GUADALAJARA.- Sandra García fue víctima de intento de femicidio en 2018, llevaba 31 años de estar casada y de sufrir agresiones en manos de su ahora expareja. Después de hacerse fuerte gracias al apoyo de sus cuatro hijos, decidió terminar con la relación y pedir el divorcio.
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Sin embargo, su expareja reaccionó de forma violenta y en represalia golpeó a Sandra con un martillo en nueve ocasiones, también la acuchilló enfrente de su nieta y vecinos, quienes atestiguan el intento de feminicidio.
A pesar de las pruebas, testigos y agravantes, la sentencia que recibió el agresor fue absolutoria, según un reportaje de ZonaDocs.
“Lo que dictó la jueza en ese momento fue que no había sido una cosa premeditada, que había sido un enojo del momento y que no había actuado con el fin de matarla, porque si la hubiera querido matar con un martillo la hubiera matado. Aun cuando la víctima reafirmó que no había habido una pelea antes, ni enojo ni nada”, señaló Patricia Ortega, psicóloga y encargada de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), quien acompañó a la víctima durante el proceso legal.
Esos fueron los alegatos de la jueza, quien no se conformó con las pruebas y liberó al agresor,
Después de la resolución, Sandra García recibía llamadas de teléfono por parte de su agresor, quien la amenazaba diciendo que la mataría a ella y a su nieta también y que, si no lo hizo antes, esta vez sí lograría su cometido.
Patricia Ortega denunció que hubo dinero de por medio, y que por eso la jueza dictaminó una liberación inmediata.
Todo el tiempo es lo mismo. Por lo general, las mujeres no siguen todo el proceso, pero ella siguió todo, hizo todo. Fue a todas las audiencias, presentó a los testigos, hizo todo el proceso para terminar en nada. Nos piden que denunciemos, pero no pasa nada
Otro caso que también evidencia la falla de sentencia en contra de un feminicida es el de Betsabé García, donde existe una mínima, pero mínima.
Estos casos sustentan dos afirmaciones: la primera es que la impunidad se resalta en los casos de violencia que sufren las mujeres y los cuales, al momento de ser denunciados, se enfrentan a obstáculos para hacerlo. Las víctimas ni siquiera son percibidas por el sistema de justicia penal, lo cual imposibilita una medición integral y realista de la falta de acceso a la justicia para mujeres en México.
La segunda es que el derecho de acceso a la justicia no debe limitarse en exclusiva a la justicia penal, pues también implica que las mujeres cuenten con instituciones, protocolos y leyes eficaces que respeten, protejan y garanticen sus otros derechos.
IMPUNIDAD DEL 90%
Jalisco está entre los estados con mayor impunidad en feminicidio, con un índice del 90%, posicionándose en el tercer lugar a nivel nacional. Se presenta un alto índice de arbitrariedad en las investigaciones por el delito de feminicidio realizadas por la Fiscalía General del Estado, las cuales muestran graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género.
Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes. Esto queda evidenciado en que actualmente, hasta 2021, sólo hay 12 feminicidas cumpliendo sentencia en Jalisco.
De acuerdo con la solicitud de transparencia, la Fiscalía del Estado ha registrado que, desde 2012 a septiembre de este año, ha habido 433 víctimas por el delito tipificado como feminicidio y de este número solo existen 48 órdenes de aprehensión cumplidas en la Zona Metropolitana. Además, solo existen 45 sentencias condenatorias desde que se tipificó el delito en el Estado de Jalisco, lo cual equivale al 10% de las víctimas señaladas.
En contraste, en otra solicitud de transparencia realizada al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se muestran un total de 54 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio entre enero de 2012 a agosto del 2021.
Comparando el número de sentencias emitidas por el Supremo Tribunal de Justicia en razón al número total de víctimas, se muestra que el 90% de las víctimas no han obtenido justicia, y sus crímenes permanecen impunes.
Esta persistente cadena de impunidad comienza con que únicamente 1 de cada 10 asesinatos de mujeres se investigan como feminicidios, junto a la incorrecta aplicación de protocolos en las indagatorias, la emisión de sentencias mínimas sin visión de género y en algunos casos, hasta la reclasificación de delito.
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