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El crecimiento económico de la familia Rico Moreno

La Constructora Sylma pasó de tener un capital de cien mil pesos a conseguir ingresos superiores a los 346 millones, durante la gestión de Antonio Rico Moreno en la SOPOT

  • ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL
  • 31/01/2018
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El crecimiento económico de la familia Rico Moreno
Marco Antonio Rico Moreno fue subsecretario de Obras Públicas, en el gobierno de Francisco Olvera Ruiz. (Tomada de la web)

Constructora Sylma, la cual denunció por difamación a un ciudadano que acusó un posible conflicto de interés de un exfuncionario del gobierno de Hidalgo, pasó de tener un capital de cien mil pesos en 2004 a conseguir ingresos superiores a los 346 millones en 2016, como desarrollador inmobiliario. Licencias de construcción de la firma fueron obtenidas durante la gestión de un familiar de ellos en la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del estado (SOPOT).

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En la escritura pública 24 mil 347, que data del 26 de febrero de 2004 y fue pasada ante la fe del notario público 3 de Pachuca, Gerardo Martínez Martínez, Constructora Sylma se constituyó como una sociedad mercantil con cien acciones, cada una valuada en mil pesos, que fueron distribuidas de la siguiente manera: 80 para Sylvia Jesús Rico Moreno y 20 para su hermana María de los Ángeles.

En la demanda la Firma Jurídica Diaz presentó, inicialmente por “calumnias” contra Leonardo García Vázquez, vinculado a proceso el 16 de enero, tras ser detenido por la fuerza policial el día 11 en el Estado de México, anexó el reporte de ingresos 2016-2017, al cual tuvo acceso La Silla Rota.

El documento revela que en el primero de esos años obtuvo 346 millones 51 mil 33 pesos, mientras que el rédito económico de enero, febrero y marzo siguientes fue de otros 38 millones 85 mil 169 pesos.

Noventa y una de las licencias de construcción para Sylma fueron obtenidas mientras Marco Antonio Rico Moreno –hermano de las dueñas– fue subsecretario de Obras Públicas, en el gobierno de Francisco Olvera Ruiz. Aunado a ello, con base en solicitudes de información que obtuvo Leonardo García, Constructora Cryma, de la que es representante el propio exfuncionario.

Además de estas dos, siete miembros de la familia Rico Moreno son accionistas de nueve empresas más: Operadora Brilho, Concretos Doema, Construcciones Rihema, Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, Inmobiliaria Edoma, Aero Servicios Ejecutivos RM, Promotora de Espacios Residenciales de Hidalgo, Operadora de Eventos Nikkia, Constructora Rial del Valle y Veviher.

Como medida cautelar para poder llevar su proceso en libertad, el ciudadano que denunció el posible conflicto de interés tiene restricción para desplazarse fuera de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México, y debe firmar en cada 15 días en la procuraduría de la primera de las entidades.

“No sentimos que hubiera un acercamiento real por parte de la constructora (Sylma) porque estuvieron siempre muy renuentes. No veíamos una respuesta favorable y decidimos organizarnos como vecinos y empezar a tocar puertas en diferentes instancias. Nunca imaginé que el solicitar información fuera a recaer a una persecución en mi contra”, dijo García Vázquez a La Silla Rota tras ingresar dos amparos ante el Poder Judicial de la Federación.

Además, aseguró que en una reunión con la excontralora estatal Citlali Jaramillo, quien se registró el pasado 27 de enero como precandidata a diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito de Pachuca, la funcionaria se comprometió a hablar con el exsubsecretario de Obras Públicas y su hermano Benjamín Rico Moreno, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad, para solucionar el problema; no obstante, no obtuvo respuesta y, contrario a ello, fue demandado.   

Uno de los amparos busca eliminar los denominados delitos contra el honor, ante su posible uso político y como represalia, mientras que el segundo es uno de tipo administrativo en el que demandan al gobernador Omar Fayad por presuntamente violar el derecho de petición.

“Ahora dice que no estaba enterado (del caso de las constructoras y el probable conflicto de interés), expuso el abogado Jesús Alberto Guerrero Ángeles; no obstante, mostró un oficio recibido el 24 de septiembre por la Oficialía de Partes de la Dirección General de Administración de la Secretaría Particular del Gobernador, en el cual los habitantes del fraccionamiento Esmeralda relataron al mandatario, con evidencia fotográfica adjunta, el daño a sus viviendas, adquiridas a Sylma, a consecuencia de las lluvias, además de informarle que tenían conocimiento de que éste no había sido municipalizado.

Asimismo, solicitaban certificar que la constructora contaba con actas de entrega-recepción, parciales o completas, de las instalaciones de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvia, así como de la red de electrificación, además de dictámenes técnicos para la recepción de áreas verdes y de alumbrado público.  

La Silla Rota solicitó a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial la fecha de renuncia –como afirmó el 16 de enero el secretario de Gobierno Simón Vargas ocurrió en noviembre– de Marco Antonio Rico, pero no recibió respuesta.  El gobernador Fayad, por su parte, declaró el 22 de enero que él le pidió dejar el cargo, aunque hasta el penúltimo mes de 2017, confirmó la exsecretaria de contraloría, esta dependencia no tenía ninguna investigación en su contra.