Mauricio Fernández de la Mora, quien estuvo detrás de la decisión de rehacer la investigación realizada por la PGR con respecto a Ayotzinapa, consideró que el objetivo de promover un mecanismo nunca visto en el país es el hallazgo de los 43 estudiantes.
En una entrevista publicada este lunes por The New York Times, el magistrado de 43 años, experto en derecho penal, dijo que “si bien el derecho nacional no regula la creación de un mecanismo extraordinario, no por ello es un impedimento a que este exista y se proponga”.
A inicios de junio, el Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, determinó que la investigación de la PGR “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial” y que había que rehacerla, por un cuerpo alterno a la Procuraduría General de la República (PGR).
Se consideró necesario sugerir esta comisión de investigación al advertir que hubo violaciones graves a los derechos humanos, como desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales o serias alegaciones de tortura, y tomando en cuenta las múltiples irregularidades y defectos detectados”, dijo.
Al ser preguntado sobre si existe una relación en que el fallo se haya emitido a un mes de la elección presidencial, Fernández de la Mora asegura que no pueden obedecer a lo político.
Nunca pasaron por nuestras mentes las cuestiones político-electorales; la justicia no va a esperar. No nos podemos abocar a las cuestiones políticas que suceden en el país; nuestra función y nuestro compromiso es con la justicia y nos marca en nuestra propia Constitución que esta debe ser pronta y expedita”, señaló.
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Antes de tomar la decisión, Fernández de la Mora analizó alrededor de ochenta casos y condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes se han pronunciado sobre las deficiencias de la investigación de la PGR.
Se estudió también el caso de Anzualdo Castro, que establece el derecho de una sociedad a conocer la verdad, y posteriormente el caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil, en el que se hizo hincapié en que resulta necesaria la creación de una comisión indagatoria independiente en circunstancias o casos de violaciones graves en los que el personal policial aparezca como posible imputado; como sucedió en el caso Ayotzinapa”, agregó.
A más de una semana de que se estableció la creación de la comisión, luego de un plazo de diez días naturales para dicho fin, el magistrado dijo que “no nos corresponde llevar a cabo el seguimiento sobre si se cumple, eso le toca al tribunal que juzgó el amparo que después nosotros revisamos: ese es el Tercer Tribunal Unitario (del decimonoveno circuito).
Dijo que la Ley de Amparo señala que el plazo se puede prolongar siempre y cuando ya se esté en vías de cumplimiento.
Un día antes de que se llevara a cabo la entrevista, Sabino Pérez García, magistrado a cargo del tercer tribunal unitario, detuvo la decisión de un tribunal colegiado; luego de aplicar un fallo porque la PGR dijo que no le es posible cumplirlo.
“De acuerdo con la Ley de Amparo, en teoría no (puede apelarse)”, señaló Fernández de la Mora. Sin embargo, sí pueden recurrir a un incidente de imposibilidad. Lo que hizo la PGR, al decir que la sentencia no respeta división de poderes pues las investigaciones corresponden al ministerio público.
Ya que el fallo judicial tiene un componente que incluye a organizaciones que representan a familiares de los desaparecidos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
“Los tres integrantes de la comisión están facultados”, dijo. Y agregó que gracias a ese mecanismo, puede integrar investigaciones y averiguaciones que por su parte han hecho.
“Quisiera compartir que tenemos fe en que todo salga bien… Hemos advertido que ya están empezando a trabajar en este tema como parte de la transición [presidencial] y, pues, vamos a tener fe”.
(Con información de The New York Times)
cmo