La carrera política de Mauricio Góngora Escalante acabó la noche del 5 de junio de 2016, cuando Carlos Joaquín González (el candidato de la alianza PAN-PRD) le arrebató la gubernatura de Quintana Roo. A él y a 41 años de gobierno de hegemonía en la entidad por el PRI.
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En ese año, Góngora se impuso de último momento como el candidato del PRI a la entidad frente al diputado federal José Luis Toledo Medina.
Los ejes principales de su propuesta de gobierno se basaban en la seguridad de la población, mejorar la economía familiar y la salud.
Fue así que no pudo continuar con el proyecto de su antecesor, el exmandatario Roberto Borge, hoy preso por lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
Mauricio Góngora Escalante, expresidente municipal de Solidaridad y excandidato a la gubernatura de Quintana Roo en 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido este jueves 25 de enero en la Ciudad de México.
La captura ocurrió mientras se encontraba en compañía de su esposa, luego que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) notificó en 2017 que existían dos investigaciones en su contra por presuntos delitos de peculado electoral y financiamiento ilícito en las campañas de 2016.
Fue secretario de Hacienda durante el sexenio de Borge Angulo, y a pregunta expresa de si lo consideraba su padrino político, respondió que “el único padrino que tengo es mi padrino de primera comunión”.
Pero, se trata del octavo exfuncionario público quintanarroense detenido por delitos relacionados con corrupción, luego que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) detectó afectaciones al erario por 57 millones 659 mil 368 pesos que debieron ser destinados a obra pública, mas no se ejecutaron.
Los 57.6 millones forman parte de los 88 millones que la Aseqroo detectó como faltantes o irregulares entre los ejercicios fiscales 2015 y 2016, con lo que 30.4 millones corresponden al 2015.
Además, la Fepade investiga a Góngora Escalante por presuntamente recibir 201 millones de pesos del gobierno de Borge para su campaña electoral, dinero que se repartió en montos que iban de los 20 millones a los 50 millones de pesos.
Esta acusación ya la había dado a conocer el PRD el 1 de junio de 2016, cuando denunció ante la Fiscalía electoral la entrega de recursos de la administración borgista a la campaña de quien buscaba lo sucediera como gobernador.