La red de corrupción tejida por la compañía brasileña se extiende por al menos en diez países de América Latina. Algunos la han señalado a Odebrecht como: “la empresa que dañó a América Latina”.
El caso Odebrecht es un monstruo de mil cabezas al que no se le encuentra principio, ni fin. Investigaciones internacionales señalan que sus prácticas de corrupción datan de más de 30 años. El caso es que ésta historia que involucra a los políticos de América Latina, no generó las investigaciones de sus intrincadas redes en ninguno de los 10 países latinoamericanos involucrados, ni mucho menos en las dos naciones africanas en donde también cocinaron habas.
La investigación la inició el Departamento de Justicia de Estados Unidos en colaboración con los países involucrados. Desde ahí es donde se coordina actualmente todo el entramado de averiguaciones y conexiones que señalan la colusión de cientos de políticos y funcionarios públicos de cada uno de los países involucrados con Odebrecht.
Es decir que las autoridades mexicanas están obligadas a participar en la investigación y pesquisas que den luz sobre éste capítulo de lavado de dinero, tráfico de influencias y corrupción.
De acuerdo con estimaciones conservadoras, Odebrecht desembolsó aproximadamente 788 millones de dólares para sobornos y pago de favores en Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos y México.
Muchos políticos de esos países ya han pisado la cárcel debido a sus participaciones directas o indirectas en actos de corrupción con Odebrecht. El asunto es tan intrincado que el expresidente del Perú Alan García, decidió quitarse la vida en abril de 2019 debido a sus “presuntas implicaciones” en casos de corrupción con la empresa brasileña.
En México, la madeja tejida por Odebrecht, apenas comienza a desenredarse y podríamos decir que, estamos viendo la punta del iceberg. El tema cobró fuerza en días recientes, debido a las “presuntas” implicaciones de Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN con la red de corrupción tejida por la empresa brasileña en nuestro país.
Si Ricardo Anaya es inocente o no, no es algo que aquí, ni en ninguna otra columna de opinión vamos a determinar. Lo que sí podemos hacer, es intentar arrojar un poco de claridad sobre los actos de políticos y funcionarios involucrados con la empresa brasileña.
Dicho esto, vale la pena regresar un poco en el tiempo (ese pasado que añoran algunos dejemos en el olvido). Entre 2007 y 2008 en Argentina explotó la primera cadena corrupción, que años después, sería una larga cadena de casos similares. Por entonces, se dio a conocer que Odebrecht había pagado sobornos a los funcionarios de ese país por 35 millones de dólares para adjudicarse las obras en los gasoductos y plantas compresoras de gas para Cammesa e YPF, la planta potabilizadora de Paraná de Las Palmas (Tigre) para la empresa AySA y el soterramiento del tren Sarmiento.
Poco después, entre 2009 y 2013 se dieron a conocer actos de corrupción de Odebrecht en Colombia, Brasil y Perú. A partir de ahí, poco a poco se fue desprendiendo un sinnúmero de denuncias e investigaciones que involucraban al conglomerado brasileño dedicado a la construcción de infraestructura carretera, ferroviaria y energética en cada país en que tenía presencia.
Las autoridades de estos países y del resto de las naciones con relaciones con Odebrecht, abrieron investigaciones para dar seguimiento a los primeros indicios de la red de corrupción, muchos de esos casos, alcanzaron notoriedad internacional debido al nivel de funcionarios involucrados en cada país. Pero la justicia estuvo atada de manos y no se dio continuidad a las averiguaciones para proceder a las pesquisas de los implicados, hasta que Estados Unidos entró en escena e inició la averiguación que dio sus primeros frutos en diciembre de 2016.
Toda esa información llegó hasta nuestro país, y los funcionarios públicos y de gobierno, tuvieron conocimiento de ello. Aún así, mantuvieron sus relaciones con Odebrecht que tenía presencia en la construcción de carreteras desde 2006 y mediante su filial de petroquímica Braskem.
Es decir que, desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la compañía tenía ya tendidas sus redes para llegar a Pemex en 2013, cuando Emilio Lozoya ocupó la dirección de la paraestatal.
La pregunta es si las autoridades mexicanas federales, estatales, judiciales y políticas por ese entonces, omitieron la historia que se gestaba en torno a Odebrecht en América Latina.
¿Dónde estaban entonces los opinadores y medios que hoy señalan que las implicaciones a Ricardo Anaya son persecución política, para denunciar la corrupción de Odebrecht en México? De esto platicaremos en la segunda entrega.