar las labores de recuperación de los restos, se deberían poner las condiciones de seguridad e higiene necesarias. Pero la STPS lo único que retomó fue que “el rescate es muy peligroso” y ahí se acabaron las esperanzas de recuperar los cuerpos de los mineros.

LA DIVISIÓN

Claudia y Trini son nuera y suegra. Claudia es viuda de Raúl Villasana, quien era hijo de Trinidad. Aún mantienen relación, pero Claudia está con el grupo de viudas que apoya al sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, mientras que Trini está del lado de OFPC. Es una de las consecuencias que dejó la explosión: la división entre algunas familias.

“Es muy católica, por ahí Cristina [Auerbach] se le ha metido, influye mucho le cree porque está manipulada por ahí. No está ganado y lo que se va a hacer es porque el señor presidente dijo que lo van a hacer”, dice Claudia, entrevistada afuera de la mina, en alusión a que se aceptó el recurso ante la CIDH.

“Pensamos bien diferente. Ella dice Cristina y Cristina y yo no y le tuve confianza al licenciado [Gómez Urrutia] siempre porque estuvo desde el inicio con nosotros”, asegura.

Adicional al luto por los que perdieron la vida, hubo estigmatización para quienes recibieron las indemnizaciones y se les empezó a cuestionar que usaran el dinero.

Claudia recuerda lo vivido durante ese tiempo y lo atribuye a una campaña de desprestigio orquestada por Grupo México.

“Recibimos muchas críticas, la misma ocurrió cuando la empresa nos desprestigió, nos tomaba fotos, o con quien hablábamos, se encargó de desprestigiarnos, ‘que ya se gastaron el dinero’, ‘que andaban con uno y con otro’ y eso causó que nos vieran con malos ojos.

“Hay gente que hace comentarios malintencionados, que las viudas quieren esto o el otro. No es nada más luchar por nuestros familiares y la lucha se ha hecho más grande, nos damos cuenta cómo está la situación aquí, que los mineros son humillados y en qué condiciones y nadie los había visto hasta que paso esto”.

LA JUDICIALIZACIÓN

La primera denuncia se dio 15 días cuando salió un camión a la ciudad de México y para interponer una queja ante la Organización Internacional del Trabajo contra el estado mexicano por violación de leyes laborales. La queja de los familiares requería una firma de un sindicato. Los familiares y la Pastoral laboral acudieron de manera lógica al SNTMMRM, pero el sindicato de Gómez Urrutia se negó, y entonces buscaron a otro y fue el de Caminos y Puentes Federales quien les brindó la firma de acompañamiento.

La CIDH aceptó, después de 8 años la petición de distintas organizaciones de revisar el caso Pasta de Conchos

Fue el inicio de un proceso de judicialización. La OIT dio respuesta a los tres años y les dio la razón en 24 de 25 alegatos, pero agregó otros tres, recuerda Auerbach. Del número que no les dieron fue por el tema de las fallas de ventilación de la mina, pero en siguiente informe mandaron documentación sobre dicha falla. Además, la organización pidió al gobierno reconocer a la OFPC como un interlocutor válido. Algo que ni siquiera Javier Lozano, el secretario del Trabajo del gobierno de Felipe Calderón, hacía.

“Pero cuando renuncia porque quería ser candidato del PAN, entonces nombra a Carolina Ortiz Porras secretaria del Trabajo y resulta que al mes de llegar suceden dos eventos, 7 en pozo y 6 en mina grande, me llama, fui a Paláu y ya tenía cepillados a inspectores y a minas, ya me la sabía. Me preguntó: ¿Qué debo hacer? Le ayudé”. (Ortiz Porras fue nombrada a inicios de junio de este año titular de la Procuraduría Federal del Trabajo).

Ante la CIDH el tema es Pasta de Conchos, pero la comisión pide que además de los derechos violados que plantearon ante la OIT se agreguen derechos culturales, sociales y económicos de mineros del carbón y del país. Entonces integran un expediente de 10 mil páginas, ya que no es sólo la región carbonífera sino que en todo el país hay riesgos para la salud y bajos salarios, dice.

El caso es admitido ocho años después, en febrero del año pasado y la carta les es enviada en marzo. Les piden observaciones y hacer informe de fondo, la CIDH hace recomendaciones, si el Estado hace observaciones y cumple se cierra el caso, si no entonces la CIDH hace sentencia y es obligatoria.

Este año la CIDH envió el 29 de abril carta al gobierno mexicano sobre el caso, y la respuesta de este debe ser enviada a más tardar el 29 de agosto. El envío de la carta coincide prácticamente con la fecha del anuncio del presidente.

“La CIDH pregunta a ambas partes si están dispuestos a una solución amistosa inmediata, pero hemos dicho que el acuerdo es posible solo si entregaban los restos de los mineros atrapados, si no nos entregan no hay solución amistosa. Los que tenemos sentados en el banquillo no somos nosotros, no es Andrés Manuel, deben cargar con sus antecesores y la sentencia les caería a ellos.

