CHILPANCINGO.- Hace tres años, unas personas armadas sacaran a Rufina, junto con otros 1,000 pobladores, de sus casas en la Sierra de Guerrero. Nunca pudo regresar. La semana pasada Rufina Benítez Crispín, de 78 años, falleció por una complicación en los pulmones, aunque sus allegados dicen que fue por la depresión.
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Rufina era originaria de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo. Formó parte de las familias que el 11 de noviembre de 2018 tuvieron que desplazarse ante el temor de ser desaparecidos o asesinados por la llegada de personas armadas a su comunidad, quienes ahora ocupan sus casas.
El caso de Rufina y el de otros desplazados los tiene documentados el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que les ha acompañado en su desplazamiento y en sus acciones y gestiones ante los gobiernos para que les den seguridad.
Rufina fue parte de los cientos de desplazados de la violencia en Leonardo Bravo y Zitlala que el 17 de febrero de 2019 se plantaron fuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, para exigir garantías de un retorno seguro a sus casas.
SU MUERTE
“Poco a poco la señora Rufina fue cayendo en depresión a consecuencia de no poder regresar a su pueblo. Le dio una infección en los pulmones, su salud empeoró hasta que murió con la esperanza de regresar a su comunidad, sumándose a otras personas más que han corrido la misma suerte”, se lee en un texto que difundió Centro Morelos, de acuerdo con una nota de Amapola Periodismo.
A las familias desplazadas les han prometido en varias ocasiones apoyos y ayuda, primero, para subsistir el tiempo fuera de sus casas, y segundo, que regresarán pronto; hasta fechas les han programado, y siguen en los mismos lugares donde se refugiaron.
Cuando los integrantes del Centro Morelos pidieron apoyo para los gastos funerarios de Rufina, la directora de la Comisión de Atención a Víctimas, María de los Ángeles Haces, dijo que para otorgar el apoyo era necesario demostrar que la muerte era a causa del mismo evento de violencia que le provocó el desplazamiento.
El argumento, supuestamente, lo basan en la Ley General de Víctimas, es decir, que la atención sólo es para las familias de víctimas de desaparición.
Fotos Cuartoscuro
Rufina no es la única desplazada que ha muerto. La información registrada por el organismo defensor de derechos humanos es que ya son cinco personas fallecidas, cuatro mujeres y un hombre. Dos de ellas murieron por Covid-19.
EJÉRCITO PEGA A AMAPOLEROS PERO NO A GRUPOS ARMADOS
El Centro Morelos se pregunta por qué el gobierno envía militares a destruir los sembradíos de amapola y no desarticula a grupos armados que han desplazado a cientos de familias de distintas poblaciones de la Sierra.
También cuestiona, y lo hace público en un comunicado: ¿por qué el gobierno federal prefiere crear policías especiales para asegurar la explotación minera y no garantiza los derechos humanos de la población?
En la pregunta está la respuesta. Se han creado policías especiales para cuidar las industrias extractivistas y no para garantizar seguridad a la población en general.
Los desplazados de la Sierra y de otros lugares –Centro Morelos también acompaña a desplazados de Zitlala– continúan fuera de sus casas.
Crescencio Pacheco González, el ex líder de este movimiento de desplazados, hasta salió a pedir asilo político a Estados Unidos. Desde el desplazamiento, él nunca paró de denunciar públicamente la situación que vivían en la Sierra, donde fueron subiendo las balaceras y después la irrupción de personas que, al final, se quedaron con sus casas.
Terminó saliendo de México junto con su familia.