Xalapa, Ver. - A pesar de los vicios en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción de Veracruz, Marcos Even Torres Zamudio -quien no reunió los votos de las dos terceras partes de los diputados en la sesión ordinaria del pasado 24 de julio-, la fracción del MORENA se habría resignado a dejarlo en ese cargo, al menos hasta noviembre de 2018, cuando entre en funciones la nueva Cámara.
Fueron muchos los amagues de los legisladores locales en funciones, de los diputados electos y hasta del próximo gobernador Cuitláhuac García, sobre impugnar la designación de Torres Zamudio. Pero el tiempo legal se agotó y ahora se limitan a pedir al Fiscal Especializado a presentar su renuncia, al considerar ilegal e ilegítimo su nombramiento.
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De ese modo, los anuncios de la oposición quedaron en simple amenaza ante los medios de comunicación, pues no recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a interponer una acción o controversia de inconstitucionalidad que venció el pasado 23 de agosto, de acuerdo con el coordinador de la bancada morenista Roberto Zenyazen Escobar García por el temor de que los Ministros validen la designación de Torres Zamudio, con lo que se agotaría el proceso de remoción para la próxima Cámara.
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ha sido criticado en las últimas dos administraciones por supuestos intentos de los mandatarios en turno de imponer a personajes cercanos para cubrirse las espaldas. Javier Duarte lo intentó, pero fracasó; Miguel Ángel Yunes Linares fue el único que habría conseguido su cometido.
La más reciente polémica de la designación de Marcos Even Torres se generó a raíz del anuncio que todos los juicios de amparo, 25 en total, promovidos por ciudadanos y aspirantes a Fiscal Anticorrupción se habían desechado por integrantes de diversos juzgados federales.
Al hecho se sumó la denuncia de tres de los aspirantes encabezados por Jeremías Zúñiga Medano, que acusaron diversas irregularidades de parte de la Presidenta del Congreso de Veracruz, María Elisa Manterola, quien, a su decir, se excedió en sus atribuciones al publicar una fe de erratas en la Gaceta Oficial del 2 de enero del 2018, en el número extraordinario número 4, que motivaba cambios en los artículos transitorios que daban paso al proceso de selección del Fiscal Especial.
Ello derivó en una denuncia penal para que se le pueda iniciar un juicio político a la panista, sin embargo, de no probarse sus dichos, los abogados podrían ser contrademandados por falsas acusaciones.
PRI allana el terreno a Marcos Even
En diciembre del 2017, legisladores locales aprobaron una reforma a la Ley de la Fiscalía General por la que se creó un capitulo que establece cuál será la función del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
En los artículos transitorios de la Gaceta Número 76 -del 19 de diciembre-, se establecieron las reglas para la designación del Fiscal Anticorrupción, que por única ocasión sería votado por el Congreso local. Se determinaron los plazos para la emisión de la convocatoria.
Cuando se votó el proyecto de decreto, durante la Octava Sesión Ordinaria, el PRI en voz del diputado José Arenas planteó algunos cambios a los artículos transitorios. Pidió que en caso de no obtener las dos terceras partes para designar al Fiscal Especial se aplicara el mismo criterio que del Fiscal General del estado que da, como última opción, la atribución al Ejecutivo para el nombramiento.
Pese a lo planteado por el priísta, que aprobaron la mayoría de los legisladores, desde el Congreso se remitió a la Editora de Gobierno el documento original, éste se incorporó a la Gaceta Oficial del Estado del 21 de diciembre.
Al percatarse del error, plantearon los “cambios” que se publicaron el 2 de enero en número extraordinario número 4, las condiciones de votación se adecuaron a las necesidades del PAN y su incapacidad para lograr la votación de las dos terceras partes.
Se desplazó la obligación constitucional que establece que para designar a cualquier funcionario se requieren al menos 34 votos, por la decisión de la mayoría. En la fe de erratas se incorporó la opción de que en caso de que ninguno de los integrantes de la terna obtuviera la votación requerida, se presentaría un nuevo dictamen con solo dos candidatos, quienes obtuvieran la mayor cantidad de votos. Sin el respaldo de la mayoría, se planteó una segunda terna, en la que podrían participar los mismos candidatos.
La convocatoria da atribuciones extraordinarias a tres diputados
Dos días después de que se rectificó el dictamen, el 2 de enero de este año, se votó en el pleno la Convocatoria para la designación del Fiscal Anticorrupción, en ese documento tampoco se respetó lo publicado en la Gaceta Oficial en la fe de erratas.
La nueva trampa involucraba a tres diputados, dos del PAN y uno de Morena, les dieron la atribución a los integrantes de la comisión de Procuración de Justicia, José Luis Enríquez Ambell, Maryjose Gamboa y Roberto Zenyazen Escobar, para determinar qué pasaría después de someter a votación en dos ocasiones la misma terna.
“En caso de que después de la votación, ninguno de los integrantes de la terna obtenga la mayoría calificada, se someterá nuevamente a votación a los dos aspirantes, que obtuvieron la más alta votación, en caso de que ninguno obtenga la mayoría calificada la Comisión tendrá que presentar una segunda terna, en la que podrán participar los aspirantes de la primera”.
Esa nueva condición le dio la posibilidad al PAN para emitir un dictamen a modo, en el que se suplió la obligación de reunir la votación de las dos terceras partes, por simple mayoría, hecho que resulta inconstitucional.
En la sesión del 24 de julio, en medio de gritos, empujones e insultos, el PAN y PRD, improvisaron una Mesa Directiva para someter a votación la designación, y suplieron al Secretario de manera irregular, lo que vició el trámite legislativo.
Una vez que concluyó la sesión ordinaria, Morena, PRI y Juntos por Veracruz ofrecieron rueda de prensa, ahí pidieron a los aspirantes tramitar amparos, evitaron confirmar si impugnarían el trámite, pese a las violaciones de la ley del Poder Legislativo.
Morena se resigna
El coordinador de Morena en el Congreso local, Roberto Zenyazen Escobar, afirmó que el plazo legal de 30 días naturales venció el pasado 23 de agosto, pese a que la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política, establece que para la presentación de acciones o controversias el plazo es de 30 días hábiles, es decir, no se contabilizan sábado y domingo, ni días feriados.
Morena determinó no actuar, pues en caso de que los Ministro desecharan sus recursos de impugnación, la próxima Cámara local, que entra en funciones el 5 de noviembre y en la que son mayoría, no podría revocar el nombramiento de Marcos Even.
mvf