Este miércoles un juez de control impuso la medida de prisión preventiva justificada, a Emilio Ricardo Lozoya Austin en relación a los sobornos que la constructora Odebrecht habría entregado a funcionarios mexicanos por la concesión de contratos, por lo que será ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
¿De qué va el caso Odebrecht?
Altos mandos de esta empresa brasileña sobornaron a funcionarios entre los años de 2010 y 2014, entre ellos presidentes y vicepresidentes, para recibir enormes contratos gubernamentales.
El 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer los sobornos que entregó la empresa brasileña Odebrecht en 12 países para obtener contratos de obra pública entre ellos México.
El escándalo fue escalando en el país a través de notas periodísticas que revelaban que, el “alto funcionario” relacionado en el caso era Emilio Lozoya. Sin embargo, fue hasta el 1 marzo de 2017 que el caso comenzó a tener un vuelco al darse a conocer el inició de una investigación de Pemex relacionada con la gestión de Lozoya.
Al anunciarse la investigación por parte del gobierno de EU, las autoridades mexicanas se vieron obligadas a participar en la investigación y pesquisas que dieran luz sobre este capítulo de lavado de dinero, tráfico de influencias y corrupción.
Pemex celebró al menos tres contratos con la compañía brasileña cuando era dirigida por Lozoya Austin, uno de ellos la construcción de la barda perimetral de lo que sería la nueva refinería de Tula, cuyo costo superó mil 700 millones de pesos.
Miembros de Odebrecht afirmaron que Lozoya recibió en total 10 millones de dólares aproximadamente a cambio de la construcción de dicha refinería.
Investigaciones internacionales señalan que las prácticas de corrupción de Odebrecht datan de más de 30 años, información que llegó hasta nuestro país, pero lo que no impidió a la constructora brasileña tener presencia en la construcción de carreteras desde 2006 y mediante su filial de petroquímica Braskem.
Es decir que, desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la compañía tenía ya tendidas sus redes para llegar a Pemex en 2013, cuando Emilio Lozoya ocupó la dirección de la paraestatal.
En diciembre de 2016, Luis Alberto Meneses Weyll, mejor conocido como Luis Weyll, quien fue director general de Odebrecht México hasta mayo de 2017, reveló cómo entregó sobornos a Emilio Lozoya en el 2012.
Luis Weyll, renunció luego de que Marcelo Odebrecht (su jefe) lo señalara como el operador de la firma brasileña en México y Perú. Esto durante el interrogatorio del dueño de Odebrecht ante la PGR. En su declaración, dijo haber entregado 5 millones de dólares a Lozoya para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La firma Odebrecht, obtuvo diversos contratos para el acondicionamiento de instalaciones de Pemex, además de crear diversas empresas para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura de agua y energía en el estado de Veracruz, durante el gobierno de César Duarte, esto, con la anuencia del gobierno federal encabezado por Peña Nieto. En todos, Luis Weyll fue el intermediario.
Tras obtener la confesión del dueño de Odebrecht, la PGR, entonces encabezada por Raúl Cervantes, quien fuera abogado de Peña Nieto en la elección de 2012, dio carpetazo al caso, y ocultó la información a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Esa “omisión”, evitó que se abriera carpeta de investigación para llevar ante un juez a Peña Nieto, señaló tiempo después Santiago Nieto, quien fuera titular de la FEPADE. El hoy titular de la FGR, señaló también que, el delito en el que incurrió Peña Nieto y su partido en las elecciones de 2012, prescribió y ya no podrá ser enjuiciado por esa acción.
En 2017, una delegación de la entonces PGR mexicana, viajó a Brasil para tomar la declaración de Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa corruptora de políticos y gobiernos, quien reconoció haber entregado pagos a políticos y expresidentes, no solo mexicanos, sino de cada país en que participó. Señaló haber financiado diversas campañas presidenciales en el continente, entre ellas, la de Enrique Peña Nieto.
Ocho meses después de que se dictaminó la culpabilidad de Odebrecht y un año después de que las autoridades de Estados Unidos dieran a conocer los primeros resultados de las investigaciones de corrupción de la empresa brasileña, en febrero de 2017, Emilio Lozoya renunció a la dirección general de Pemex. Ya bajo la sospecha de corrupción.
Raúl Cervantes, dejó en octubre de 2017 la dirección de la PGR, sumándose a una larga lista de renuncias de funcionarios públicos y directivos de Odebrecht que, se sucedieron en cadena durante ese año crucial para las investigaciones por soborno y corrupción, de la empresa brasileña en el gobierno de Peña Nieto y la gestión de Emilio Lozoya en Pemex.
El 22 mayo de 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre la inhabilitación de Lozoya Austin por 10 años en el servicio público.
Seis días después, la Unidad de Inteligencia Financiera dirigida por Santiago Nieto dio a conocer el congelamiento de las cuentas del exfuncionario.
La Fiscalía General de la República lo citó a comparecer sobre el caso de Odecbrecht, petición que nunca fue atendida por Lozoya al asegurar que se trataba de una persecución política en su contra.
Incluso, en su defensa, Emilio difundió una carta a través de la red social Twitter en la que anunciaba que comparecerá ante la justicia mexicana argumentando que “no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo”.
El 5 de julio de 2019, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, su esposa, su madre y su hermana por Caso Odebrecht.
El 24 de julio de ese mismo año fue detenida Hilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin en Alemania.
Emilio Ricardo Lozoya Austin fue detenido por una investigación relacionada por recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, cohecho y defraudación fiscal. Además, aún quedan dos casos sin judicializar. Uno de ellos por un monto de 50 millones de pesos y otro por 83 millones de pesos.
El 17 de julio se concretó su extradición a México desde España y recibió la calidad de “testigo protegido” por parte de la FGR de Alejandro Gertz Manero tras una serie de declaraciones en las que involucró a más de 70 políticos como parte del acuerdo de cooperación con las autoridades mexicanas, entre los que aparecen los nombres de tres expresidentes y varios exfuncionarios de primer nivel, incluídos Ricardo Anaya y José Antonio Meade, también excandidatos presidenciales.
En los últimos días la colaboración de Lozoya con la Fiscalía se puso en duda luego de que el exfuncionario fuera captado comiendo en un restaurante de la Ciudad de México cuando se suponía que debía permanecer en arraigo domiciliario.
(djh)