La mira está puesta en la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, pues a pesar que desde hace años investigaciones periodísticas señalaron al exmandatario capitalino y a su círculo cercano por distintos hechos de corrupción, el Gobierno de Sheinbaum ha afirmado que están bajo la lupa.
Luego de que en septiembre de 2020, la Fiscalía capitalina confirmara que se indagaba una red de vínculos de funcionarios de todos los niveles, comenzaron a destaparse los nombres de los funcionarios.
Actualmente, son 35 los exfuncionarios involucrados -de los cuales 12 ya enfrentan un proceso en curso- en un desvío de alrededor de mil 500 millones de pesos. Estos hechos fueron clasificados por la fiscal Ernestina Godoy como "uno de los hechos de corrupción más grandes de los que se tenga registro en la Ciudad de México y uno de los más relevantes y conocidos en el país".
LOS FUNCIONARIOS CLAVE
Una de las detenciones clave fue la de Miguel Ángel "N", exsubsecretario de Administración y Desarrollo Humano en la Secretaría de Finanzas y quien recopiló una parte de los recursos desviados que informó la Fiscalía.
Miguel Ángel fue conocido como el operador financiero de Mancera e incluso por él se creó la Subsecretaría de la que fue titular en la administración pasada.
Fue señalado por meter recursos de la administración pasada para incidir en las elecciones de 2018 y acumuló señalamientos por su papel discrecional en el manejo de las finanzas de la capital. Inclusive, en el periodo de transición no entregó los datos sobre la nómina, por lo que se le señaló como el principal obstáculo para conocer el número de aviadores en la administración mancerista.
Previo a su detención, Hedilberto "N" y Julieta "N", subsecretarios de Egresos y Finanzas fueron detenidos por desvío de recursos.
Ellos, además de estar involucrados con el desvío del fideicomiso 7579-2 para la reconstrucción, formaban parte del círculo más cercano de Miguel Ángel "N".
Actualmente Hedilberto y Miguel Ángel fueron vinculados a proceso por actuar en perjuicio de la Hacienda Pública ya que se comprobó que en 2017 adjudicaron en conjunto un contrato de prestación de servicios para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta retenido a trabajadores de 2015 a 2017 "sin que la empresa justificara las labores encomendadas y en contravención a la normatividad aplicable".
La #FGJCDMXinforma que un juez de control vinculó a proceso a Miguel Ángel “N”, ex subsecretario de Administración y Desarrollo Humano y Hedilberto “N”, director general de administración durante la pasada gestión pic.twitter.com/jR5PkwPeba— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 29, 2020
Por este contrato, del que aseguró la Fiscalía no tenía la necesidad de realizar, se detectaron 290 millones de persos desviados en el pago de nóminas para la estructura de una nueva agrupación política que buscaba su registro.
Además de Hedilberto, Julieta y Miguel Ángel "N", Néstor y Synthia "N",estarían involucrados en el desvío de finanzas, la empresa "Enrédate" y el asesintato del empresario Martín Rodríguez, relacionado con una de las empresas fantasma que participó en el desvío.
Raymundo Collins es otro personaje clave en el entramado de la red mancerista y los exfuncionarios buscados puesto que en 2020 se giraron órdenes de aprehensión y extradición en su contra.
Durante la administración anterior, Raymundo Collins estuvo en el Invi y tras la salida de Mancera fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
De estos cargos, su paso por el Invi tuvo una serie de irregularidades debido a que se le investiga por uso ilegal de atribuciones y facultades ya que se presume que compró un inmueble para el instituto. Desde que se dio a conocer la investigación en su contra, fueron asegurados los vehículos hallados en su domicilio.
Al respecto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum negó que se trate de una persecución política en contra de Collins, si no que existe evidencia de sus actos de corrupción y "tiene que devolver lo que robó".
En el caso de Edgar Tungüí, extitular de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, existe una orden de aprehensión desde 2019 con la Procuraduría capitalina y una ficha roja ante la Interpol. Este jueves 2 de abril, el exfuncionario mancerista fue capturado en Madrid, España.
La orden en contra de Tungüí es por el delito de atribución ilegal de funciones pues existe evidencia y carpetas de investigación por otorgar contratos con sobreprecio a una empresa ligada con su hermano Carlos Tungüí.
En octubre de 2020, Jorge Eduardo "N" quien fuera Director General de Construcción de Obra Civil en la Secretaría de Obras y Servicios en la administración pasada y ligado a Tungüí, fue detenido por participar en la contratación indebida de empresas privadas para la demolición de edificios afectados por el sismo de 2017 en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán.
Trabajos de campo y gabinete por agentes #PDI de la @FiscaliaCDMX, permitieron la aprehensión de un hombre en #Queretaro por su probable participación en el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, en @Alcaldia_Coy y @AlcaldiaBJ #CDMX https://t.co/Pp1jpwK06l pic.twitter.com/MFZXTz7cJe— Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) October 8, 2020
Al igual que Tungüí, Felipe de Jesús Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta con una ficha roja ante la Interpol y una orden de aprehensión por parte de la Procuraduría en 2019.
Es investigado por actos de corrupción, cambios de uso de suelo y polígonos de actuación.
Héctor Serrano, conocido como el operador político de Miguel Ángel Mancera es investigado por presidir una red de espionaje en contra de funcionarios públicos y académicos.
