CHETUMAL.- A través de un nuevo decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca expropiar nueve inmuebles que juntos representan una superficie de 190 mil 941 metros cuadrados de propiedad privada, los cuales se encuentran en los municipios de Solidaridad y Tulum, en el estado de Quintana Roo, para la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
Se trataría de la construcción de los subtramos Norte y Sur, de uno de los proyectos prioritarios de la administración del presidente López Obrador, según especifica el proyecto de decreto que se encuentra bajo revisión de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria(Conamer).
“Se expropia por causa de utilidad pública”, señala el artículo primero del proyecto de decreto; “a favor de la Federación para la ejecución del tramo 5, subtramos norte y sur del Proyecto Tren Maya, correspondiente a nueve inmuebles de propiedad privada”, agrega.
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La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos, precisa el documento.
En caso de aprobarse el proyecto, el decreto dejaría sin efectos a dos decretos parecidos que fueron publicados el 12 y 19 de julio de 2022 en el DOF,ya que los inmuebles TN-003, TN-005, TN-006, JPSUR-047, JPSUR-048, JPSUR-049, JPSUR-050 y JPSUR-053 que se incluyen en ellos, forman parte de los inmuebles que se buscan expropiar.
El nuevo decreto de expropiación entraría en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, según expone el único artículo transitorio del proyecto.
El Tren Maya, es uno de los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, contiene estimada una inversión de alrededor de 200 millones de pesos. Fue proyectado para construirse en más mil 500 kilómetros de vía férrea los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
¿Quién se hará cargo de la ocupación de los terrenos?
Será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y “procederá a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación”, de acuerdo con el documento. “La interposición de cualquier medio de defensa no suspenderá la ocupación”.
Esta dependencia también “queda a cargo de la inscripción del presente decreto en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Registro de la Propiedad estatal que corresponda”, según apunta el artículo sexto.
¿A quién reclamar la expropiación?
Quienes acrediten su legítima propiedad de los terrenos ante la Sedatu, obtendrán una indemnización, según se lee en el artículo tercero del proyecto.
Los fondos para indemnizar a los propietarios de los terrenos se gestionarán coordinadamente entre el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
El pago se ejecutará de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
El artículo cuarto apunta que si los bienes expropiados no son destinados a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, “el afectado podrá solicitar la insubsistencia de la expropiación en términos de la normativa aplicable”.
¿Cómo notificarán a los posibles afectados?
El proyecto de decreto señala que debe notificarse personalmente a los interesados; pero “en caso de ignorarse el domicilio de éstos, realícese una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos de notificación personal”.
“Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización”.
Quitan suspensiones al Tren Maya
El pasado 9 de agosto, Adrián Fernando Novelo Pérez, juez Primero de Distrito en Yucatán, negó la suspensión definitiva a una asociación civil y a un particular, contra la continuación de los trabajos de construcción de los tramos 5 sur y 6 de la megaobra del presidente López Obrador.
A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez negó la petición hecha por la asociación identificada con las iniciales C.N. de L., así como a una persona reconocida en el juicio como C. R. J. L.
La suspensión representó un nuevo revés a asociaciones civiles y particulares, el sexto en menos de una semana; previo a esta notificación se levantaron las suspensiones que se otorgaron en los juicios 820/2022, 821/2022, 884/2022, 923/2022, 1003/2022.
En abril, las obras estuvieron suspendidas por las suspensiones otorgadas por un juez, por lo que el gobierno federal presentó impugnaciones, sin embargo, fueron negadas por Tribunales Colegiados de Yucatán, quienes consideraron que no se contaba con estudios de impacto ambiental. Estas resoluciones fueron revertidas este mes de agosto.
(djh)