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Obtilia e Hilario, defensores incansables de los indígenas me’phaa

Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro se encuentran desaparecidos desde el pasado martes por la mañana; los buscar por mar y tierra

Escrito en ESTADOS el

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota). Obtilia Eugenio Manuel, es una defensora de derechos humanos en Guerrero. Es dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), cuyo objetivo es defender los derechos de la gente de su pueblo originario que tiene raíces en las regiones Costa Chica y Montaña.

En los últimos meses, adicional a sus actividades en la organización, tenía responsabilidades en el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, órgano de gobierno municipal elegido por primera vez por usos y costumbres en ese municipio de la Costa Chica.

Ella y el resto de los miembros de la organización tienen dictadas medidas cautelares desde 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la documentación de amenazas en su contra. Esto, en teoría, serviría para evitar atentados en su contra de cualquier tipo, incluida la desaparición.

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Este es el perfil de la indígena me’phaa, quien está desaparecida desde el martes por la mañana junto a Hilario Cornelio Castro, otro miembro de la OPIM. Lo último que se sabe de ambos es que en Tierra Colorada (Juan R. Escudero) subieron a un taxi colectivo hacia la ciudad de Chilpancingo.

Obtilia Eugenio, desde 1994 que nació la OPIM, se ha involucrado de manera directa en las luchas que van desde el respeto a los derechos de los indígenas a decidir hasta el rechazo a la militarización en las comunidades me’phaa.

Una de las primeras luchas en las que se involucró fue por la exigencia de castigo a empleados del sector Salud que esterilizaron de manera forzada a 14 hombres indígenas de El Camalote, comunidad me’phaa de Ayutla, municipio de la Costa Chica.

Con engaños, presiones y amenazas, personal de Salud, según la documentación hecha por organizaciones, esterilizaron a estos hombres; a 13 en 1998 y uno más en 2001.

La defensora siempre mantuvo el dedo en el renglón contra la militarización en pueblos indígenas. En 2002 elementos del Ejército violaron de manera sexual a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, ambas indígenas me’phaa de comunidades de Ayutla. La dirigente de la OPIM se involucró en su lucha por la justicia, como testigo del caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

Con la asesoría del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la lucha de Inés y Valentina logró que el Estado mexicano les ofreciera disculpas públicas durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y el compromiso a que les repararan el daño.

Combatir el caciquismo en zonas de Ayutla es otro de los movimientos liderado por Obtilia Eugenio. En esa tarea hizo una mancuerna con miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a quienes también han atacado; en 2009 mataron a dos de sus dirigentes, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. 

En su activismo documentado por medios de comunicacion locales, la dirigente indígena ha señalado a grupos paramilitares de El Camalote, liderados por los hermanos Remigio Cantú.

En toda la historia de la OPIM, sus integrantes, como es el caso de Obtilia Eugenio, además de las constantes amenazas, han mantenido su movimiento entre el estigma de una relación con la insurgencia armada. Hasta hoy esa presunta relación siguen sin probárseles. 

En el Concejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla fungía como enlace de la Comisión de Obras Públicas, donde se trazó la tarea de transparentar el proceso de licitación de las obras. Estas funciones le llevaron las últimas amenazas.

Líderes sociales exigen su aparición

Las organizaciones sociales dentro fuera del estado se han volcado a exigirle a las autoridades que localicen a los activistas desaparecidos.

Una de estas organizaciones es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quien confirmó que la tarea de transparentar el proceso de licitación de las obras en el Concejo Municipal de Ayutla le acarreó a Obtilia Eugenio más amenazas telefónicas que denunció en la Fiscalía general del Estado (FGE).

Esta organización hizo tres peticiones puntuales: búsqueda, localización y presentación con vida de ambos; cumplimiento real a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009 para los miembros de la OPIM, y una investigación exhaustiva para dar con el paradero de los responsables de la desaparición y violencia contra los defensores.

Algunos compañeros de la defensora en el Concejo Municipal de Ayutla denunciaron que la dirigente de la OPIM no tenía medidas en los días recientes porque desconfió de los policías que le asignaron.

A la posición de exigencia a las autoridades del paradero con vida de Obtilia Eugenio se sumaron miembros de otras organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Cacahuatepec, Tecoanapa, Huamuxtitlán-Olinalá y Dos Ríos; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, familiares de presos políticos, el Centro Morelos, entre otros, quienes firmaron un comunicado colectivo.

Para ellos la desaparición de los miembros de la OPIM “confirma que los ataques del gobierno del estado por callar las voces de quienes luchan por los derechos humanos colectivos se encona cada vez más”.

Hubo otros sectores que acudieron a la denuncia formal de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de sus compañeros, como los miembros del Concejo Municipal de Ayutla.

El Gobierno del Estado  informó a través de un comunicado que las corporaciones políciacas locales realizan operaciones de búsqueda por tierra y por aire en todo Guerrero.

Además, este jueves anunciaron una recompensa de 2 millones de pesos a quien otorgue información relacionada con el paradero de los activistas.

mvf