CORRUPCIÓN

Yucatán da licitación a empresario cercano a Granier

El gobernador Rolando Zapata otorga contrato millonario a Vitro Fomento Industrial, de Juan M. Ponce Díaz, en medio de graves irregularidades
Yucatán da licitación a empresario cercano a GranierYucatán da licitación a empresario cercano a Granier. (ESPECIAL)

El gobierno de Yucatán otorgó la licitación para el reemplacamiento padrón vehicular a la empresa Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V, propiedad de Juan Manuel Ponce Díaz, un empresario involucrado en las investigaciones contra el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier por lavado de dinero y desvío de recursos.

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Se trata del proceso de licitación, con número LIC-GEY-SSP-031/2016, la cual es calificada como ´amañada´ por el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila Ruiz, ya que desde las bases publicadas se dio pie a que sólo concursaran tres empresas, una de ellas Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.

En total, el gobierno de Yucatán, encabezado por el priísta Rolando Zapata Bello pagó a la compañía de Juan Manuel Ponce Díaz 182 millones 371 mil 508 pesos con 88 centavos por placas metálicas de circulación, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre para el proceso de Reemplacamiento 2017.

De acuerdo con documentos en poder de La Silla Rota, Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V tiene relación directa con el desvió de 246 millones de pesos del erario de Tabasco, en el gobierno de Andrés Granier, por operaciones del secretario de Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda, ambos presos desde 2013.

Irregularidades en licitación

El 30 de noviembre del 2016 se publicaron en el Diario Oficial de Yucatán, las bases para que las empresas participaran en la licitación, donde se solicitó el pago de 2 mil pesos para concursar.

La fecha límite para este pago en efectivo, como lo solicitó la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia encargada del proceso, era el mismo 30 de noviembre, con un horario de 8:00 a 14:00 horas en la caja de ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Otro los puntos que se destacan en el documento de las bases, consultado por La Silla Rota, es que se estableció que no se daría un pago como anticipo a la empresa ganadora para la elaboración de las placas, tarjetas de circulación y recibos.

Cabe destacar que en la mayoría de las licitaciones gubernamentales se les entrega un anticipo a las empresas, ya sea para comenzar la obra, confeccionar material textil o cualquier otro producto que el gobierno compre a los particulares.

Bajo estas condiciones, sólo tres empresas lograron su registro: Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V.; Placas Realzadas S.A. de C.V.; y Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.

Días después, el 12 de diciembre del 2016 se llevó a cabo la reunión para anunciar a la compañía ganadora de la licitación. Únicamente asistió la sociedad propiedad de Juan Manuel Ponce Díaz.

Las otras dos empresas no se presentaron, como tampoco lo hizo el contralor interno asignado por la SSP de la Contraloría General ni algún representante la Secretaría de Administración y Finanzas.

En esta reunión convocada para emitir el acta del fallo se determinó que Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V. no cumplió con los requisitos mínimos y ofertó el precio más alto de las tres.

Por su parte, Placas Realzadas S.A. de C.V sí cumplió con los requisitos de las bases, pero el precio también fue elevado, de acuerdo con el documento oficial. Sin embargo, en el documento no se establece cuál fue la oferta económica que hicieron ambas empresas.

En este sentido se declaró: "De acuerdo con el análisis anterior, se emite el siguiente fallo y se adjudican los bienes de la partida única al licitante Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.".

Por su parte, el senador panista, Daniel Ávila Ruiz denunció que los precios son elevados, ya que ésta misma empresa vendió al estado de Nuevo León cada placa por 156 pesos; cantidad 50% menor a los 245 pesos que pagó el gobierno de Yucatán.

Relación con operaciones de Granier

La Fiscalía General de Tabasco, bajo el mandato del gobernador perredista Arturo Núñez, inició en 2013 con las investigaciones correspondientes contra diversos funcionarios de la anterior administración priísta.

Uno de los casos es la compra de terrenos ejidales por parte del entonces secretario de Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda para venderlos después a una sociedad mercantil de nombre Patrimonio Kanasín por 246 millones de pesos.

Estos predios, alrededor de 31 hectáreas, se ubican en Yucatán, por lo que se coadyuvaron las indagatorias entre ambas fiscalías.

Patrimonio Kanasín fue un consorcio registrado en junio del 2012, la cual era conformada por tres empresas: Desarrollos R.D.G., Bienes Raíces Suprime, S.A. de C.V. y Grupo Hogare, S.A. de C.V.

Los socios de la primera empresa son Rodrigo Díaz Gutiérrez y Rommel Daniel Sánchez Angulo; de la segunda Rafael José Correa Bolio, Esteban Correa Bolio y Lorenzo de Jesús Medina González; y de Grupo Hogare, S.A. de C.V., Rommel Daniel Sánchez Angulo y Juan Manuel Ponce Díaz.

La transacción de la compra de los terrenos que había adquirido Sáiz Pineda se realizó ese mismo año, con estos empresarios cercanos al exfuncionario de Andrés Granier. El supuesto pago liquidaría en un periodo de 10 años.

Ante eso, cientos de ejidatarios de Kanazín se manifestaron en contra de la compraventa y exigieron la devolución de los terrenos.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributario (SAT) inició también las pesquisas sobre las diversas empresas utilizadas en las operaciones del exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda.

 

                                                                                                           

Grupo Hogare se convierte en Vitro Fomento Industrial

Las accionistas de la empresa Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V., ganadora de la licitación para el reemplacamiento de Yucatán por 182 millones 371 mil 508 pesos, eran en un inicio Margarita Díaz Rubio y Margarita del Pilar Ponce Díaz, madre y hermana de Juan Manuel Ponce Díaz.

