Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los seis consejeros electorales que aprobaron aplazar la fecha de consulta de revocación de mandato, a quienes acusa de “coalición de servidores públicos”, las y los 11 consejeros del INE lamentaron que se pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal.
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En un posicionamiento general, los consejeros explicaron que por mayoría el Consejo General del INE aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades de la organización de la eventual consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público”.
Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida
Ante este escenario, los consejeros electorales explicaron que serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará dichas decisiones.
Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado
A decir de los consejeros, se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.
“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”.
A consideración de los 11 consejeros del INE, las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.
“En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.
La postura sobre este tema la firmaron Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente; Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez.
¿QUÉ DIJO AMLO?
El presidente López Obrador se pronunció en contra de la denuncia presentada contra seis consejeros del INE que suspendieron la consulta de revocación de mandato por argumentar falta de presupuesto.
El mandatario mexicano dijo en conferencia mañanera de este lunes que deben ser la Corte y el Poder Judicial los que resuelvan el caso del INE, aunque sí dijo que los funcionarios se equivocaron al oponerse a un mandato constitucional.
“Pienso que debe ser la corte y el poder judicial, tanto el Tribunal electoral como el Poder Judicial, los que resuelvan, no penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse”, explicó.
“Entonces ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato, que se cumpla con eso porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y lo demás pues no lo considero conveniente. Pienso que incluso sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad, pero desde luego es un Poder Legislativo con el Poder Judicial”, comentó.
“Se reafirma el principio constitucional de que el pueblo tiene en todo momento derecho a cambiar su forma de gobierno, se reafirma que el pueblo es el soberano y se reafirma el principio de democracia participativa, que tenga el poder en sus manos, ayuda para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala”, agregó.
LA DENUNCIA
La denuncia penal en contra de los seis consejeros del INE, que incluye al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, es por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y otros delitos en agravio del servicio público por incumplir los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
El delito de coalición de servidores públicos se castiga hasta con siete años de prisión.
Los consejeros denunciados son el presidente del INE Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala.
La decisión fue calificada de unilateral por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). “Es una vergüenza usar al Legislativo para revanchas políticas y agendas partidistas”, reprochó el tricolor.
Asimismo, el panista Santiago Creel también cuestionó la denuncia. “Es penoso y reprobable en todos los sentidos la denuncia penal (…) si atacan al INE están atacando también los derechos de las y los mexicanos”, dijo.
INE CONTINÚA PREPARATIVOS
Por su parte, el INE informó que retomó los trabajos para la consulta de revocación en la que se decidirá si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir en el cargo.
El INE recibió la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandata continuar con el proceso de Revocación de Mandato con el presupuesto existente e informa que acatará la decisión en sus términos“, compartió la institución en un comunicado
“El INE recibió la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandata continuar con el proceso de Revocación de Mandato con el presupuesto existente e informa que acatará la decisión en sus términos“, compartió la institución en un comunicado.
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