Una mujer de 83 años murió luego de quedarse atorada y ser arrastrada por un tren del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Tras su muerte la familia acusa negligencia por parte de las autoridades del Metro, ya que aseguran que no se han hecho cargo de los gastos funerarios.
Consta en la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-5/UI-1S/D/1115/08-2021 que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició por el delito de homicidio culposo, que el 12 de agosto pasado, alrededor de las 20:00 horas, María de la Luz iba a descender del convoy en la estación Rosario, cuando uno de sus pies quedó prensado por la puerta del vagón.
El tren dio marcha y la mujer fue arrastrada por varios metros en el andén. La víctima fue trasladada al hospital San Ángel Inn Chapultepec, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos, la adulta mayor falleció a consecuencia de las heridas que presentaba.
Como parte de las diligencias que realiza el Ministerio Público en torno al caso, se indaga si hubo omisión de algún trabajador del STC en el accidente que sufrió María de la Luz, ya que uno de los testigos del accidente aseguró a las autoridades que a pesar de haber accionado la palanca de emergencia el tren siguió avanzando.
Otro de los señalamientos que refieren es que la octogenaria tardó en ser atendida y trasladada al hospital. Aunado a esto, los familiares de la víctima han acusado ante la FGJ que los directivos del Metro no se han hecho cargo de los gastos funerarios de María de la Luz, según informaron fuentes de la FGJ a La Silla Rota.
En mayo pasado la Fiscalía capitalina inició una investigación por el delito de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos, depuesto de que un tramo de la Línea 12 se desplomara junto con dos vagones de un tren, lo que dejó como saldo 26 muertos y más de 100 lesionados, el 3 de mayo pasado.
A más de tres meses del derrumbe, el 98 por ciento de las familias de las víctimas del, ya fueron indemnizadas. Hasta ahora, el monto global de las compensaciones suma 156 millones de pesos, por conceptos de indemnización, entrega de becas, vivienda, fuentes de empleo y rehabilitación integral de las personas lesionadas.
(SAB)