Pero, el 5 de febrero del 2015 se aprobó ante el notario público Hugo Wilbert Evia Bolio en Mérida, el otorgar la totalidad de las acciones a dos empresas: Grupo Hogare S.A. de C.V. y PM 400 S.A. de C.V, pero también se nombró a Juan Manuel Ponce Díaz como administrador único, de acuerdo con documentos en poder de La Silla Rota.

La empresa involucrada en el caso Patrimonio Kanazín, Grupo Hogare S.A. de C.V. obtuvo el 99% de las acciones, con un capital de un millón 999 mil 999 pesos; y PM 400 S.A. de C.V se quedó con el 1%.

Sin embargo, un año después, el 4 de febrero del 2016 en otra asamblea celebrada con accionistas y ante el mismo notario público se cambia la denominación de Grupo Hogare S.A. de C.V a Vive Peninsular S.A. de C.V.; ratifican a Ponce Díaz como administrador único y quedan bajo el mismo número de acciones.

Ese mismo año fue nombrado como apoderado general o representante legal Mario Alberto Fernández Cámara, cuyo nombre es el único que aparece en la licitación LIC-GEY-SSP-031/2016 para la compra de placas vehiculares, tarjetas de circulación y recibos.

Denuncian ante PGR y ASF

El senador por Yucatán, del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila Ruiz denunció las irregularidades e inconsistencias en la licitación para el reemplacamiento 2017 ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ante el órgano de Auditoría local en septiembre de este año.

En el documento, el legislador acusó de un sobrecosto de las placas para los ciudadanos de 741 pesos y el ingreso indebido de recursos a las arcas estatales por más de 555 millones 750 mil pesos.

"Simularon todo el proceso de licitación pública para beneficiar una empresa. Nos pusimos a investigar y presentamos las denuncias correspondientes", manifestó.

El panista argumentó que para el gobierno de Yucatán cada placa tuvo un precio de 245 pesos, mientras que los ciudadanos tuvieron que pagar un total de mil 446 pesos.

Además, comparó los costos con Nuevo León, donde también se llevó a cabo un reemplacamiento este año, con la misma empresa: Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.

En el estado norteño el precio por placa fue de 156 pesos y los ciudadanos pagaron sólo 547 pesos.

Por otra parte, el senador Daniel Ávila mencionó que el último reemplacamiento en Yucatán se llevó a cabo en la administración de Ivonne Ortega, por un costo al ciudadano de 406 pesos en 2009.

¿Quién es Juan Manuel Ponce Díaz?

El yucateco tiene trayectoria como empresario en Yucatán. De acuerdo con la página de internet www.juanmanuelponcediaz.com es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Dayton, en Estados Unidos, con diversos estudios en Desarrollo Gerencial y Desarrollo de Empresas en la Wharton School en Pennsylvania y en la Harvard Business School en Boston; así como del ITAM y el ITESM en México.

Es accionista y miembro del Consejo de Administración de Bepensa, un consorcio que posee la franquicia de The Coca Cola Company para distribuir el producto en Yucatán y en 24 estados más, así como en República Dominicana.

Su familia ha tenido por años la franquicia refresquera más grande del mundo; y en Bepensa también fungió como director general.

En febrero de este año fue nombrado como el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacitra) Yucatán.

"El gobierno es respetuoso del estado de derecho"

La Silla Rota buscó la postura del Gobierno sobre las investigaciones que se llevan a cabo en las fiscalías de Tabasco y Yucatán sobre el caso de Patrimonio Kansasín y la relación con el propietario de la empresa Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V., ganadora de la licitación para el reemplacamiento 2017.

Vía correo electrónico con el área de Comunicación Social respondieron que el gobierno es respetuoso del marco de derecho y estará atento a desarrollo del proceso.

"Sobre el tema relacionado con terrenos, el Gobierno del Estado es respetuoso del marco de derecho y estará atento al desarrollo del proceso", cita el comunicado.

Respecto al proceso de licitación y el sobre costo denunciado por el senador Daniel Ávila, la administración del mandatario Rolando Zapata argumentó que por cuestiones de seguridad se buscó hacer un nuevo registro y reemplacamiento en el estado, lo cual fue aprobado por el Congreso local y los recursos derivados de ello son parte de la Ley de Ingresos.


Este registro vehicular es una pieza fundamental para las tareas que se realizan en materia de seguridad, pues nos da la certeza de contar con la información necesaria para la identificación de vehículos y conductores que puedan estar involucrados en actos ilícitos dentro de nuestro territorio. Este proceso, además de proporcionar la placa, tarjeta de circulación y calcomanía al ciudadano, incluyó costos indirectos relativos a la ampliación de las capacidades informáticas del Gobierno del Estado para realizar el trámite, a fin de garantizar una adecuada captura, procesamiento, almacenamiento y resguardo de datos, a través de software y hardware actualizado", señala el boletín.

Además, se aseguró que, a la empresa ganadora de la licitación, la cual ofreció las mejores condiciones y precios no se le proporcionó un anticipo.

Por último, el gobierno de Zapata Bello manifestó su disposición a los procesos de auditoría necesarios para que no haya duda del uso adecuado de los recursos.


Desde el inicio de la presente administración, hemos realizado un trabajo exhaustivo para mantener las finanzas estatales sanas, en un marco rendición de cuentas, abierto a todos los ciudadanos. Por tanto, en el Gobierno del Estado refrendamos nuestro compromiso con la transparencia y manifestamos nuestra total disposición a los procesos de auditoría que sean necesarios para que no quede duda del uso adecuado y responsable de los recursos".

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