MEXICALI.- Desde que el Congreso de Baja California aprobó siete nuevos impuestos, por iniciativa del gobernador Jaime Bonilla, el empresariado de la entidad promovió una defensa con base en el amparo colectivo.
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Hasta el momento se tienen registros de que más de cuatro mil empresarios de Baja California se han amparado contra estos nuevos impuestos, en especial contra el impuesto a la gasolina, a casinos, la licencia sanitaria y el incremento a la sobre tasa del ISN, entre otros.
De acuerdo con datos del Consejo Coordinador Empresarial, un total de 4 mil 100 empresas, más sus subsidiarias, presentaron su respectiva defensa ante juzgados de distrito en materia de amparo del Poder Judicial Federal, para invalidar dichas cargas tributarias y, de esta manera, no enfrentarse a lo que llamaron una sobrecarga impositiva.
Dichos impuestos le han significado a las arcas del gobierno de Bonilla Valdez por lo menos 2 mil 400 millones pesos.
LOS AMPAROS
Las legislaciones impugnadas, de acuerdo con información de Zeta, son el decreto a través del cual se reforma el impuesto sobre remuneraciones de juegos y sorteos (casinos); Ley de ingresos del estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, título segundo, capítulo II, artículo 3 segundo párrafo (Nómina); Decreto 40, mediante el cual se reforma el artículo 6 del capítulo V, artículo 8 bis del capítulo VIII, artículo 8 ter del capítulo IX de la Ley de Ingresos para el estado de BC (Hoteles).
La reforma a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Ley de Hacienda del estado de BC, así como artículos segundo y tercero transitorios, que contienen impuestos sobre la venta de primera mano de gasolina y demás derivados del petróleo. Artículo 8 bis y único transitorio de la ley de ingresos del estado de BC, contenido en el Decreto 40 (Gasolina); y la reforma al artículo 153 de la Ley General de Salud de Baja California (Licencia sanitaria).
En esta última, el pasado 29 de julio, alrededor de 2 mil 600 empresarios interpusieron un amparo colectivo en contra de una supuesta sobrerregulación con una licencia sanitaria a los sectores comercio y servicios, donde al menos 10 giros comerciales son perjudicados por esta medida.
Estos litigios fueron admitidos y se fijó la fecha para sus audiencias; posteriormente se ofrecieron las pruebas de los demandantes y por ahora el amparo sigue su curso.
Por otra parte, en el caso del decreto 62, que también refiere a una carga impositiva en contra de los gasolineros, el 31 de julio del 2020 se presentó la demanda y se admitió la misma.
Respecto a los amparos en contra de la sobretasa al Impuesto Sobre la Nómina (ISN), donde el ISN aumentó de 2.4 al 3 por ciento, los amparos se presentaron en febrero, se admitieron las demandas en marzo y, por la suspensión ante la emergencia sanitaria, se suspendió el trámite por el cierre de los tribunales.
De proceder las impugnaciones a los cobros de servicios relacionados con el suministro de agua, el monto de dinero que tendría que devolver el estado a las empresas es de al menos mil 150 millones de pesos, deuda que le quedará a la administración siguiente, aseveró Adolfo Solís.
Si se suma este monto, mil 150 millones de pesos, con los dos mil 400 millones de pesos de los amparos contra las cargas impositivas, se tiene un total de tres mil 550 millones de pesos, lo que equivale a casi tres veces la deuda actual del estado con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que es de mil 765 millones de pesos al corte del 14 de julio.
De acuerdo con el último informe del secretario de Hacienda de Baja California, Rodolfo Castro Valdez, la administración estatal adeuda 28 mil 929 millones de pesos al corte de julio de este año.
De tal forma que, si los datos recabados no varían, se podría estimar una mega deuda para el siguiente gobierno de 31 mil 329 millones de pesos; solo dos mil 821 millones menos que la deuda heredada de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, que fue de 34 mil 150 millones de pesos.
NO VAMOS A PERDER: BONILLA
Al respecto, Jaime Bonilla confió en que su gobierno no perderá los juicios por dichos recursos legales.
“Sí, lo tenemos contemplado. Pero también tenemos contemplado que no los vamos a perder esos amparos. La práctica de muchas empresas es dilatar el pago de sus impuestos, contra demandar, irse por la vía del amparo, para comprar tiempo al final del día, si hay una ley y tienen que pagar y no lo hacen, van a tener que poner una fianza”.
“Sí tenemos todo eso contemplado y más ahora, con el SAT (Sistema de Administración Tributaria) de Baja California, vamos a tener muchos más dientes ara poder ejecutar a los morosos”.