Xalapa, Ver.- Al igual que en el 2016, cuando administraba Javier Duarte de Ochoa, ahora el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares tiene la presión de “blindarse” y dejar un Sistema Anticorrupción a modo, y nombrar al menos al 30% de los magistrados que integran el Poder Judicial.
A diez días de que concluya el periodo ordinario de sesiones en el congreso de Veracruz, la actual Cámara local tiene la obligación de dejar operando el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y la designación de 12 magistrados del Poder Judicial.
Desde enero de 2018 se inició el nombramiento del recurso humano que integraría al SEA, pero la falta de votos -al menos 4- para lograr la mayoría calificada que obliga la ley en la designación de personas, ha limitado que el tema se lleve al pleno legislativo.
Además de un fiscal especial para el combate a la corrupción, está pendiente el nombramiento de Contralores Internos de seis órganos autónomos, que serán los encargados de prevenir y revisar el correcto manejo de recursos públicos.
DESIGNACIONES ESTANCADAS
Por la elección local del 1 de julio se estancaron todas las designaciones, y con el argumento de que no se querían “viciar” los nombramientos -por recomendación del PRI- se pospuso la discusión y se dio un compromiso de facto, de que la votación se retomaría una vez concluida la jornada electoral.
El 5 de marzo de este año, previo al inicio de campañas, el diputado panista Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, reconoció que no había consenso para la designación del fiscal anticorrupción, y en consecuencia se retrasó hasta julio.
Desde que se emitió la convocatoria para la designación del funcionario, se ventiló que Marcos Even Torres, actual visitador de la Fiscalía General del Estado (FGE) sería el designado, y tras el proceso de selección el propio Sergio Hernández, reconoció que el funcionario estaba en la terna que apoyaba su fracción.
Algunos de los 25 aspirantes para dicho puesto que se entrevistaron con los diputados locales, como parte de los requisitos de la convocaría, se inconformaron por el “destape” de Marcos Even, y afirmaron que el proceso se había viciado. Este miércoles 18 de julio, Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, pidieron reponer el proceso de selección.
En su momento Morena, en voz de Amado Cruz Malpica, rechazó el supuesto acuerdo y reiteró que el nombramiento tendría que someterse a votación en el pleno. Y tres días después de la elección local, diputados y el gobernador electo, Cuitláhuac García pidieron frenar el nombramiento para dejarlo a la siguiente Cámara, con el argumento que de ese modo se respetaría la voluntad ciudadana, que determinó dar mayoría al partido de izquierda.
BLINDAJE EN EL PODER JUDICIAL
En el caso de quienes integraban el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en diciembre del 2017 se jubilaron 12 magistrados por tener más de 70 años de edad, y fue después de las elecciones cuando el magistrado presidente, Edel Álvarez Peña, amigo cercano del gobernador Yunes Linares, apresuró el nombramiento.
Integrantes de barras de abogados alertaron que se quiere imponer a gente cercana a Yunes Linares, y así blindarse desde el Poder Judicial, ante el riesgo de que se puedan sancionar posibles actos de corrupción del bienio.
Entre los candidatos para magistrados están panistas y gente ligada a la administración de Javier Duarte, algunos con trayectoria judicial, como Mario Berlín Mendoza, exdirector de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado; Alma Aleida Sosa, Juez de Pacho Viejo, Marco Antonio Rodríguez Lobato juez del Poder Judicial, Ángel Ramírez Bretón, Director Jurídico del Congreso y Lauro López Zumaya, director Jurídico de la Segob.
La intentona de Yunes Linares se podría frenar por la alianza de PRI y Morena, denominada, pues juntos suman al menos 19 votos en contra de cualquier propuesta del Ejecutivo o la mayoría del Pleno.
En el sexenio pasado, el priista Javier Duarte de Ochoa hizo acciones similares de incorporación de sus amigos al Poder Judicial del Estado, sobre todo de aquellos políticos que le rindieron favores en “torcer” las investigaciones de asesinatos de periodistas.
La extitular del Juzgado Cuarto Civil de Coatepec, Beatriz Rivera Hernández, fue designada magistrada luego de haber avalado los desaseos en la investigación del homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez.
Luego Marco Antonio Lezama Moo, exsubprocurador general de Justicia, y el abogado Amadeo Flores Villalba fueron propuestos por Duarte como magistrados.
AJ