La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende gastar recursos públicos para que en 2023 una consultora privada realice una encuesta anual alterna a la que lleva a cabo el Inegi, para conocer el nivel de “respeto”, “confianza” y “cercanía” de la población hacia el Ejército y Fuerza Aérea.
Documentos obtenidos por hacktivistas de Guacamaya, revelan que la dependencia solicitó cotizaciones para efectuar este sondeo, cuyo costo va de 1 millón y medio de pesos a 4 millones 700 mil pesos, según estimaciones enviadas por dos de las consultoras interesadas en participar.
Aun cuando el Inegi realiza cada año encuestas sobre la aceptación que tiene el Ejército entre la ciudadanía –sin cargo presupuestal para la Sedena–, los militares quieren otra opinión sobre su posicionamiento en la sociedad, a través de alguna de las compañías afiliadas a la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado (AMAI).
Te podría interesar
El interés del alto mando castrense surge en el contexto de las críticas de quienes advierten una “militarización” en México, luego de que el gobierno de la 4T ha dado amplias facultades a las fuerzas armadas para intervenir en actividades anteriormente reservadas para civiles, y ante la ampliación del periodo para tareas de seguridad.
Es por ello que la institución, que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval, pidió a consultoras que envíen sus propuestas con el fin de evaluarlas y escoger la mejor.
Te podría interesar
La fecha límite fue el 31 de agosto de 2022 y participaron empresas como Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad (Epadeq), Suasor Consultores, así como Mendoza Blanco y Asociados, entre otras.
De acuerdo con los informes filtrados por Guacamaya, la dependencia puntualizó que la investigación de mercado determinará si la encuesta –independiente a la que lleva a cabo el Inegi– es asignada mediante adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas o licitación pública.
¿Qué desean saber los militares?
La Sedena hizo llegar una convocatoria a los miembros afiliados a la AMAI para que presenten sus proyectos para llevar a cabo el servicio de encuesta anual bajo las siguientes premisas:
“El servicio consistirá en una encuesta anual de vivienda (cara a cara) y cuatro trimestrales, vía telefónica, durante el año 2023, con el propósito de medir el nivel de confianza, cercanía y respeto por parte de la población del país hacia el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, entre otros aspectos”.
Las fuerzas armadas desean saber además lo que la población percibe del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comparándolos con las instituciones gubernamentales del rubro de seguridad como la Marina y Guardia Nacional, del ejecutivo federal, medios de comunicación, sector empresarial, partidos políticos, así como con los poderes legislativo y judicial.
Las evaluaciones serán supervisadas por la Sección de Análisis de la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena y deberán comprender 8 mil entrevistas cara a cara a ciudadanos de 18 a 65 años, de todos los niveles socioeconómicos.
El instrumento de recolección de datos será un cuestionario estructurado de 40 a 50 preguntas abiertas propuesto por el oferente, sujeto a la aprobación de la Sedena.
La encuestadora deberá generar estratos de datos de acuerdo al sexo, edad, escolaridad, nivel socio económico e ingresos en las 12 Regiones Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de forma que el estudio no sólo cuente con representatividad nacional y estatal, sino también regional.
De algunos de las propuestas hackeadas por Guacamaya se desprende que Epadeq cobraría 1 millón 500 mil pesos que incluye servicios profesionales, gastos de realización e IVA.
Mientras que Suasor Consultores cotizó sus servicios en cuatro millones 711 mil 920 pesos con IVA.