El desvío de 246 millones de pesos que se hizo durante la administración de César Duarte hacia las campañas del PRI se realizó a través de cuatro empresas fantasma creadas por tres policías del Estado de México.
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Esos mismos policías fueron detenidos en octubre de 2016, por intentar robar 3 millones de pesos en una empresa que custodiaban en Jardines del Pedregal.
En el desvío de fondos también está implicado el exsecretario de Finanzas del PRI, Alejandro Gutiérrez, detenido desde diciembre de 2017 y a quien un juez federal exoneró la semana pasada porque la PGR no acreditó su culpabilidad en el delito de peculado.
Las cuatro empresas utilizadas para el desvío de recursos fueron Profesionistas Futura, Servicios y Asesorías SISAS, SAMEX y SINNAX S. A de C., creadas en agosto de 2015 por el agente José Juan Saliano González, de acuerdo con un rastreo de actas realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En febrero de 2016, el Gobierno de Chihuahua asignó a las empresas de reciente creación cuatro contratos por 246 millones de pesos por cursos de capacitación a papás y maestros, los cuales nunca se impartieron.
Entre las personas que recibieron transferencias figuran Ernesto Fernández y Maximiliano Benítez, compañeros de Saliano en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM).
En actas y documentos consultados por MCCI aparece como operador y presunto prestanombres de esa red Saliano González, junto con vecinos y parientes que residen en la delegación Azcapotzalco y en los municipios de Tultepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
Las dos primeras empresas fantasmas con las que triangularon los recursos fueron creadas el 13 de agosto de 2015 y cinco días después las otras dos, ante María Cristina Cerrillo Álvarez, titular de la notaría 158 de la Ciudad de México, ubicada en Coyoacán.
SINNAX, a quien el Gobierno estatal le transfirió 55 millones de pesos, tiene como socio mayoritario y administrador único a Saliano González, de 50 años de edad, originario de Tierra Blanca, Veracruz, y con domicilio en la Colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco.
La empresa cuenta con 39 objetos sociales, el primero de los cuales son los servicios de consultoría, asesoría y capacitación en todo el País y en el extranjero. El domicilio fiscal declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está en un edificio de oficinas ubicado en la Avenida López Mateos de Nezahualcóyotl.
Una pariente del policía, de nombre Giovanna Itzel Saliano Gallardo, es la representante legal de Servicios y Asesorías SISAS, que firmó con el Gobierno de Duarte un contrato por 46 millones de pesos para dar un curso en materia ecológica. El administrador único es Aarón Talavera Mejía, vecino del agente, en la Colonia San Pedro Xalpa, quien inscribió en su propia casa el domicilio fiscal de la empresa.
Otra pariente del mismo policía, de nombre Sandibel Gallardo Gallardo, es quien firmó con el Gobierno chihuahuense un contrato por 55 millones de pesos a nombre de SAMEX S. A de C. V, por concepto de un curso para 5 mil 600 padres de familia de alumnos de preescolar y primaria, el cual jamás se impartió.
La apoderada de esta empresa reside en una humilde vivienda del barrio San Antonio Xahuento, en el municipio de Tultepec, Estado de México. Mientras que el domicilio fiscal de la empresa, registrado ante el SAT, está en la casa del policía, en Azcapotzalco.
El despacho Profesionistas Futura, que recibió 90 millones de pesos del Gobierno de Duarte para diseñar e implementar un software para agilizar trámites, tiene como administradora a María de Lourdes Gallardo Carrillo, también emparentada con el agente.
Las cuatro empresas fueron reportadas desde enero de 2017 por el SAT como presuntamente fantasma, por haber incurrido en supuesta simulación de operaciones.
kach