En Guanajuato rechazamos el llamado Plan B. Y hasta lo combatimos jurídicamente para hacer valer el derecho de las minorías políticas a debatir los cambios al sistema democrático del país en un proceso legislativo claro, prudente y de cara a la sociedad. Eso requiere de un ingrediente indispensable: tiempo.
El Gobernador del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la segunda parte del Plan B, un paquete de reformas electorales (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial y una nueva Ley General de los Medios de Impugnación) impulsado en vía rápida -fast track- de manera atropellada e inconstitucional por la mayoría morenista y aliados del Congreso de la Unión.
Previamente impugnó también la primera parte de ese Plan B que correspondía a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esa parte que ya la Corte suspendió definitivamente precisamente por las violaciones al proceso legislativo.
Por cierto, el propio Congreso local interpuso Controversia Constitucional en la primera parte, que fue desechada por la Corte, y se aprobó luego un exhorto para pedirle al Gobernador que juntos el Poder Legislativo y el Ejecutivo, presentaran su demanda.
¿Y entonces? ¿qué pasó? ¿por qué el jueves pasado los grupos parlamentarios del PAN y el PRI -menos la diputada Yulma Rocha- presentaron una iniciativa de reforma la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato que se basa en la idea de que el Plan B subsistirá a pesar de que ya se cayó la primera parte? ¿no son serias sus impugnaciones? ¿son malas? ¿o es el puro gusto de también avasallar a las minorías?
Porque en el Congreso están actuando como si en realidad no quisieran que la Corte finalmente suspendiera definitivamente los efectos de la totalidad del Plan B, lo que -a decir de muchas y muchos especialistas- es lo más probable por ocurrir. Y pronto.
¿A qué me refiero de manera concreta? A que en la iniciativa del PAN-PRI se propone homologar los tiempos de inicio del proceso electoral 2023-2024 -que es prácticamente de un año calendario ahora y que debería iniciar en septiembre próximo- recorriéndolo a noviembre, basados en el Plan B. Sí, el que se va a caer.
Entonces, cuando el Plan B se caiga, la reforma de Guanajuato basada en alargar esos tiempos se convertirá de manera automática en inconstitucional, por contravenir a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que recuperará su texto anterior -en el que decía que el proceso debe iniciar en septiembre-.
Aquí dicen quienes defienden la iniciativa guanajuatense, que lo que pasa es que el Congreso tiene libertad configurativa para modificar los tiempos, y sí. Pero la trampa es otra. No cualquier tiempo.
Porque nos están pidiendo a todas las fuerzas políticas que agilicemos los trabajos de análisis, un análisis que no sabemos si atenderán, para que su reforma se apruebe en tiempo récord de una semana.
Debo explicar aquí que una semana no es lo mismo que los 7 minutos que en el Congreso de la Unión se tardó en iniciar el trámite del Plan B desde su presentación hasta su aprobación y sin lectura, guardemos las proporciones. Pero esta iniciativa la conocimos el jueves, se radicó y se fijó metodología el mismo día y antes de que terminara la semana ya se habían citado dos mesas de trabajo para el mismo lunes por la mañana sin que concluya el brevísimo plazo que se había acordado.
¿Qué nos preocupa? No basta recorrer el calendario en Guanajuato para ganar el tiempo que no tenemos para lograr consensos. No basta, porque ese tiempo no es real si no subsiste el Plan B. Sí, el que se va a caer.
La Constitución -antes del Plan B- en su artículo 105 explica que no puede haber reformas electorales a leyes federales o locales por 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Un asunto de elemental certeza jurídica.
Si pensamos en 90 días anteriores al proceso que debería iniciar en septiembre, estos corren -contados hacia atrás- en los meses de agosto, julio y junio. Es decir, que tenemos como límite mayo para hacer cualquier reforma electoral.
Repito, cualquier reforma electoral.
El truco entonces está, en el engaño o autoengaño, de que si todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Guanajuato avalamos su iniciativa fast track para recorrer el inicio del proceso electoral hasta noviembre, tendremos tiempo de que se estudien todas las demás iniciativas pendientes que no han recibido este cortés y conveniente trato privilegiado en la Comisión de Asuntos Electorales.
Autoengaño si lo creen. Engaño si nos quieren hacer caer en ese error.
Si el Plan B a la guanajuatense pasa, pero el Plan B nacional cae, no habrá tiempo de nada más para Guanajuato. Nada es nada.
La Bancada Feminista ha presentado dos iniciativas desde la perspectiva de género para tratar de emparejar los terrenos electorales para las mujeres en competencia, y hasta para las infancias y juventudes -con la 3 de 3 contra la violencia-. Contienen, además, reformas necesarias para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género y otros temas relevantes.
Y entonces se repite la historia como tantas veces, como ocurrió con la 3 de 3 contra la violencia apenas el mes pasado en el Senado. Los derechos de las mujeres no se negocian políticamente y las mujeres sabemos que para garantizarlos se deben discutir ya.
Exigimos que las dos iniciativas de perspectiva feminista se estudien a la par de esta que tanta prisa lleva, porque disponen para ser válidas constitucional y legalmente del mismo tiempo.
Que no nos engañen. El tiempo sí se agota, pero para todos y para todas las iniciativas.
El que presume de ser el mejor Congreso local del país no puede permitirse este atropello.
Plan B no.
En Guanajuato tampoco.
Dessire Ángel Rocha