Dos exjefes de la policía en Hidalgo que fueron acusados de protección al cártel de Los Zetas en el sexenio de Miguel Osorio Chong (2005-2011), procesados, recluidos en penales federales, pero liberados por inconsistencias en el proceso, han sido asesinados, y uno más se encuentra desaparecido.
La mañana del viernes, el excomandante Esteban Javier Reyes Hernández, quien fue subdirector de la entonces Policía Judicial del estado, fue asesinado cuando viajaba en un automóvil Mercedes Benz C280, en el bulevar Felipe Ángeles, a la altura de la preparatoria David Alfaro Siqueiros, en Pachuca.
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Antes de él, el 12 de mayo de 2017 (después de siete años en prisión y una segunda detención en la que no fue procesado) fue abatido en Calzada de Veracruz, Pachuca, José Augusto Vega Pacheco, El Pino, presunto exenlace entre las corporaciones de seguridad en el sexenio de Osorio Chong y el crimen organizado.
El email ID 1289339, parte de los más de cinco de millones de correos electrónicos que publicó WikiLeak de la agencia Stratfor, proveedora del Departamento de Seguridad Interior, los Marines y la Agencia de Defensa de los Estados Unidos, dio cuenta de su supuesto rol como reclutador, tras primera captura en noviembre de 2011: “Mexican authorities arrested a Public Security Secretariat officer in Pachuca, Hidalgo state, for allegedly recruiting fellow officers to work for Los Zetas”.
Precisamente El Pino fue uno de los que declaró en contra de Esteban Reyes. Su testimonio –cuya copia posee La Silla Rota– refiere que el exsubdirector recibía 150 mil pesos al mes para dar protección al cártel que lideraba Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, hidalguense nacido en Apan y avecindado en la colonia El Tezontle, de la capital.
Esteban Reyes, cuyo vehículo tenía impactos de bala, había sido detenido en mayo de 2011 después de, presuntamente, haber efectuado disparos afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Mineral de la Reforma, huir y –con base en la versión de la policía de la entidad– balear un camión urbano.
Sin embargo, el entonces jefe de la corporación estatal, Damián Canales Mena, afirmó que el imputado tenía una orden de aprehensión liberada por el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, por la causa penal 464/2009, en la que estaba inmerso por su posible participación en delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud agravada, y contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento de la ejecución.
Al igual que El Pino, aunque fue recluido en un penal federal, obtuvo su libertad.
Tras su detención, en noviembre de 2011, El Pino declaró en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) que Los Zetas obtenían información de averiguaciones previas iniciadas en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE), a través de personal cooptado, y que un policía ministerial, cuyo nombre no proporciona, pero que, según él, estaba comisionado como escolta del exgobernador Francisco Olvera, proporcionaba información.
Según el mandatario Omar Fayad Meneses este expresidiario había sido capturado por segunda ocasión en marzo de 2017, pero liberado por “fallas” del nuevo sistema de justicia penal.
“Se dice que estaba aquí, supuestamente, porque era de aquí, pero que realmente su operación con los Zetas era en Veracruz; pero, a ver, si estaba aquí y lo agarramos aquí en un operativo de secuestro, es que estaba operando, estaba la presencia de ese zeta”, planteó en ese momento.
Fuentes de seguridad revelaron que el año anterior Esteban Reyes también fue detenido nuevamente por supuesta portación de arma exclusiva de uso militar, una UZI subametralladora; no obstante, también fue liberado.
Además de ellos, otro exjefe de la policía que obtuvo su libertad, Raúl Batres Campos, exjefe regional de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), permanece desaparecido tras su liberación.
“Yanqui tío” era la supuesta clave con la que el crimen identificaba a Batres, por quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno mexicano un informe para evaluar la posible implementación de medidas cautelares en tanto estaba recluido, ya que documentó probable tortura en su contra mientras estuvo en el Centro Federal de Readaptación Social de Villa Aldama, Veracruz, donde, relató, era bañado con agua helada al sufrir ataques de epilepsia y, en alguna ocasión, fue picado con una jeringa como medida correctiva para que, según los custodios, dejara de fingir.
De los 143 policías detenidos en 2009, por su presunta protección al cártel de Lazcano, Osorio como gobernador y Felipe Calderón Hinojosa como presidente, sólo nueve siguen recluidos, el resto fue liberado por irregularidades en sus procesos, tortura y falta de elementos para acreditar el delito.
mvf