Aunque su nombre no figura en la lista de nombres presentados por el Gobierno capitalino, cuando se dio a conocer la red de espionaje, el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, notificó que se abrió una carpeta de investigación en contra de todos los funcionarios que participaran en esta red de espionaje, sin importar el nivel.
Luis Serna
LAS INVESTIGACIONES PERIODÍSTICAS
EL CÁRTEL INMOBILIARIO
La Silla Rota reveló en febrero del 2018 que en ese entonces funcionarios, o sus familiares, de la Ciudad de México eran socios de empresas inmobiliarias beneficiadas o intocables a pesar de irregularidades.
Por ejemplo, el patrimonio del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y sus dos cercanísimos amigos y compañeros en la administración pública, Luis y Miguel Serna fue adquirido a desarrolladores inmobiliarios a quienes posteriormente Mancera incorporó a su gabinete: algunos incluso se convirtieron en sus socios como Simón Neumann Ladenzon y Fausto Galván Escobar.
El primero fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en los dos primeros años del gobierno de Mancera y posteriormente fungió como asesor; el segundo fue coordinador general de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad, de la Secretaría de Economía, quien después renunció al cargo cuando ésta casa editorial reveló el entramado de intereses.
Este portal reportó que Simón Neumann, entonces titular de Seduvi, era pieza fundamental en dirigir procesos urbanos desde el gobierno para beneficiar a un grupo.
Neumann era socio y apoderado legal de los principales desarrolladores inmobiliarios de la Ciudad de México. Desde la oficina pública lideraba a un grupo de exempleados de BAITA y DEKAH, empresas inmobiliarias, que fueron colocados en sitios estratégicos en el desarrollo urbano capitalino.
Asimismo, otro tipo de acciones realizadas por el Cártel Inmobiliario era la inspección de inmuebles intestados para adquirirlos y construir grandes desarrollos.
LA RECONSTRUCCIÓN FALLIDA
La Silla Rota reveló en septiembre de 2018, en una investigación en alianza con el Huffington Post México titulada #ReconstrucciónFallida, que el entonces comisionado entregó millones de pesos en contratos a la empresa donde laboraba su hermano Carlos Tungüi, lo que está prohibido según los códigos aplicables a servidores públicos.
Existen al menos seis carpetas de investigación contra Tungüí por el otorgamiento de contratos con sobreprecio a esta empresa ligada con su hermano, y otras por sobreprecios relacionados con la demolición de inmuebles tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Los sobrecostos, acorde con las pesquisas, llegaban a casi el 400%, pues la administración de Mancera pagó alrededor de 2 mil pesos por demolición de metro cuadrado, hechos que no estaban evaluados por una comisión de especialistas. La empresa bajo investigación es Cal y Mayor Asociados, vinculada a la demolición de inmuebles dañados y al proceso de reconstrucción.
LOS INMUEBLES SIN DECLARAR DE LUIS SERNA
En septiembre de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Luis Serna cuenta con cuatro inmuebles como parte del patrimonio familiar, por 31.8 millones de pesos, que nunca declaró como propios.
Asimismo, Serna usó una tarjeta American Express perteneciente a Jack Landsmanas, dueño del corporativo Kosmos, para gastar 23 millones de pesos entre 2016 y 2018.
Y aunque Serna niega que fuera esa cantidad, acepta que usó la tarjeta del empresario como parte de “un préstamo”, el cual presuntamente fue inscrito ante notario en 2014, cuando todavía era funcionario, y ya fue pagado.
Además, la esposa de Luis Serna, María de los Ángeles Simón Aguirre, incrementó su patrimonio entre 2014 y 2016 – una propiedad donada y tres pagadas al contado- con valor de 31.8 millones de pesos.
Los tres inmuebles valuados en 26 millones de pesos y pagados al contado, corresponden al departamento 401 del complejo Amsterdam B en Av Santa Fe 482, y otras dos propiedades en la colonia Tlacopac, delegación Álvaro Obregón.
LA RED DE ESPIONAJE
El diario español El País y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dieron a conocer en septiembre de 2020 que en el caso del entramado de espionaje, Héctor Serrano, funcionario de alto nivel durante la administración de Mancera, es el principal señalado.
Otro funcionario mancerista es Gustavo Caballero, policía de investigación y director general de técnicas y tecnologías de la Coordinación General de Políticas de Administrativas de Planeación y Organización de la PGJDF durante dicha administración.
La oficina localizada en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling donde se instaló el centro de espionaje, operó por aproximadamente 5 años.
Al interior del lugar, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, Patricia Mercado, Ricardo Monreal y 115 políticos, académicos y funcionarios públicos fueron espiados, es decir, sus mensajes en Telegram y conversaciones telefónicas fueron intervenidas.
En dicha oficina, 30 personas en horarios variados, intervinieron conversaciones, seguían ubicaciones y realizaron presuntos planes de seguridad con la ayuda de 42 computadoras, drones, motocicletas y automóviles.
En el reporte de MCCI, la jefa de Gobierno reveló que era un “secreto a voces” que el Gobierno de Mancera espiara a la oposición, incluso durante la conferencia matutina indicó que la prueba con la que puede afirmar que se intentaba obtener información privada de ella era que durante mucho tiempo recibió notificaciones de que intentaban entrar a su correo electrónico.
fmma