AKIL, Yuc.- Ejidatarios del municipio de Akil iniciaron una lucha por recuperar la “Juguera de Akil”, una empresa que surgió hace más de 20 años para beneficiar a los campesinos dedicados al cultivo de cítricos, pero que, en 2016, se declaró en quiebra y pasó a manos de inversión privada. Existen dudas de si se trató de un despojo a los ejidos.
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Los campesinos no tienen la certeza de si la Juguera es aún de la Unión de Ejidos Citricultores del Sur de Yucatán, o sí se dejó a comodato o se vendió. Relataron que ya se acercaron al Gobierno del Estado de Yucatán para pedir aclaraciones, incluso solicitaron información por la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pero se rehusaron a responder.
“Estamos muy mal, nos están pisoteando los que tienen dinero ¿Dónde acabaremos si lo permitimos?"
Por eso estamos haciendo la lucha y la debemos ganar. La juguera es de 12 ejidos, no está vendida, son unos ladrones. Nosotros comenzamos esa juguera en 1980”, comentó en entrevista, el comisario ejidal Donaciano Mena.
El esquema original bajo el que trabajaba la Juguera con los 12 ejidos era que, además, de comprar el limón, toronja, naranja dulce y agria que cosechaban los campesinos, también recibían parte de las ganancias generadas con la exportación y venta del producto al extranjero.
El presunto despojo
En el 2014, el comisario Fausto Canul Magaña y el presidente del Consejo de Vigilancia del ejido, José Ignacio Marave firmaron un convenio para trabajar con la empresa con razón social Arpen, spr de rl de cv representada por Arturo Peniche Solís. El dinero que inyectaría sería para pagar a productores y producir jugo.
Meses después, Peniche Solís, presuntamente descubrió que existía una deuda por 4 millones de pesos con la Financiera Pequeña Australia. En enero del 2015, la asamblea de delegados (con representantes de los 12 ejidos) aprobó que el empresario pague la deuda y “compre” la juguera de Akil. Aquí es donde surge la duda de los ejidatarios. Ese mismo año, el Gobierno del Estado aportó 4 millones de pesos para el pago a los productores que se les debía dinero de sus cosechas.
Primero, les dijeron que, a partir del 31 de diciembre del 2016, la empresa se entregaría a comodato por 10 años. Y en el 2018, en la administración del gobernador del PRI, Rolando Zapata Bello se anunció un contrato de 30 años.
En medio de este camino, previo a la firma del primer acuerdo de comodato, en abril del 2016, el extitular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), José Canul Pérez, le presentó al empresario Arturo Peniche y al presidente de la Juguera, Luis Cetina - quién ocupó el puesto tras la renuncia de José Ignacio Marave-, un proyecto de remodelación por 30 millones de pesos.
“No acusamos a nadie, antes queremos que los ejidos se enteren de por qué la Juguera ya no les pertenece, lo que queremos es que haya una aclaración. Estamos viviendo una crisis ¿en qué mente cabe que nos compren un huacal de limón de 25 kilos en 30 pesos? Si tienes que bajarlo, transportarlo y llevarlo”, comentó Demetrio Montalvo, ejidatario.
Finalmente, en el 2017 se inyectaron 26 millones de pesos a la Juguera, el recurso fue otorgado por el Gobierno Federal y Estatal, y 5 mil 550 mil pesos de la bolsa de su nuevo dueño, Arturo Peniche.
El reclamo
Los integrantes del ejido de Akil señalaron que no se les consideró en las negociaciones, ni a sus homólogos de 11 municipios. Reclamaron que la asamblea de delegados de la Unión de Ejidos Citricultores decidió entregar la empresa, en lugar de proceder legalmente contra quienes realizaron malos manejos.
Denunciaron que el empresario Peniche Solís colocó en la presidencia de la Juguera a una persona de su confianza y transformó la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado por la Unión de Ejidos Fruticultores del Mayab, esto sin previa consulta. Alegaron que los hizo a un lado y les quitó la posibilidad de reclamar por la vía legal una empresa que les pertenece.
“Los que tienen personalidad para proceder legalmente, son la figura del Unión de Ejidos de Citricultores, pero la desaparecieron sospechosamente y pasó a Unión de Ejido Fruticultores, encabezada por Freddy Domínguez, él tuvo que tener conocimiento de lo que se hizo y para que, presumimos está siendo beneficiado de esta acción. Solo simularon que desapareció la Unión de Ejidos porque en realidad no es posible, si no fuimos consultados”, mencionó el presidente del Consejo Citrícola de Yucatán, Lorenzo Alvarado y Sosa.
Otra de las inconformidades es que los productos son exportados y comercializados en dólares, mientras a los ejidatarios les pagan entre mil 200 y mil 500 pesos en promedio la tonelada de cítricos.
“La verdad esto es decepcionante, no es lo que era cuando iniciamos la empresa los 12 ejidos. Iniciamos bien, pero ahora ya estamos mal. Las malas administraciones hicieron esto ¿dónde acabó este dinero?”, cuestionó el ejidatario, Arnoldo Zapata.
Pidieron ayuda a AMLO
La actual directiva de la Unión del Ejido de Fruticultores que reemplazó a la Unión de Citricultores, está encabezada por Luis Cetina, Fausto Canul y Fredy Domínguez, quienes según algunos ejidatarios se negaron a presentar la documentación que les de certeza de la situación legal de la Juguera de Akil.
esc