TIJUANA.- El gobierno federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de Baja California, iniciativa que presentó el diciembre de 2019 el gobernador Jaime Bonilla y que fue aprobada por el Congreso local el 20 de febrero.
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De acuerdo con el diario Reforma, el Ejecutivo federal considera que la entidad invade atribuciones exclusivas de la Federación en materia de importación, recaudación de impuestos y regularización de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, que desde la década pasada está normada por decretos presidenciales.
El 20 de febrero, el Congreso de BC aprobó la creación del Instituto de Identidad Vehicular que presentó el gobernador Jaime Bonilla el 30 de diciembre del 2019.
Lo que se ha denominado como Bonillapromex consiste en hacer un censo de vehículos irregulares que transitan por Baja California para dotarles de un engomado por mil pesos para que circulen por la entidad hasta en tanto se expide el decreto presidencial de regularización de vehículos que emitiría Andrés Manuel López Obrador.
(Fotos Cuartoscuro)
La ley recibió una avalancha de críticas de todas las asociaciones de distribuidores y fabricantes de la industria automotriz, pues establece un Censo de Identificación Vehicular de los autos de procedencia extranjera y la relación con sus propietarios, aclarando que el alta en dicho censo no implica legalizar una importación irregular.Si bien la ley fue publicada en marzo, la controversia fue presentada hasta el 21 de julio, ya que la Corte interrumpió los plazos legales por la pandemia de covid-19 a partir del 18 de marzo y los reanudó hasta el 3 de agosto. El 31 de julio, la ministra Yasmín Esquivel admitió la demanda a trámite.
De hecho, el consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, presentó esta controversia en paralelo con otra demanda contra Baja California, por un decreto del 7 de julio en el que Bonilla pretendió eliminar la caseta de cobro de la autopista federal Tijuana-Ensenada.
Ante las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Bonilla revocó ese decreto el 30 de julio, por lo que la controversia en la Corte quedará sin materia.