ESTADOS

Reportan disparos al interior del penal de Topo Chico

Durante la madrugada se realizo el traslado de uno 300 reos de Topo Chico a otros centros penitenciarios

  • DAVID CASAS/ CORRESPONSAL
  • 27/03/2019
  • 12:40 hrs
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Reportan disparos al interior del penal de Topo Chico
Al penal han arribado ambulancias. Foto Twitter

MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).-Tras el traslado de reos de los tres penales de Nuevo León a Coahuila y Morelos, fueron reportadas también algunas detonaciones, presuntamente de armas de fuego al interior del Penal del Topo Chico.

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Los traslados se registraron durante la madrugada de este miércoles e inclusive fueron enviadas ambulancias, pero horas más tarde, algunos vecinos del centro penitenciario hicieron una grabación de algunos segundos donde se escuchan lo que pudiera ser disparos.

Testigos reportaron detonaciones al interior, mientras que por las ventanas de los ambulatorios los reos ondean playeras.

Presuntamente las autoridades al interior habrían detonado algunas bombas de humo para dispersar a familiares de reos que intentaron manifestar y lanzaron objetos inclusive sillas, a los policías.

En las afueras de Topo Chico, familiares de reos se aglomeraron en los accesos para reclamar la manera en que se dio el traslado y tuvieron algunos conatos con la policía a cuyos elementos les lanzaron algunas objetos, pero no pasó de ahí.

De acuerdo a las familias,  aunque para mañana estaban programadas visitas, personal del penal informó que las visitas se pospondrán para el sábado.

En las listas de reos trasladados puestas en el acceso aparecen 300 personas que fueron reubicadas a otros centros penitenciarios fuera de Nuevo León.

Por otro lado, ante los traslados que se están efectuando en los Penales Topo Chico, Cadereyta, Apodaca y en el Centro Único para Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha emitido medidas precautorias urgentes, dirigidas al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León a fin de salvaguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad, tanto de las que permanecen en los Centros Penitenciarios, como las que fueron trasladadas a los diferentes Reclusorios Federales.

De igual manera, se solicitó que, de forma oportuna, se brinde a las familias de las personas privadas de la libertad y a la autoridad judicial información sobre el centro de reclusión al que fueron ubicados.

La presidenta de la institución, Sofía Velasco Becerra, otorgó a la autoridad un plazo de 24 horas para que informe a esa Comisión sobre las acciones realizadas en todos estos operativos consecutivos realizados en dichos centros.

La CEDHNL, dijo, da puntual seguimiento a este operativo realizado por las autoridades estatales. Cabe mencionar que la autoridad penitenciaria no convocó con oportunidad a este Organismo sobre el traslado que inició la noche del martes 26 de marzo, comentó.

Por ello, la Comisión se encuentra atenta y receptiva a los acontecimientos que actualmente se están llevando a cabo y a cualquier queja que pueda desprenderse de lo mismo.

A su vez, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), externó su preocupación por el traslado de 512 personas privadas de la libertad que se encontraban en los centros penitenciarios de Cadereyta, Apodaca, Topo Chico y el Centro Único para Mujeres, ubicado en Escobedo, debido a la posible vulneración de derechos de estas personas por parte del Estado al incumplir los requisitos necesarios para la autorización de los traslados.

La dirigente del organismo, Consuelo Morales, destaca que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para realizar un traslado es indispensable contar con la autorización de un juez de ejecución penal, quien antes de validar la reubicación deberá respetar el derecho a audiencia de la persona privada de la libertad y escuchar las posibles razones para no realizar el traslado, dice en un comunicado.

“Sin embargo, las autoridades estatales no han proporcionado información clara a los familiares de parte de las personas que han sido trasladadas, por lo que consideramos posible que el procedimiento para la autorización del traslado no fue realizado con apego al marco jurídico”, aclara.

Es importante recordar que, en situaciones anteriores, como los traslados realizados en noviembre de 2018, parte de las personas que fueron reubicadas permanecieron por hasta 72 horas desaparecidas pues no se les permitió comunicarse con sus familiares, dejando tanto a las familias como a la persona privada de la libertad en una grave situación de vulnerabilidad.

 “De igual forma, estos traslados debilitan uno de los pilares del principio de reinserción social que implica el contacto permanente con la familia, preocupación específicamente relevante al considerar el traslado de 40 mujeres desde el Centro Único para Mujeres de Escobedo hasta el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en el estado de Morelos”, explicó.

Exigió a las autoridades estatales que cada uno de los traslados realizados cumpla con los requisitos de autorización ante un juez de ejecución, respetando el derecho a audiencia de la persona privada de la libertad, cumpliendo con la responsabilidad de informar de manera oportuna y clara a las familias sobre el paradero de su familiar.

 



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