La Fiscalía General de la República (FGR) archivó la indagatoria por lavado de dinero en contra del ex ministro Eduardo Medina, esto al concluir que acreditó el origen de sus ingresos.
De acuerdo con el periódico Reforma, luego de dos años y medio la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR decretó el no ejercicio de la acción penal al determinar que no hay indicios de lavado de dinero en las operaciones bancarias de Medina Mora, ex procurador General de la República.
Fue en 2019 cuando Eduardo Medina Mora renunció a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, se informó que la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera le seguían los pasos y lo investigaban.
Lo que se supo cuando dimitió a la Corte fue que supuestamente era indagado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Eduardo Medina fue nombrado ministro de la SCJN en marzo del 2015, en sustitución de Sergio Vals, quien murió en diciembre de 2014. Durante el tiempo en que integró el máximo tribunal del país, se le relacionó con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, de quien fue su embajador ante el gobierno de Estados Unidos.
Fue en julio del 2019 cuando se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera lo estaba indagando por delito de lavado de dinero en el que supuestamente participaban algunos de sus familiares.
Las presiones causaron que presentara su renuncia mediante una carta a López Obrador; sin embargo, en la misiva no hizo mayor alusión al tema.
“Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el que fui electo por el Senado de la República”, menciona la carta, misma que fue entregada el 3 de octubre de 2019.
Ese mismo día, la UIF mandó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la solicitud para que se bloquearan las cuentas de 11 personas físicas y morales, entre ellas, Medina Mora, sus hermanos José y Juan Pablo, así como el empresario José Susumo Azano.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó entonces que Relaciones Exteriores pediría a Estados Unidos información para verificar si Eduardo Medina Mora estaba enterado del operativo “Rápido y Furioso”, a través del cual ingresaron armas de forma ilegal a México.
Fue el 5 de octubre de 2019 cuando fue aceptada la renuncia de Medina Mora, por lo que se oficializó su separación de la Suprema Corte.
El mismo día, la UIF pidió a la CNBV que se desbloquearan las cuentas; sin embargo, el oficio fue aceptado hasta el día 7. En el documento, la Unidad de Inteligencia Financiera sólo pidió que mantuviera el bloqueo a José Susumo Azano y la Security Tracking Devices.
El 10 de octubre, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, negó a través de Twitter que el bloqueo contra Eduardo Medina y sus familiares fuera una presión para que se presentara su renuncia ante la Suprema Corte.
Tras la dimisión, el tema de Medina Mora poco a poco salió de la agenda del gobierno federal hasta noviembre de 2020, cuando López Obrador informo a la SER que pediría a Estados Unidos información para verificar si el ex ministro tuvo conocimiento de la operación “Rápido y Furioso” cuando él fue titular de la extinta PGR, hoy FGR.
En esos momentos, Eduardo Medina sabía que estaba a un paso del desafuero, del ya conocido juicio político que se desahogaba en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para quitar el fuero a funcionarios públicos, a fin de que pudieran enfrentar acusaciones jurídicas ante la ley.
Dos años después, el 30 de mayo de 2021, Eduardo Medina Mora estaba en Polanco, zona donde hay una fuerte actividad comercial y restaurantes de costo elevado, en compañía de una persona y fue fotografiado.
Te puede interesar: Medina Mora y su paseo tranquilo en Polanco
(Foto: Especial)
Un día después, el 31 de mayo, desde el entorno del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó un mensaje sobre las imágenes donde se veía a Medina Mora pasear por esa zona de la alcaldía Miguel Hidalgo, el cual decía: “Es un hombre libre, sin pendientes. Un ciudadano”.
(Foto: Especial)
Lee también: Lenguas Viperinas. Eduardo Medina Mora
Acusaciones contra otros ministros
En 2019, este medio informó que dos ministros de la Suprema Corte de Justicia estarían bajo solicitud de juicio político, en caso de prosperar la petición de la organización México Justo, para llevar ambos casos a la sección instructora de la Cámara de Diputados.
En octubre de 2018, el documento fue entregado a la cámara baja. Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de dicha ONG y primo del exministro Genaro Góngora Pimentel explicó a La Silla Rota los detalles de esa historia:
“Se trata de los ministros Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes tienen o tenían a sus hijas trabajando en la Corte. El primero, una hija dentista, y el segundo una joven abogada que se desempeña como secretaria de estudio y cuenta con un salario de más de 130 mil pesos”, detalló en su momento.
El documento al cual LSR tuvo acceso precisaba los delitos en que habrían incurrido ambos ministros. Cohecho, por “obtener de terceros y con motivo de sus funciones, que les dieran empleo a sus hijas en la SCJ, con ventajas indebidas frente a otros aspirantes”, citaba.
