TIJUANA.- La seguridad en Baja California estará en manos de un militar a partir de enero de 2022, cuando comience a funcionar de nueva cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado.
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La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda lo confirmó este miércoles en su conferencia de prensa semanal, en la que también dejó ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió el plan inicial de la administración local.
Sobre la designación de una persona que viene de la Sedena, esto es una estrategia a nivel federal. Es una estrategia que ha implementado nuestro presidente a nivel federal. Hemos trabajado en la creación de la Secretaría de Seguridad desde el inicio con el gabinete de seguridad nacional
Sin embargo, el pasado 3 de octubre, un mes antes de arrancar su administración, la misma Marina del Pilar presentó a Iván Carpio Sánchez como Coordinador para asuntos de Seguridad Ciudadana y esto lo convirtió en el virtual titular de la nueva Secretaría.
Incluso, Carpio Sánchez dio entrevistas a medios locales en esos términos, aunque aún formaba parte de la Fiscalía General Estatal (FGE), encabezando la unidad encargada de atender los delitos de alto impacto en Baja California.
Ahora, la gobernadora dijo que Carpio Sánchez estará en la terna para Fiscal General, cargo que tenía el compadre del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, Guillermo Ruiz Hernández, quien anunció su renuncia el pasado 7 de diciembre tras el regreso de la Secretaría de Seguridad.
Ávila Olmeda no precisó el nombre del futuro encargado de la seguridad pública a nivel estatal, aunque reforzó los trascendidos que apuntan a Gilberto Landeros Briceño.
El General que estará en funciones, trabajando con nosotros en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es un hombre que conoce la región, que conoce la zona, que conoce sus problemáticas. Él ya estuvo aquí en Baja California
Hace una década, Landeros Briceño fue Comandante de la II Zona militar en Tijuana y estuvo al frente de la detención del político y empresario Jorge Hank Rhon, quien salió en libertad por violación de los militares al debido proceso al entrar sin autorización judicial a la vivienda del casinero, donde el ejército dijo haber descubierto un arsenal.
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