Una suspensión provisional concedida a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la consejería jurídica de la Presidencia de la República, mantiene en suspenso la creación de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como lo instruyó un Tribunal Colegiado de Circuito el 4 de junio pasado a fin de reponer las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
A través de un recurso de inconformidad conocido como “incidente de imposibilidad jurídica y material” la PGR se declaró sin facultades para cumplir la resolución del órgano judicial por lo que este miércoles los magistrados del Tribunal Colegiado declararon la suspensión temporal de la medida mientras se analiza si la Procuraduría General de la República están en condiciones de acatar la orden o se revoca únicamente el apartado sobre la creación de esta Comisión de Investigación para llegar a la verdad sobre los hechos registrados en septiembre de 2014.
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Está suspensión provisional se da por tiempo indefinido, en tanto los tres magistrados que instruyeron la creación de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, resuelven si incurrieron en una “interpretación extrema” y se mandató algo fuera de las atribuciones del Ministerio Público, en cuyo caso la instrucción quedaría sin efectos y se notificaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En caso contrario, de mantener su postura y reiterar la sentencia que busca subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR, el caso se elevará al máximo órgano de impartición de justicia, la SCJN, en donde los ministros deberán analizar y resolver si se revoca la orden o si se valida la creación de la nueva comisión que tendría que integrarse por víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales.
El trámite del incidente de imposibilidad, que promovió la PGR el 20 de junio, no tiene plazo de resolución por lo que podrían pasar semanas para que concluya toda vez que se tiene que dar vista a los abogados de las víctimas y recibir alegatos antes de dictar sentencia.
Cabe recordar que la orden para crear la citada comisión se dio luego de que los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito resolvieron que la llamada “verdad histórica” del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, se obtuvo mediante la tortura de los acusados. Además se argumentó que la investigación no fue “independiente e imparcial” pues se omitió investigar la probable participación de la Policía Federal y de la Ejército señalados en este caso.
LO QUE SE MANTIENE EN VIGENCIA
La suspensión de los magistrados se dio de manera parcial por lo que otros apartados de la sentencia se mantienen vigentes y deberán ser acatados.
La PGR deberá cumplir con la orden de los magistrados de reponer el procedimiento y presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
La sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas sobre posibles casos de tortura durante el proceso de investigación, por lo que instruyó, a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes.