Hidalgo (La Silla Rota).- Después de que organizaciones defensoras de derechos humanos y la libre expresión cuestionaran el actuar de la Procuraduría y el Tribunal de Justicia de Hidalgo en el caso de Leonardo García Vázquez, ciudadano que denunció públicamente un posible conflicto de interés del exsubsecretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo Marco Antonio Rico Moreno, y vinculado a proceso por el presunto delito de difamación en contra de la Constructora Sylma –propiedad de Sylvia Rico Moreno, hermana del exfuncionario–, el gobernador Omar Fayad Meneses cambió su postura sobre el hecho y el extrabajador.
El 25 de julio, en entrevista posterior a la sesión solemne del Congreso estatal en la que entregó la medalla post mortem a Ramón Guillermo Bonfil Viveros, el mandatario dijo que “los gobiernos no pueden reaccionar por lo que un medio de comunicación diga” y que, por ello, “tú no puedes iniciar una carpeta de investigación”.
Asimismo, sugirió que la revelación de este posible conflicto de intereses, las 91 licencias de construcción que Constructora Sylma recibido mientras Rico Moreno fungió como funcionario –y 81 más para Crimsa –de la que el exsubsecretario es accionista mayoritario– está relacionada con “cosas en pugna”, que no especificó.
“Cuando las cosas están en pugna, pues te aparecen una serie de cosas que sin el sustento debido pues no puedes tú por cada nota periodística arrancar un proceso de investigación”, insistió.
Sin embargo, después de los cuestionamientos sobre la posible inhibición del derecho a la denuncia en este caso, por el cual Artículo 19 exhortó a la Procuraduría para que “se abstenga de usar el tipo penal de difamación para inhibir libertad de información sobre corrupción de funcionarios”, y a que la Comisión de Derechos Humanos de la entidad reconociera el uso innecesario de la fuerza policial, Fayad Meneses declaró que no va a defender a “ningún fraccionador”, en referencia a quien era su funcionario, porque, añadió, no permitirá que “se manche” la actuación de su gobierno.
Asimismo, habló sobre la renuncia –por motivos personales, según el secretario de Gobierno Simón Vargas– de Marco Antonio Rico: “Yo le dije que era mejor que no estuviera en el gobierno del estado si era tan exitoso fraccionador, que lamentaba lo ocurrido y ojalá se defendiera en los medios competentes”.
Como el gobernador, la contralora Citlali Jaramillo Ramírez expuso el 21 de agosto: “No podemos actuar con base a rumores, porque sería una ‘cacería de brujas’ que no tendría sustento”, dijo, en entrevista, la secretaria, quien añadió que no hubo “ninguna llamada, alguna queja formal” por el presunto conflicto de interés.
Fue hasta un día después de la vinculación a proceso de Leonardo García, el 15 de enero, después de las críticas por el actuar de la fiscalía y el tribunal, que el secretario Simón Vargas aseguró que investigarán al exsecretario de Obras Públicas, debido a que dos empresas propiedad de su familia recibieron 272 licencias de construcción mientras él desempeñó el cargo público.