Especialistas en seguridad, así como en derecho, consideraron que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de emitir un acuerdo para transferir la Guardia Nacional al Ejército, viola la Constitución, lo que puede llevar a sanciones en contra de distintos funcionarios.
Esta mañana el mandatario informó en la conferencia de prensa en Palacio Nacional que la Guardia Nacional ya no tendrá ninguna relación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), ya que quedará en total control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El presidente explicó que él tiene las facultades para poder realizar el cambio a través de por Decreto o una Reforma a la ley de la Administración Pública que se dará a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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“Les adelantó que ya por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad ,que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa…pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo.
Después de anunciar los posibles cambios, especialistas en temas de seguridad y derecho expresaron que no se puede hacer ningún cambio ya que no lo permite la Constitución.
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A través de sus cuentas de Twitter, argumentaron que uno de los principales motivos por el que no se puede llevar a cabo el cambio, es porque desde su creación se estableció un mando civil.
“La Guardia Nacional NO puede depender de @SEDENAmx. La Constitución establece que la Guardia es una institución civil que estará adscrita a la @SSPCMexico. Aunque no le guste a @lopezobrador_, un decreto no puede alterar lo que la Constitución dicta con toda claridad”, comentó Javier Martín Reyes a través de su cuenta @jmartinreyes.
“¿Ahora quiere pasar la Guardia Nacional a la SEDENA por decreto? No sé quién le vendió esa peregrina idea, pero esto dice textualmente el artículo 21 de la Constitución. Más allá de lo que cada quien opine sobre la Guardia Nacional y su ubicación administrativa óptima, aquí están en juego la separación de poderes y la supremacía de la Constitución. No se puede hacer por decreto algo que contraviene directamente el texto constitucional”, mencionó el especialista Alejandro Hope.
Jorge Lara, abogado y especialista en temas de seguridad y prevención y combate al lavado de dinero, asegura que “los secretarios de estado y servidores públicos que violen la Constitución por órdenes del presidente en la pretendida transferencia de la Guardia Nacional al Ejército se harán acreedores a Juicio Político y diversas responsabilidades de orden administrativo e incluso penal”,
El anuncio que hizo el presidente también fue cuestionado por Juan Manuel Aguilar, especialista en Ciberseguridad, así como integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), al mencionar que los cambios abren la puerta para la militarización de la seguridad en territorio nacional, uno de los temas que mantuvo a la espera la creación de la Guardia Nacional
“AMLO no se va a arriesgar a someter en el Congreso la reforma a la Ley de la Guardia Nacional. Optó por el fast track del decreto presidencial. Gran polémica se viene en torno al mando civil, la extensión de labores de las FFAA y el debate del militarismo y militarización”.
La investigadora de temas de seguridad del Centro de investigación y Docencia Económica (CIDE), Catalina Pérez Correa, asegura que el anuncio del mandatario es un hecho autoritario.
“@PartidoMorenaMx no ha podido reformarla para facultar a los militares en tareas de SP (seguridad pública). Más allá de autoritario, la traición de hacer permanente algo que no funciona, salvo para su interés personal”.