Baja California (La Silla Rota).- Diez auditorías realizadas a los fondos que el gobierno de Baja California recibió en el 2016 reportaron mil 432 millones 351 mil 698 pesos en daños al erario público.
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De acuerdo con Zeta, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su tercera entrega de revisión de la cuenta pública del 2018, que la administración de Francisco Vega de Lamadrid recibió y gastó el dinero en programas diferentes para lo que estaba destinado, se desconoce en qué se utilizó el dinero.
Los desvíos se realizaron desde la Secretaría de Planeación y Finanzas, que en ese entonces era dirigida por Antonio Valladolid, quien ahora figura en la lista de diputados plurinominales del PAN; también desde la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) encabezada por Manuel Guevara.
La ASF rastreó otro desvío de 204 millones 883 mil 839 destinados a seguridad pública, asistencia social, proyectos de desarrollo regional e infraestructura social.
El dinero destinado para Issstecali, Seguridad Pública, asistencia social, DIF, Conalep, docentes y obra pública se gastó en “aviadores”, aumentos y sobrepagos entre otros.
Obra pública y saneamiento financiero, los más golpeados
Los fondos para la realización de 256 proyectos de infraestructura, a través de Fortafin (Fortalecimiento Financiero), Fonmetro (Fondos Metropolitanos) y Fortalece (Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal), le dieron al gobierno mil 443 millones 623 mil 600 pesos, de los cuales mil 020 millones 623 mil 600 pesos estaban destinados exclusivamente a obra pública.
Entre los proyectos aprobados destacó la rehabilitación de la vía férrea Tijuana-Tecate con más de 107 millones de pesos de inversión y el suministro de infraestructura en interconexión para los municipios por 99 millones 999 mil pesos.
En el documento se muestra cómo el gobierno de “Kiko” Vega no pudo comprobar la apertura de cuentas bancarias y las transferencias de los recursos para el pago de las empresas contratadas.
Las cuentas bancarias a las que fueron transferidos los fondos correspondientes a algunos programas de obra pública fueron rastreadas por la ASF, y mostraron que los rendimientos financieros ascienden a un millón 15 mil 700 pesos.
No encuentran 304 millones destinados para el ISSSTECALI
Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) se le otorgaron 304 millones 187 mil 005 por el concepto de seguridad social.
Sin embargo, (el gobierno de Baja California) no presentó la documentación comprobatoria que acredite el pago del beneficio, ni la autorización correspondiente”, explica el documento.
En pagos de 395 plazas no autorizadas por el Congreso de Baja California se brindaron otros 4 millones 475 mil 859 pesos. Además se registró un pago a 70 funcionarios por 13 millones 853 mil 800 pesos. Pagos excesivos a 504 servidores públicos por 4 millones 877 mil 100 pesos, más de lo autorizado.
A los profesores no se les entregaron pagos completos
La nómina destinada para la educación registró un daño de 322 millones 866 mil 028 pesos fueron destinados para pagos de nóminas complementaria y de honorarios, cuotas y aportaciones de seguridad social, conceptos no autorizados. También se detectaron aviadores y hubo desvíos con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo por 6 millones 767 mil 700 pesos, correspondiente al pago de ISR, por el salario de los trabajadores.
Programas de salud, de finanzas y prevención de delito también reportan sumas que no cuadran.
La seguridad pública
A la Seguridad Pública se destinaron 307 millones 792 mil 200 pesos de ellos, se detectaron recuperaciones por 2 millones 442 mil 100 pesos y 69 millones 55 mil 821 pesos en recursos no ejercidos, equivalente al 22% ciento de los fondos disponibles en 2016.
La violencia incrementó del 2015 al 2016, 6.8% en robo a negocios; 6.7% en robo de vehículos; 5.3% en homicidios; 4.6% en secuestro y 3.5% en robo a transeúntes.
DIF, Conalep y Asistencia Social
En el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se detectaron otros 131 millones 296 mil 188 pesos, este ente está encargado de dotar de recursos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y para infraestructura educativa. Los recursos del FAM 2016 representaron el 98.5% del financiamiento de las acciones de asistencia social, que se canalizan a través del DIF, mencionó Zeta.
Para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) destinaron 130 millones 855 mil 800 pesos a Baja California y representaron el presupuesto total del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Baja California.
La falla en la utilización de los recursos se refleja en el 30.4% de deserción en los alumnos y el 57.3% de estudiantes que no obtuvieron su certificación como profesionales técnicos en el Conalep.
Finalmente, Zeta reportó la Secretaría de Desarrollo Social del Estado recibió 41 millones 139 mil 800 pesos en 2016 para destinar a 59 obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, así como para infraestructura básica del sector salud y educativo, con ello la población no recibió los beneficios programados.
Con información de Zeta
wh