Opinión

Información y transparencia en el sistema de salud

Debe existir una política de transparencia proactiva que permita seguir cada peso y centavo destinado a la salud. | Joel Salas

  • 24/01/2019
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La corrupción es la enfermedad que más debilita al sistema de salud mexicano. Las disparidades sociales y económicas se agravan al permitir que intereses especiales capturen el ciclo de la política pública. Esto reduce la capacidad de respuesta y la eficacia de dichas políticas, que operan como el anticuerpo para la administración de la salud de México. La corrupción limita el acceso justo y equitativo a los servicios públicos de los que más la necesitan. En los últimos años se han visto casos graves de malversación de recursos públicos, desde la adquisición de medicamentos genéricos a precios superiores de los de patente, recursos del seguro popular desviados con fines electorales, distribución de medicamentos caducos en clínicas rurales, hasta quimioterapias falsas que aplican soluciones de agua a niños con cáncer. Cada peso destinado a la seguridad social que se pierde por posibles actos de corrupción va en detrimento de la salud de los mexicanos.

A través del recurso de revisión RRA7726/18 un particular requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) diversos datos sobre las asociaciones público privadas contratadas para la construcción de hospitales. El INAI instruyó al ISSSTE atender la solicitud mediante versión pública de los documentos que atienden la solicitud. La información pública sobre asociaciones público privadas a la que se refiere este recurso de revisión es fundamental para que las autoridades federales y la población en general evalúen las decisiones tomadas por el ISSSTE al utilizar este esquema de desarrollo de infraestructura. Asimismo, al proporcionar cabalmente la información que se le requirió, el ISSSTE podrá demostrar que lo utilizó con estricto apego a los requerimientos técnicos, y que se aseguró que el presupuesto disponible realmente fue destinado para garantizar la salud de los mexicanos. Parafraseando a la actual titular de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, “las asociaciones público privadas son un modelo de desarrollo de infraestructura cada vez más socorrido, por ello es fundamental asegurar que se contraten con total transparencia”.

Desde 2012 el esquema de asociaciones público privadas se convirtió en un mecanismo de desarrollo de infraestructura para promover la construcción de hospitales en México. Debido a los pocos hospitales públicos en el país la cobertura universal no está garantizada. En el Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud 2016, la Secretaría del ramo informó que el número de hospitales no ha aumentado desde 2011. El ISSSTE, con más de 12 millones de derechohabientes, administra -en conjunto con el IMSS- los servicios de salud para más del 55% de la población. Si bien existe déficit de infraestructura, un informe de Mexicanos Contra la Corrupción cuestiona la utilización de esta modalidad de construcción. Algunos hospitales, dice el informe, se construyen por razones políticas y en función de análisis geográficos, demográfico o epidemiológico. Además, de los riesgos de posibles actos de corrupción, el modelo actual de asociaciones público privadas no ha mejorado la cobertura de servicios de salud pública. Según el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, hay 250 unidades médicas destinadas a la población que están abandonadas. Por eso, el nuevo gobierno federal anunció la rehabilitación o recuperación de 57 hospitales que quedaron inconclusos o están abandonados en diversos estados del país, mediante una inversión de hasta 10 mil millones de pesos. Además, la OCDE recomienda a México “seguir explorando la implementación de contrataciones abiertas en las adquisiciones de salud y productos farmacéuticos” para incrementar la transparencia y la divulgación de información en torno a las contrataciones públicas del sector.

Al centro de la restructuración del sistema de salud, tanto a nivel federal como estatal, debe existir una política de transparencia proactiva que permita seguir cada peso y centavo destinado a la salud. Es la transparencia lo que puede garantizar el derecho a la salud de los mexicanos. Es mediante el derecho de acceso a la información que se abren las posibilidades de exigir la garantía del derecho a la salud, uno de los más preciados por las personas porque de él depende en gran parte la vida.

Justicia e información

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