El dictamen que se votará mañana en la Comisión de Presupuesto aseguró que en cuanto a los órganos autónomos hay un incremento presupuestal de 3.8% en comparación con 2022. Pero en realidad, contempla recortes a los órganos autónomos por 6 mil 437 millones de pesos, con un mayor castigo al INE, con poco más de 4 mil millones de pesos, para aumentar los recursos a las pensiones de Bienestar.
En esta ocasión el dictamen de más de 624 cuartillas dedicó decenas de páginas para argumentar por qué a cada órgano autónomo se le recortará o no, su presupuesto; y además, sugiere cuáles deberán ser sus prioridades de gasto. Lo anterior podría ser interpretado como una invasión a la autonomía de dichos órganos.
Justificó que estos recortes “serán sin afectar sus actividades esenciales pero en concordancia con la política pública, con apego en la Ley de Ingresos y el Plan Nacional de Desarrollo" 2019-2024.
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Y añadió que “los montos de recursos asignados son adecuados y suficientes para cumplir con su objetivo y cubrir sus obligaciones constitucionales". Y afirmó que los recortes se aplicaron "por exceder los márgenes de crecimiento proporcional respecto de crecimiento esperado este año para el país".
Explicó que, desde su perspectiva, el Congreso no debe ser marginado de la elaboración de políticas públicas por ser la “expresión de la soberanía y voluntad del pueblo”. Y que su función no debe limitarse solo a lo que le propone cada institución o dependencia en materia financiera.
Uno por uno
Señaló que el presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación será austero, racional y con disciplina presupuestaria. Se recortaron 122 millones de pesos; en cuanto al Poder Judicial recortó 1,425 mdp de los cuales 1,286 son al Consejo de la Judicatura y 103 a la Suprema Corte.
Justificó que lo asignado es suficiente para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales "por lo que propone las previsiones mínimas indispensables para mantener las capacidades de operación con el actual desarrollo institucional, así como para continuar con la transformación del Poder Judicial mediante la consolidación de la carrera judicial”.
Añadió que también con estos recursos se fortalecerá el Instituto Federal de Defensoría Pública "y se garantizara la seguridad de las personas juzgadoras manteniendo como prioridad la protección de juezas fueses magistradas y magistrados”.
No tocan a la CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos que se considera un alfil del Poder Ejecutivo no tuvo ningún recorte y mantendrá el mismo presupuesto de 2022 de 1798 mdp. Afirmó que continuará con la implementación "de una reforma radical" y que reforzará la atención directa a víctimas en oficinas regionales además de fortalecer plazas de visitadores adjuntos.
La Comisión Federal de Competencia Económica, dijo, mantendrá la operación sustantiva; y señaló que "se creará un semillero de talento" para generar nuevos cuadros que reemplacen a los actuales con el fin de ser reclutados a futuro.
También justificó que, aunque este órgano prevé un incremento salarial de 4.5 porciento a las remuneraciones, se rechazó porque implica que algunos funcionarios ganarán salario más que el presidente.
En el caso del Instituto Federal de Comunicaciones destacó que el próximo año "dará mantenimiento de equipo de comprobación técnica del espectro radioeléctrico del Sistema Nacional de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico y de Emisiones Radioeléctricas". Y argumentó que, al no plantear en su propuesta que tendrán nuevas atribuciones, no puede haber incrementos.
En el caso de la Fiscalía General de la República señaló que el próximo año continuará con la reorganización de su estructura orgánica y atención a "problemas de fortalecimiento de las capacidades institucionales para la investigación de delitos".
Se recortaron 35 mdp al Tribunal Electoral; 33.5 mdp a la Comisión Federal de Competencia Económica; otros 17.9 mdp al Instituto Federal de Telecomunicaciones y 18.6 mdp al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
A esta última, dice el dictamen, se le aplicó el mismo criterio que al Instituto Nacional Electoral (INE), “no se advierte en su propuesta la necesidad de aumentar su gasto y que al no presentar mi fundamentar suficientemente estas razones no se le otorgará mayor presupuesto”
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