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Mikel Arriola fomenta discurso de odio: expertos

Retroceder en derechos iría en contra de normas internacionales y nacionales, señalan expertos. El PRI está desesperado por tener presencia en la ciudad, dijeron

Escrito en METRÓPOLI el

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- La propuesta del candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, de someter a consulta y revertir diversos derechos ya reconocidos en la Ciudad de México, como la interrupción legal del embarazo, los matrimonios igualitarios y la adopción de parte de parejas del mismo sexo, implicaría una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, a las constituciones federal y  de la capital de la República y leyes locales, señalan expertos.


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Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esos derechos son constitucionales, señalaron.

Es una expresión muy acabada de la regresión autoritaria que vive el PRI no sólo a nivel federal, sino a nivel local, y también es una expresión de desesperación electoral, tratando de encontrar un nicho que le dé alguna presencia en la ciudad”, afirmó el ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza.

Enfatizó que es muy penoso que un candidato tenga ese tipo de manifestaciones pues es una confesión de su gran desconocimiento en materia de derechos. Los derechos humanos no se someten a consulta.

“Es muy penoso. Entender la construcción de derechos como libertinaje refleja una gran ignorancia”, sentenció.

Por su parte, Pilar Noriega quien, además de haber formado parte de la Comisión de la Verdad de Guerrero fue primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  señaló que el artículo 29 de la Convención Americana señala claramente que no se puede limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes.

“Los derechos humanos son irrenunciables y no porque se sometan a consulta se puede disminuir el alcance de esos derechos. Es inadmisible que ahora quieran iniciar la práctica de consultar pues los derechos no se otorgan, se reconocen”, dijo.

A su vez, Alejandra Nuño, experta en litigio estratégico y amplia conocedora del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señaló que el discurso es increíblemente populista y lo que busca es dividir. “Es terriblemente preocupante. Lejos de sumar para que haya menor exclusión, menor discriminación, lo que fomenta es un discurso de odio contra distintos sectores de población”.

Afirmó que lo que se esperaría de cualquier candidata o candidato no es que cuestione que todos y todas tenemos derechos y que los derechos existen, sino que nos proponga como va a implementar acciones para garantizar que los mismos se cumplan. 

La también directora adjunta de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho enfatizó que lo que necesitamos son candidatos que se comprometan con el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Subrayó que México es parte de una serie de convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos y tiene un marco normativo a partir de su Constitución, la Constitución de la Ciudad de México y de otras leyes locales y nacionales que lo que tratan de hacer es garantizar la igualdad para todas las personas.


“Lo que esperaríamos de ese candidato y de cualquier otro es que adopte medidas para que la realidad que ya vivimos sea garantizada para todas y para todos”, indicó

De hecho, el máximo órgano judicial de México ya analizó acciones de inconstitucionalidad interpuestas tanto por la interrupción legal del embarazo como por el derecho al matrimonio igualitario y el derecho de adopción.

En agosto de 2008, tras varias sesiones, la Suprema Corte de Justicia concluyó que son constitucionales las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del entonces Distrito Federal con las que se despenalizó el aborto antes de las 12 semanas de gestación.

Los días 5 y 16 de agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional el artículo 146 del Código Civil de la Ciudad de México en el que se establece que matrimonio es la unión libre de “dos personas” para realizar la comunidad de la vida, sin que se establezca que debe ser la unión de un hombre y una mujer; también resolvió que es constitucional el artículo 391 relativo a las adopciones.

El ministro Sergio Valls, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, señaló que si no se declaraban constitucionales esos derechos, "sería constitucionalizar la discriminación, cualquiera que sea su tipo u origen, evitando la existencia de familias homoparentales o haciendo que no existen".

Incluso la ministra Margarita Luna Ramos, quien se ha distinguido por sus posiciones conservadoras,  aseguró que cualquier pareja responsable, "más allá del sexo", puede brindar amor a un menor adoptado.

El derecho a la interrupción legal del embarazo quedó plasmado en  el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, denominado Ciudad de Derechos y Libertades. Se planteó en el sentido de que toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad.

También el derecho al matrimonio igualitario está consagrado en el inciso D, numeral 2, del mismo artículo, relativo a los derechos de las familias; se señala que:

“Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado”.

lrc