OAXACA, Oaxaca.- En la entidad, más de mil 500 millones de pesos invertidos en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Adversarial se desperdiciaron. A pesar de que Oaxaca fue pionero en su implementación en 2008, ahora enfrenta un rezago de 10 años.
Esto, de acuerdo al diagnóstico “Consolidación del Sistema Penal” y al propio Fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, quien afirmó que faltó voluntad política en los gobiernos anteriores a Alejandro Murat.
Tras cinco años de prisión, salen libres activistas oaxaqueños
Los recursos, procedentes en su mayoría de la federación, se destinaron infraestructura, equipamiento, planeación, normatividad, capacitación, difusión y creación de centros de justicia, que en los hechos no se ven reflejados.
En 2016 un reporte del entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera expuso que 36 millones de pesos se invirtieron en equipamiento tecnológico de 18 salas de juicio oral, en distintas regiones del estado.
Además de 700 millones de pesos en la edificación de 10 centros ubicados en Sola de Vega, el Espinal, Huatulco, Tuxtepec, Tanivet Tlacolula, Ejutla, Ixtlán, Huajuapan, Putla y Miahuatlán de Porfirio Díaz.
En el informe que presentó el actual magistrado presidente del TSJEO, Raúl Bolaños Cacho reportó que recibió el proyecto de los centros de justicia con un avance de ejecución de obra de un 60 a 70 por ciento. Actualmente solo operan 9 centros y se prevé que este año entre en operación el de El Espinal y Tuxtepec.
Ante esto, el gobernador Alejandro Murat se comprometió a combatir los rezagos que han quedado en la implementación y mejora del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
"De ahí la relevancia de esta Conferencia Nacional, pues nos permitirá abrir un espacio para el análisis y toma de decisiones sobre la importancia de mejorar y consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo el país y fortalecer la seguridad en nuestros estados”, expresó el pasado 11 de octubre.
Oaxaca se quedó estancado
El diagnóstico “Consolidación del Sistema Penal” realizado en 2016 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual reportó que Oaxaca, Sonora e Hidalgo eras los estados más atrasados. La entidad oaxaqueña resultó ser la de mayor retraso con una calificación de 7.4 puntos. Es decir, una década después de su implementación, sigue igual.
Incluso, el propio Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez admitió que, con toda la inversión realizada, la consolidación de este sistema no avanza.
“Fueron una serie de circunstancias que hicieron que se estancara y no siguiera evolucionando como se esperaba. Los más importantes indicadores y estudios de los últimos años, uno de ellos en el 2016 se colocaba a Oaxaca en el último lugar, un estudio más reciente coloca a Oaxaca en últimos lugares”.
Vasconcelos Méndez justificó que el rezago se debe a que faltó voluntad política de quienes se encontraron al frente de los órganos del sistema de justicia en esos años; es decir, en los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo.
“En la actualidad todos los órganos del sistema de justicia están comprometidos con la consolidación del sistema, hablo de la Fiscalía, Secretaría de Seguridad, Instituto de la Defensoría Pública y del Tribunal Superior de Justicia”.
De acuerdo con en el Nuevo Sistema de Justicia Penal la prisión preventiva debe ser la excepción y no regla, para ello a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos se busca solución, donde sea más razonable reparación del daño se cumpla.
“Es cierto que actualmente se presentan casos de personas detenidas por portación o acopio de armas y robo de hidrocarburo y salen de inmediato, pero se debe a que en muchos estados del país no se consolidaron las unidades de medidas cautelares”, señaló.
Esto se debe a que existe un desfase entre la aprobación de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, aprobada en 2014 y la reforma constitucional que fue en el 2008.
En tanto que México Evalúa, en el Índice de Confianza en la Justicia Penal 2011 a 2017 señala que Oaxaca alcanzó -3.7 en la implementación del NSJP; señala que se cuenta con 22.7 policías por cada 100 mil habitantes, 11.1 de ministerios públicos y apenas 0.7 facilitadores.
De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca trabajan para combatir los rezagos, en especial en los mecanismos de justicia alternativa. Tan sólo el pasado 7 de octubre se llevó a cabo el
Primer Congreso Nacional de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, al que acudió el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizaíno Zamora.
El SPJ no respeta derechos indígenas
Otra de las deficiencias que enfrenta el Sistema de Justicia Penal es que no cumple con las expectativas en materia de derechos indígenas.
La abogada Violeta Hernández del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A. C. (Cepiadet) explica que un diagnóstico realizado en 2012 sobre la implementación del SJP determinó que careció de un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas.
En Oaxaca por la composición socio-cultural era necesario la consulta y lo que hicimos fue constatar que las instancias involucradas aceptaron que no existió este proceso.
La abogada dio que el impacto que se tuvo fue en dos momentos: en el ejercicio de la jurisdicción indígena reconoce de manera limitada el ejercicio y resta la autonomía de las comunidades indígenas, es limitativo e inconstitucional.
Por el otro lado, no es garantista pues siguen existiendo casos donde no existe certeza jurídica cuando la autoridad indígena resuelve.
mvf