“Fosfo fosfo”, frase que acuñó la influencer y empresaria Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, ya es una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Fue el pasado 6 de abril cuando la también dueña de la línea de maquillaje Mar Cosmetics solicitó al organismo los derechos de marca “Fosfo Fosfo”, frase que hizo popular cuando grababa un video para Instagram, durante la campaña electoral de su esposo.
El expediente número 2526311 detalla que Rodríguez Cantú argumentó ser la creadora de la “Fosfo Fosfo”, incluso, adjuntó el video que grabó donde ignora a su esposo y muestra sus tenis color anaranjado fosforescente.
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Dos meses después de la solicitud, el 15 de junio, el IMPI entregó los derechos de concesión a Rodríguez Cantú para comercializar productos cosméticos y perfumería por 10 años, es decir, será dueña de la frase hasta junio del 2031.
Pero eso no es todo, la futura primera dama de Nuevo León está en espera de que el IMPI resuelva la solicitud que promovió para utilizar la marca en calzado, vestidos, sombreros, así como en publicidad, trabajos de oficina y administración de negocios.
Por violencia política de género, Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, presentó queja ante Derechos Humanos.
A su vez, el gobernador electo acusó también violencia política de género contra su mujer, mientras hubo protestas contra el INE por grupos simpatizantes de Movimiento Ciudadano.
La queja la presentó Rodríguez ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos neolonesa, luego de que el INE perfila una resolución la tarde de este jueves sobre una sanción de 55 millones de pesos por apoyar a su esposo en la campaña para gobernador.
Rodríguez dice que dicha determinación violenta sus derechos humanos de libertad de expresión, asociación, igualdad y libre de toda violencia, así como diversos derechos político electorales, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales, en los que México es parte.
"La difusión de las publicaciones denunciadas fueron realizadas en ejercicio de mi libertad de expresión y de manera espontánea, por lo que de ninguna manera se trató de espacios comerciales, toda vez que no se recibió pago alguno mucho menos se tuvo que pagar para subirlas a algún sitio", añade.