Reforma y equilibrio energético

En mi colaboración anterior destaqué algunas virtudes del informe “Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética del siglo XXI”, presentado recientemente por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad). En esta ocasión quiero detenerme en un aspecto que me parece preocupante: la transformación del sector de los hidrocarburos, y en especial la industria del petróleo, se presenta como el objetivo prioritario, y en ocasiones único, del proceso de reforma energética.

JUAN ANTONIO LE CLERCQ 20/07/2013 05:00 a.m.


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No hay duda que al proyectar una reforma al sector energético mexicano, ésta debe por necesidad incluir, como una de sus prioridades, a la industria del petróleo y del gas natural, en especial ante la preponderancia de los hidrocarburos en nuestra matriz energética, la caída en la producción a lo largo de la década y la contribución de PEMEX a las finanzas públicas nacionales. Sin embargo, considero un error estratégico y conceptual limitar nuevamente el sentido y alcance de la reforma a modificaciones al marco institucional que regula la cadena productiva del sector de los hidrocarburos. Reforma energética no puede ni debe ser sinónimo de cambiar para maximizar la explotación y renta de los combustibles fósiles, y como señalaba la semana pasada, me parece que el reporte del IMCO cae en forma involuntaria también en este error común.

Me parece que los objetivos que el IMCO destaca como ejes rectores para la reforma energética (garantizar seguridad energética y fortalecer la competitividad del país, maximizar el valor de la renta petrolera y convertirla tanto en palanca del desarrollo como en bienestar de largo plazo) son muy relevantes, pero equilibrar la participación de fuentes fósiles y renovables en nuestra matriz energética durante las próximas décadas es una meta igualmente importante. Parafraseando a Daniel Yergin, México es una sociedad de hidrocarburos: la realidad es que nuestra energía primaria se compone en un 92% de hidrocarburos; el petróleo representa 65%, el gas natural el 24% y el carbón 2%. Y si bien el potencial para la explotación de gas natural representa oportunidades económicas importantes y podría garantizar el abasto que requiere la industria, es peligroso convertirlo en el nuevo “El Dorado” de nuestro sector energético.

Me parece que una reforma energética integral debe partir de preguntarnos ¿cuál es la composición que queremos para nuestra matriz energética dentro de las siguientes décadas?, ¿cómo podemos equilibrar las diferentes fuentes de energía disponibles sin poner en riesgo seguridad y competitividad?

Si creemos que nuestro desarrollo depende de explotar las fuentes fósiles que tenemos en el subsuelo, entonces la reforma energética debe enfocarse prioritariamente a impulsar cambios para detonar la exploración en aguas profundas, definir nuevas modalidades para maximizar la producción de petróleo y establecer las bases para la explotación del gas de lutitas. Si por el contrario, pensamos que no es conveniente por razones estratégicas o ambientales, mantener una dependencia absoluta a los hidrocarburos, entonces la reforma debe impulsar las modificaciones de ley necesarias para aumentar significativamente la participación de las energías renovables. Lo cual no excluye a su vez reformas de fondo para transformar al sector de los hidrocarburos, incluyendo modificaciones a la legislación ambiental para regular el proceso de fractura hidráulica necesaria para extraer gas de lutitas.

No basta con señalar en los planes nacionales que se “promoverá”, “apoyará” o “impulsará” la generación de energía con fuentes renovables. Lo que necesitamos responder como parte del proceso de reforma, es qué participación queremos realmente para las energías renovables como fuentes de energía primaria, para entonces realizar las adecuaciones legales y establecer nuevas modalidades para que los particulares o las gobiernos locales generen electricidad, esquemas de financiamiento eficientes, desarrollar nuevos mercados, y crear impuestos a las emisiones de carbono y sistemas de incentivos que premien a las renovables y castiguen a los hidrocarburos. Si definimos como objetivo de la reforma el equilibrar la composición de nuestra balanza energética, entonces es posible articular cambios legales y en las políticas públicas como parte de una verdadera estrategia nacional de energía para el largo plazo.

En sus proyecciones sobre la tendencia del marcado de energía renovable hacia 2017, la Agencia Internacional de Energía (IEA) destaca la “excelente disposición de recursos a través de diferentes tecnologías” y el “atractivo potencial de largo plazo” con los que cuenta nuestro país para aumentar su capacidad instalada de electricidad generada con fuentes renovables. Pero, en los dos únicos párrafos que dedica a México, también señala que a pesar de las metas e iniciativos puestas en marcha, no se han desarrollado los incentivos financieros necesarios para detonar el gran potencial existente.

La IEA proyecta que la generación de electricidad con fuentes renovables en México pasará de 46 TWh en 2013 a 57 TWh hacia 2017, mientras que Chile la incrementará de 31 TWh a 46TWh en el mismo periodo. Brasil, India y China representan sin duda las potencias emergentes en las que la generación de energía renovable crecerá significativamente, aunque es necesario descontar el peso de la hidroelectricidad. Solamente en energía eólica, Brasil crecerá de 9TWh en 2013 a 20 TWh en 2017, India de 35 TWh a 54TWH y China lo hará de 121 a 294 TWh. La lección que se desprende de las proyecciones internacionales, es que tenemos los recursos disponibles pero necesitamos un diseño institucional que establezca los incentivos correctos para aumentar nuestra capacidad instalada.

Si tomamos en serio la reforma, legislar supone en este caso elegir el modelo energético mexicano para los próximas décadas. Si por el contrario, pensamos que una reforma energética significa aumentar la producción diaria de barriles de crudo, incrementar nuestras reservas de petróleo y detonar la explotación de hidrocarburos no convencionales, en especial el gas de lutitas, lo que en realidad estamos haciendo es alimentar nuestra adicción a los combustibles fósiles por otros medios y diferentes procesos. Como sociedad, y ante el proceso de reforma energética que viviremos en los próximos meses, tenemos la obligación de reflexionar si el desarrollo nacional, la seguridad energética y la competitividad económica deben impulsarse principalmente quemando hidrocarburos o si tenemos la responsabilidad de apostar por un modelo más sustentable, uno en el que la energía generada con fuentes renovables no sea solamente un dato estadístico anecdótico y ocupe un lugar cercano en importancia al petróleo o el gas natural.

Twitter: @ja_leclercq


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