“Si entregan los restos discutimos lo demás y evitas la sentencia, pero si por algo López Obrador decide que el sindicato participa, nosotros nos retiramos. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, que si tiene voluntad cooperamos. Sí tienen. Lo que Luisa María vino a decir el 29 de abril es que sí quería hacerlo”.

ZONA CARBONÍFERA

La mina Pasta de Conchos actualmente se encuentra cerrada. Una reja impide el paso a una enorme extensión de terreno. Dos hombres vigilan la entrada. Cerca de la entrada, del lado izquierdo se ve una corona fúnebre, seca y amarilla, pero que se mantiene en pie como homenaje a los mineros. Del lado izquierdo hay un ramo de flores, más reciente y que ha durado un poco más, por las recientes lluvias que han caído sobre Coahuila, una tierra donde predomina el calor.

En el camino también se observan cruces en honor no sólo a los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, sino a los que han caído desde 1889, cuando un derrumbe segó la vida de 300 trabajadores. La diferencia es que en la mayoría de los casos las víctimas han sido recuperadas.

Por eso Pasta de Conchos se ha convertido en un símbolo de la injusticia, en una zona carbonífera por excelencia. Cerca de la mina está el poblado de Nueva Rosita, donde en la plaza principal hay un monumento dedicado al carbón. A una hora y media de camino, rumbo a Piedras Negras, está la termoeléctrica Comisión Federal de Electricidad llamada José López Portillo y Carbón II, las cuales debido a su tamaño son visibles a kilómetros, así como sus contaminantes chimeneas. En el camino que va de Piedras Negras a Nueva Rosita está una desviación que lleva a Allende, el poblado donde en 2011 los zetas desaparecieron a 300 personas. Coahuila es una entidad que desde que nació el PRI, nunca ha dejado de ser gobernada por el tricolor.

En el estado hay minas que pertenecen al empresario y senador de Morena Armando Guadiana, quien el 4 de mayo expresó su oposición al rescate de los mineros y consideró que el dinero que se va a emplear en el proyecto debería usarse en otras cosas.

“Lo del rescate es un tema difícil, ya lo sabemos todos los mineros, pero ya es una decisión presidencial, prefiero que se haga un monumento a todos los trabajadores que murieron ahí con sus nombres, una cosa significativa que va a ser perdurable para toda la vida y toda la gente de la región centro”. También dijo que el siniestro no sólo se debe atribuir a negligencia de las empresas, sino que también la hay de los mineros. “Muchas veces quitan el sensor del detector del gas que se tiene en los equipos, con tal de avanzar más y seguir produciendo, hay una responsabilidad colectiva que debemos evitar”.

En la región hay secciones de trabajadores afiliadas al sindicato de Gómez Urrutia; tanto Guadiana como el líder minero son senadores por Morena. Además, también hay minas propiedad de Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira.

Aunque la tragedia cimbró al país, en la región carbonífera trabajar en minas de carbón es una de las escasas alternativas laborales. Algunos dicen que las otras son trabajar en una maquiladora o sumarse a las filas del crimen organizado, que baleó el 18 de mayo las oficinas de la fiscalía en el poblado de Nueva Rosita. Posteriormente, ese día se encontró un vehículo abandonado con cinco personas en su interior.

OFPC documentó que después de Pasta de Conchos continuaron las irregularidades. Los gobiernos de Humberto y su sucesor, su hermano Rubén Moreira, fomentaron la aparición de minas clandestinas o prestanombres de empresas mineras, a través de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) para que el gobierno del estado pudiera vender carbón a las plantas de la CFE José López Portillo y Carbón II, lo que también ocasionó muertes de trabajadores e incluso disputas por terrenos para la explotación del carbón.

La explotación de los trabajadores en la región carbonífera se da por una mezcla del poder económico y el político, explica a La Silla rota Auerbach. “Si el gobierno de Coahuila gana dinero con contrato de Prodemi y quienes ganan dinero son políticos, el poder político protege al económico. En Cluete [donde vecinos y la organización se opusieron a la extracción de carbón de manera ilegal] tenemos 7 denuncias, incluso de secuestro. Eso explica por qué los mineros no dicen nada. Si trabajas en una mina de Guadiana cómo vas a levantar la voz”.

Recuerda que en Nueva Rosita del otro lado del libramiento empezaron a sacar carbón, lo denunciaron y el entonces alcalde Antonio Nerio se negó a quitar a los trabajadores porque aseguró que eran de los Zetas, pero resultó que era del papá de Nerio.

“Al enfrentarnos a empresarios nos enfrentamos a aparato de Estado, por eso no dicen nada, es que ven cómo nos tratan. Como te quejas y este tipo de extracción de pozos y cuevas es muy baratos, si los quitas hoy se van a otro lado. Los quitas y empiezan salir en otro lado”, lamenta.

La situación no ha cambiado mucho. Elizabeth Castillo Rábago recuerda que desde que estaba su esposo no se quejaban con la empresa porque necesitaba el trabajo. La situación en 13 años ha cambiado poco, explica.

“Ellos no se quejaban porque se necesitaba el trabajo entonces y todavía así hay personas que bajan, que hay minas que están incendiadas en malas condiciones y no se quejan porque como dicen ellos, ¿cómo vamos a perder el poquito salario que llevamos a la familia?”.