TUXTLA GUTIÉRREZ.- Leopoldo creció en Temixco, Morelos, y desde pequeño quedó en la orfandad, sin nadie que lo cuidara. Lo único que tenía era la calle como casa y los vecinos como sus más allegados; pero en julio de 2012, la tragedia se acentuó: lo llevaron a prisión.
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De un cuarto que rentaba en 100 pesos al mes en la localidad de Jiutepec, en ese mismo estado, policías federales lo sacaron a golpes, pero antes, lo amarraron alrededor de una hora y media y continuaron no solo con la tortura física, sino psicológica; según el mismo afectado, ellos utilizaron el palo de un azadón para violarlo, además le quebraron varias costillas.
Sus delitos, de acuerdo con las autoridades, es que presuntamente participó en delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos.
Una vez en manos de la autoridad, a Leopoldo se le violaron todos sus derechos, como el que haya sido expuesto ante los medios de comunicación, o que careciera de un abogado defensor cuando lo presentaron ante las supuestas víctimas.
Otra irregularidad, advierte el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), es que, desde su primera declaración, el inculpado denunció los actos de tortura, los cuales no fueron investigados en el momento, sino cuatro años después.
Pero Leopoldo “sacó fuerzas”. Aunque no sabía leer, ni escribir, una vez que estuvo en prisión en Almoloya de Juárez, Estado de México, se avocó no solo a alfabetizarse, sino que además estudió las leyes mexicanas para comenzar, por él mismo, su propia defensa, antes de que el IFDP retomara su caso en 2019.
PROTOCOLO DE ESTAMBUL RINDIÓ FRUTOS
En marzo de 2016, el juez segundo de Distrito en Morelos determinó que Leopoldo, quien antes de ser encarcelado sobrevivía económicamente gracias a que laboraba como albañil, algunas veces como agricultor o como pepenador de botellas de plástico PET o latas en la vía pública o basureros, sí fue víctima de tratos crueles e inhumanos, y por ello se liberó una orden de aprehensión en contra de 11 elementos de la entonces Policía Federal, sus “verdugos”.
Esto se logró, según el IFDP, gracias a que se le practicaron dictámenes con base en el Protocolo de Estambul, uno en 2014 y otro en 2016, lo que fue suficiente para decretar que había sido víctima.
En una entrevista, Víctor Manuel Parada Picos, subdirector de Área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP, lamenta que, lo más inverosímil, es que a casi 5 años de que se libraran esas órdenes de arresto, no haya ni un solo policía tras las rejas y que Leopoldo sea castigado con una pena que no le corresponde.
Incluso, advierte que, luego de hacer varias pesquisas, descubrieron que esos mismos agentes pudieron estar inmiscuidos en otros casos similares al de Leopoldo.
Comenzamos a ver que éstos tenían requerimientos judiciales de otros órganos, no porque estuvieran acusados de otros delitos, sino porque tenían que presentarse para careos, o diligencia donde ellos intervinieron como policías aprehensores
Luego, el IFDP observó una serie de edictos en donde esos 11 elementos eran buscados, por lo que se presume que evadieron la justicia en varias ocasiones.
DE CELDA EN CELDA Y SIN SERES QUERIDOS
Mientras tanto, el hombre de 67 años de edad continúa en un peregrinar no menos tortuoso: no se le ha dictado una sentencia, y ha estado en prisión preventiva en diferentes penales del país, entre éstos el de Almoloya de Juárez, el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 2 de Jalisco y, en la actualidad, en el Cefereso 15 del municipio de Villa Comaltitlán, en Chiapas.
De acuerdo con una amiga y el mismo abogado del imputado, éste presenta deterioro en su salud física y mental. De hecho, refieren que la “peor pesadilla” de él sería morir en la cárcel sin haber recibido una sentencia.
Mediante el dictamen psicológico que se le practicó en esos años con base en el Protocolo de Estambul, se sabe que él vive un cuadro crítico de ansiedad y depresión. Además, sufre de hipertensión.
Incluso, los médicos penitenciarios han reportado que, en tres ocasiones, ha sufrido crisis hipertensivas con probables riesgos de infarto; a esto se le suma el daño en la vista, provocado por la tortura a la que fue sometido en 2012.
Pero Leopoldo se enfrenta a otra circunstancia: como no tiene familia, desde que estuvo en Almoloya, hasta su encierro en Chiapas, no ha recibido visitas, y la única que se comunica con él, de forma esporádica, es una amiga que logró hacer en su pueblo.
Además, ni la misma comunidad de Temixco puedo acompañarlo porque, se sabe, la mayoría de quienes viven ahí son pobres.
PRÁCTICAS ANACRÓNICAS
La realidad, dice Víctor Parada, es que Leopoldo es el retrato de las injusticias de un sistema de justicia penal tradicional, y de los casos que aún se llevan conforme al Código Federal de Procedimientos Penales.
Pese a ello, refiere que este caso avanzó más que otros asuntos similares de tortura, debido a que se giraron esas órdenes de arresto contra los federales que lo detuvieron y torturaron.
Lo interesante –agrega-- es que esos uniformados presentaron varios recursos legales, como los amparos; en respuesta, se confirmó revocarles las órdenes de aprehensión, lo que permitió a los agentes del Ministerio Público perfeccionar las investigaciones de esos actos de tortura, y determinaran, con mayor precisión, en lo que incurrió cada uno de los policías federales.
Ahora lo que temen, dice, es que no se llegue a judicializar el caso, debido al contexto de impunidad que aún reina en la República Mexicana.
Sobre el argumento que las autoridades brindan en torno al caso de Leopoldo y por qué no se le dicta sentencia, el abogado respondió: “Aquí podemos palpar, insisto, es que siguen esas prácticas anacrónicas de ese sistema de justicia penal tradicional, es decir, están acostumbrados a que los procesos se prolonguen, es un modus operandi del propio operador jurídico”.
Al respecto, ejemplifica que, muchas veces, transcurre hasta una década para que sean buscados los peritos y peritas que intervinieron en la investigación científica del delito, lo que es más complejo.
LA LUZ DE LA ESPERANZA SIGUE ENCENDIDA
En abril de 2021, la Secretari´a Te´cnica del IFDP presento´ una comunicacio´n individual ante el Comite´ Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en representacio´n de Leopoldo, y fue así que se le asigno´ el nu´mero de queja 1072/2021.
Un mes despue´s, cuenta, ese Comite´ solicito´ medidas provisionales al Estado mexicano para garantizar atencio´n me´dica y psicolo´gica al imputado, y considere la posibilidad de sustituir la excesiva prisio´n preventiva por una medida alternativa de arresto.
Pero para nosotros es necesario que se haga justicia para estas personas, sobre todo cuando la persona fue víctima de detención arbitraria y fabricación de culpables, es decir que se le brinde una sentencia absolutoria”, advierte Víctor Parada
El primer objetivo que se busca, comenta, es que a él se le permita el cambio de la medida cautelar, “en la actualidad está el amparo indirecto, para decidir si entra en trámite esa medida, eso es lo que se espera, o al menos que se cierre la instrucción de su proceso, se presenten las conclusiones correspondientes, y para final de este año, él reciba una sentencia”.
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