Este lunes, las comisiones de Igualdad de Género, Salud y Estudios Legislativos primera del Senado de la República decidieron detener el debate sobre derechos reproductivos, que incluye atención médica para el aborto seguro y educación sexual obligatoria.

En sesión ordinaria de las comisiones unidas, fueron más las legisladoras que se posicionaron en favor de generar un parlamento abierto para abordar las modificaciones propuestas a la Ley General de Salud, de Educación, de Población, de Derechos de Niños y Adolescentes y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobre la materia.

Durante la reunión, que se llevó a cabo en la modalidad a distancia, todas las senadoras admitieron que diversos grupos religiosos y de la sociedad civil organizada les hicieron llegar mensajes solicitando ser escuchados en un ejercicio de foros abiertos.

En favor de aplazar la discusión del dictamen estuvieron las senadoras Soledad Luévano (Morena), Martha Márquez y Alejandra Reynoso (PAN), Nuvia Mayorga y Sylvana Beltrones (PRI); así como el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro.

En contra de la decisión se posicionaron las senadoras Patricia Mercado (MC) y Jesusa Rodríguez (Morena), quienes argumentaron que las reformas sólo buscan armonizar la legislación con la Norma Oficial Mexicana 046, en materia de acceso a la salud.

“Esto no tiene nada que ver con el aborto, es un atraso terrible y algo que le debemos a las mujeres de este país, es una reforma orientada directamente a prevenir muertes maternas y embarazos adolescentes que solamente han causado dolor y muerte”, señaló la senadora Jesusa Rodríguez.

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La iniciativa

La propuesta, presentada por las senadoras de Morena Martha Lucía Mícher, Jesusa Rodríguez y Citlalli Hernández (Morena), propone que se garantice como derecho básico de salud la atención sexual y reproductiva, el aborto seguro, y el acceso a anticonceptivos.

Pese a que la despenalización del aborto es un tema que se legisla a nivel local, la adecuación de la Ley General de Salud obligaría a los congresos estatales a reformar sus legislaciones para no contravenir la disposición en materia de salud.

La reforma también propone que las Secretarías de Salud y de Educación Pública, en coordinación con los gobiernos estatales, se encarguen de desarrollar y proponer programas de educación sexual integral y reproductiva.

Los cambios a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes proponen que se considere una falta legal negar o postergar el servicio de aborto seguro a mujeres menores de edad, así como forzar la continuación de un embarazo y la esterilización. 

Además, se propone que a partir de los 13 años la interrupción legal del embarazo no requiera del permiso de los padres o del tutor, y en menores a esa edad, cuando no exista autorización, pero sí deseo de la menor, la decisión podrá tomarla la autoridad judicial.

Los apoyos

“Soy legisladora de un Estado laico”, es la frase con la que Xóchitl Gálvez (PAN) resume su postura en favor de una serie de reformas que esta semana se discutirán en la Cámara de Senadores, para permitir la Interrupción Legal del Embarazo, a nivel federal.

La única senadora panista que apoya la despenalización del aborto no está sola, junto a ella caminan otras 24 senadoras, de otros partidos políticos -todas con una postura personal-, que pretenden avanzar cambios en la Ley General de Salud y de Educación. 

Una de ellas es Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, quien afirma que no es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncie en favor del tema, si están ellas para legislarlo. 

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“Él siempre ha dicho que eso se consulta, le hemos respondido que los derechos no se consultan, se reconocen y se legislan. (…) construiremos el acuerdo en el Legislativo, y el Ejecutivo tendrá que acatar lo que se haga en términos de reforma”, asegura.

En el mismo sentido se pronuncia la excanciller y vicecoordinadora del PRI en el Senado, Claudia Ruiz Massieu, quien afirma que las 25 legisladoras que impulsarán las reformas lo hacen por convicciones personales y no por agenda partidista.

“No me parece que sea necesario que el presidente se pronuncie para legislarlo, es un tema del Poder Legislativo y como senadoras así lo asumimos, recogiendo la exigencia de miles de mujeres y también, nuestra convicción personal”, afirma.

Las razones

Xóchitl Gálvez dice que respeta y apoya la postura de su partido para respetar la vida, pero se dice convencida de que el tema no debe penalizarse, sino llevarse al centro de la discusión de salud pública, para que quien tome la decisión no sea perseguida. 

“Yo no soy nadie para juzgar, ni para no ponerme en los zapatos de mujeres que toman esa decisión. Creo en el Estado laico y creo que la confusión ideológica es que sienten que en el momento que no es delito se permite que todos lo hagan, y no es cierto”.

Claudia Ruiz Massieu afirma que el tema debe eliminarse por completo del ámbito penal, por lo que, si se logra, en la Reforma al Sistema Judicial, legislar un Código Penal único, el grupo de legisladoras buscará que el tema no se discuta.

“Las mujeres tenemos derecho a un marco legal que garantice que ésta es una causa de salud pública y de justicia social, que tiene que ver con la igualdad y la seguridad en torno a la salud de las mujeres y, además, reconociendo que ésta es una realidad que no podemos ignorar.

“Solamente en dos entidades está despenalizado (el aborto) y es un tema que no debe, no tiene por qué estar en el ámbito penal, por eso nos pronunciamos también porque, si logramos expedir un Código Penal único, no esté ahí el tema del aborto, debe estar en la Ley General de Salud, de Educación”, señala. 

Otras posturas

El colectivo Mujeres Libres y Soberanas expresó su posicionamiento en contra de la propuesta de reforma, a su decir, porque “busca pervertir sexualmente a las niñas y adolescentes” al promover el ejercicio libre, seguro y placentero de la vida sexual.

“Está en riesgo la patria potestad de los padres sobre sus hijos, la libertad de los padres de decidir sobre la educación de sus hijos, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, el interés superior de la niñez, el derecho a la vida y el derecho a la salud”, según acusaron.

Cabe recordar que las iniciativas planteadas en la misma materia, ante la Cámara de Diputados, se han detenido por la presión de grupos religiosos que, incluso, tuvieron acceso a las sesiones de la Comisión de Igualdad, antes de la epidemia de covid-19.