El mensaje que los ciudadanos depositaron en las urnas el pasado primero de julio es claro: su percepción es que la transición democrática de los últimos veinte años no ha producido aún los resultados esperados, ya sea para generar una mayor igualdad social y económica o para controlar la corrupción y la inseguridad. Esta ausencia de resultados ha generado descontento entre los ciudadanos con su joven democracia. Al respecto, José Antonio Aguilar también ha propuesto otra fuente para explicar el descontento de los mexicanos con la democracia: “Los mexicanos están insatisfechos con su gobierno democrático, no sólo porque no les ha provisto de los bienes sociales que, de manera realista o no, se esperan normalmente de la democracia. También se encuentran molestos por lo que perciben como una brecha entre su concepción idealizada de la misma y la forma en que realmente funcionan las instituciones democráticas existentes…”. Las nuevas autoridades enfrentan un doble desafío: dar resultados y actuar de manera democrática, es decir, mostrar que ejercen el poder con hábitos que la población considera democráticos.
Traigo a colación lo anterior porque hoy el derecho de acceso a la información y la transparencia son dos atributos indisolubles a la noción de democracia en nuestro país. Sin duda, la población hoy tiene la expectativa de un gobierno transparente y que documente la forma como ejerce el poder. Una muestra de esto son dos recursos de revisión discutidos en conjunto el pasado 30 de enero en el pleno del INAI y que refieren al Fideicomiso de Transición 2018.
El Fondo de Transición 2018 es un fideicomiso público de administración y pago para la adquisición de bienes y contratación de servicios asociados a los trabajos y actividades del presidente electo y su equipo de asesores. El patrimonio del fideicomiso se integra con una aportación de $150 millones efectuado por el fideicomitente, es decir por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) como fiduciario. Este Fondo es un espacio en el que las autoridades electas ejercen recursos y algunos de sus primeros actos de autoridad; por esta razón, diversos mexicanos han decidido ejercer su derecho de acceso a la información para indagar más sobre este fideicomiso, lo que constata que hoy nuestro país cuenta con una ciudadanía que observa, pregunta y demanda información porque desea saber qué hace el gobierno con los recursos de todos los mexicanos.
En este contexto, una persona preguntó a Banjercito por qué no se han transparentado los gastos del Fideicomiso de Transición 2018 y otra solicitó a la Secretaría de Hacienda el listado de estudios y diagnósticos pagados con recursos del Fondo de Transición 2018. El miércoles 30 de enero, el INAI instruyó a Banjercito turnar la solicitud de información a todas las unidades administrativas competentes y notificar a la solicitante el resultado de la búsqueda que efectúe. Y a la SHCP le instruimos a realizar una nueva búsqueda exhaustiva de información y proporcionarla a la persona que la solicitó. Las solicitudes de información que dieron pie a estos recursos de revisión, y tantas otras que sobre diversas acciones del nuevo gobierno, muestran que la población desea la información pública que les permita conocer la forma en que el actual gobierno federal ejerce el poder y si sigue los principios que propusieron durante la campaña, como la transparencia.
Poner a disposición de la población la información pública relacionada con el fideicomiso constituye una de las primeras acciones para demostrar a los ciudadanos que el gobierno cumple con sus promesas y sus atribuciones con transparencia. Al hacer pública la información que interesa a los particulares que interpusieron estos recursos de revisión, se podrá demostrar cómo se utilizó el dinero del Fondo para la Transición, por ejemplo, si se ejercieron los recursos para levantar el censo del bienestar como declaró a la prensa el propio Andrés Manuel López Obrador. O bien, dar certeza a la población si los recursos no fueron ejercidos, pues, de acuerdo con diversas notas periodísticas, ya hay respuestas a solicitudes de información previas indicando que los 150 millones de pesos del Fideicomiso de Transición 2018 permanecen intactos. Quizá algunas polémicas y debates podrían ser zanjados con información pública y así evitar especulaciones e incluso noticias falsas.
Una forma de fortalecer la confianza en la administración federal es sumar a las conferencias matutinas iniciativas de transparencia proactiva para que la población tenga a la mano la información que considera más relevante y así pueda conocer los datos que fundamentan sus decisiones y acciones. Como consecuencia el debate público se enriquecerá e irá más allá de rumores o noticias falsas y sobre todo podrá remontar el descontento con la democracia mostrando cuáles son los resultados que da su administración y que las instituciones públicas actúan de acuerdo la noción de democracia de la población, es decir, con hábitos como la transparencia.