Abuso de funciones: “Por cometer actos arbitrarios para beneficiar a sus hijas”, señalaba, y tráfico de influencias “al usar su posición como ministros partes inducir a otros servidores a generar un beneficio para sus hijas”. Estas tres violaciones a la ley, afirmó Pérez Góngora, encajarían dentro del artículo 109 constitucional y el artículo 8 de la ley federal de responsabilidades de servidores públicos.
Consulta también: ¿Cómo se desafuera a un ministro? Azuela y Aguirre Anguiano, los antecedentes
Respecto al tipo de sanción que deberían recibir los funcionarios, el documento argumentaba que los ministros habían incurrido en violaciones graves a la Constitución, pues sus “actos y omisiones afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar el desempeño de sus cargos…
“Por tanto, debe sancionárseles de manera ejemplar con la destitución y remoción en términos de los artículos 94 y 110 de la Constitución, con la finalidad disuasiva para que otros servidores públicos se abstengan de efectuar tan indignantes actos”.
La Corte como guardaespaldas de AMLO
En 2020, dos años después de que iniciara la llamada Cuarta Transformación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo en su lista de espera el abordar y pronunciarse sobre temas relacionados con acciones de inconstitucionalidad o controversias interpuestas por opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ese hecho fue leído pro algunos como una probable sumisión del Poder Judicial, pues en ese momento tres de los 11 ministros fueron propuestos por el Jefe del Ejecutivo: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat.
Sin embargo, otros difirieron de esa postura, pues la Corte reiteró la suspensión contra el llamado “decreto Nahle”, por el que la Comisión Federal de la Competencia Económica interpuso una controversia constitucional. La Silla Rota consultó expertos, los cuales hablaron acerca de este tema.
En materia de seguridad fueron cuatro acciones de constitucionalidad: las reformas a la extinción de dominio, la ley de guardia nacional, el fraude fiscal por facturas falsas considerada como amenaza a la seguridad nacional y el decreto del Ejecutivo para uso de fuerzas armadas en seguridad pública.
En educación, por las leyes secundarias contra la reforma educativa; en salud, la reforma a la ley de adquisiciones para comprar medicinas a través de la ONU.
En materia de gobierno, para eliminar la figura de los llamados “super delegados”, así como el veto por 10 años a funcionarios para integrarse al sector privado, además de los decretos para la reducción de salario a órganos autónomos por el caso INE, así como reducir los tiempos oficiales en radio y televisión.
Juan Carlos Pérez, presidente de México Justo, interpretó que el “hecho de que la justicia sea pronta y expedita sólo queda en teoría”. Enlistó que salvo los casos como la Ley Bonilla, los temas aprobados en el Congreso desafortunadamente no avanzaban, y comparó que a diferencia de los asuntos electorales, el resto de los casos “se resuelven en días, no mese ni años. Pareciera que la justicia sí es pronta y expedita para los políticos, pero no para los ciudadanos en general cuando un juicio o un amparo puede tardar hasta 10 años”.
Pérez Góngora, sobrino del ex ministro Genaro Góngora Pimentel, no descartó la posibilidad de que algunos temas pudieran estar polarizados.
En su opinión, el presidente López Obrador no necesariamente tiene el control de la Corte por contar con sólo tres ministros a su lado y quizás un cuarto: Arturo Zaldívar.
(Arturo Zaldívar. Foto: Archivo. Cuartoscuro)
Por otro lado, Raymundo Bolaños, coordinador jurídico del CEN de Acción Nacional, explicó a La Silla Rota que en ese momento su partido formaba parte de algunas de estas acciones interpuestas en temas de seguridad y electoral. “Nos llama la atención de la Corte eche estos temas en el cajón y deje para mejor ocasión todo lo que le importa a la 4T.
“Sí creemos que esto conlleva necesariamente un tinte de carácter político, porque no encontramos una explicación adicional de porqué el día de hoy no s ha resuelto o bien, iniciado el análisis de estos temas”.
Añadió que en el caso de la reducción de tiempos oficiales de radio y televisión tampoco había un pronunciamiento. “Nos está llevando la Corte a entrar a un proceso con la norma aprobada por el Ejecutivo, resultado de que se ha impuesto en las votaciones del Congreso.
“No tenemos un análisis del máximo órgano constitucional y eso es grave, porque el espíritu de esa reforma surge para no encontrar recursos públicos o de origen inexplicable, y entregar tiempos equitativos conforme las preferencias electorales.
Si bien, dijo, el Jefe del Ejecutivo no tenía la totalidad de los ministros de la SCJN, sí ejercía presión sobre ellos. “Lo hemos visto en los magistrados del Tribunal Electoral para intentar acortar sus mandatos ya otorgados”, ejemplificó.
ET