Nezahualcóyotl.- Erika Velázquez lleva casi un lustro en búsqueda de justicia para su esposo Ulises Morales González, acusado de homicidio en el municipio de Tultitlán desde 2018.
“Desde hace cuatro años estamos luchando para obtener su libertad. Él fue torturado, tenemos fotos de cómo fue maltratado y golpeado, estaba hasta inconsciente de tanto golpe”, aseguró su esposa.
La pesadilla para esta familia comenzó el 4 de febrero de ese año, dentro de la casa de los suegros de Erika a donde acudió toda la familia para festejar los 15 años de su hijo menor.
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Con hamburguesas y globos habían preparado el patio de la vivienda para la fiesta; sin embargo, agentes de la policía municipal interrumpieron en la vivienda y sustrajeron a Ulises a golpes.
“Un grupo entró al domicilio rompiendo chapas, portón, ventanas, entraron armados, le pegaron a menores de edad, todas esas pruebas que teníamos a favor de mi esposo no las quiso tomar”, explicó Erika.
De acuerdo con familiares, el operativo se montó entre las 2:00 a 2:40 de la tarde, casi dos horas antes del homicidio por el que fue acusado por el Ministerio Público de la Fiscalía Mexiquense.
“Cuando se llevaron a mi esposo lo tuvieron dando vueltas, lo tuvieron golpeando al llevarlo al ministerio público de Cuautitlán los mismos ministeriales no pudieron recibirlo en las condiciones que estaba porque se desvanecía y perdía el conocimiento.
“Al final lo ingresaron al hospital de Cuautitlán y ahí le dicen que iba a quedar detenido por homicidio”, recordó.
Pese a las presuntas violaciones al debido proceso, Ulises fue sentenciado a 43 años en el penal de Cuautitlán, pero desde hace uno fue trasladado al centro de readaptación social Otumba, sin explicación a sus familiares.
“Los testigos a favor de mi esposo eran mi cuñada y yo, pero no nos quiso tomar en cuenta porque éramos familiares y favorecíamos a mi esposo. También se basó, porque el que lo señala, dice que fue él porque la vecina dijo que había sido él. Nunca se hicieron pruebas, ni investigación, ni peritaje”, señaló su esposa.
Apenas el 12 de febrero de 2021, los mismos agentes que levantaron a Ulises fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de desaparición forzada en agravio de dos individuos.
Se trata de Alma “N”, José de Jesús “N” y José Gabriel “N”, quienes se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Tultitlán cuando interceptaron a las víctimas en la Unidad Habitacional Llanura Verde de esa localidad.
“Ahorita están presos porque detuvieron a los jóvenes, se los entregaron a un grupo encapuchado y al día siguiente los jóvenes amanecieron descuartizados en el mismo municipio de Tultitlán. Es donde decimos cómo le dan veracidad a palabras de personas que hasta ahorita tenemos cómo comprobar que sí son delincuentes”, comentó.
Caravana por la justicia de los injustamente presos
Erika forma parte de decenas de familias integrantes de la Caravana Mexiquense que han recorrido municipios del Estado de México para denunciar la detención ilegal de sus familiares a lo largo de los últimos años.
Este jueves el grupo arribó al municipio de Nezahualcóyotl donde realizaron manifestaciones pacíficas frente al penal Neza-Bordo y el Palacio Municipal para exigir a las autoridades un alto a las violaciones de derechos humanos y la fabricación de delitos que cometen agentes de investigación mexiquenses.
Durante los actos de protesta, integrantes del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero denunciaron que en el Estado de México dos de cada tres personas privadas de la libertad en cárceles mexiquenses han sufrido actos de discriminación durante su proceso judicial. Sostuvieron que en la entidad se han contabilizado cerca de 19 mil 500 casos de abuso por parte de agentes ministeriales.
“Nosotros estamos hablando tentativo de una población de 19 mil 500 con características sospechosas de discriminación solo en él proceso penitenciario mexiquense de una población de alrededor de 33 mil internos.
“Es decir que andamos en el orden del 60% de los presos en el estado que tienen características de discriminación y es inaceptable que cada dos de tres presos estén en condiciones de inocencia y de violación a sus derechos”, afirmó Antonio Lara, integrante del colectivo.
Al inaugurar los recorridos por municipios de la zona oriente donde expondrán casos de personas injustamente presas, el colectivo denunció que en el sistema judicial mexiquense prevalecen las malas prácticas en las investigaciones y la fabricación de delitos.
Pusieron de ejemplo la sentencia de más de 20 años de prisión que pesa sobre la activista de origen la música Kenia Hernández acusada de robar un celular, 500 pesos y una cartera a un supuesto automovilista en el Circuito Exterior Mexiquense.
Lamentaron que a pesar de que organismos internacionales han condenado las violaciones al debido proceso, que omitieron una prueba de geolocalización que demostró que Kenia se encontraba a 500 kilómetros de distancia el día de los hechos, hasta el momento las autoridades mexiquenses se mantienen firmes en la condena.
La caravana recorrerá en los próximos días zonas consideradas como focos rojos en el Valle de México y la Glorieta de los Desaparecidos, para exponer casos de violaciones de derechos humanos.
Finalmente, para el próximo día 14 de septiembre la caravana planea realizar un posicionamiento final en la plaza de los Martínez de Toluca para condenar el actuar de los gentes y la falta de apoyo de las autoridades del gobierno del Estado de México.
MRV