La impunidad, norma en el 2010: AI

En su informe anual, Amnistía Internacional advierte que el despliegue de militares en el combate a la delincuencia da lugar a graves violaciones a los derechos humanos  

13/05/2011 00:12 a.m.


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El despliegue de elementos del Ejército para combatir la delincuencia organizada da lugar a miles de casos de violaciones graves a los derechos humanos, sin que a casi cinco años de la implantación de esa estrategia, haya sido condenado algún militar en activo por cometer esos abusos.
 
Así lo juzgó Amnistía Internacional (AI) en su informe anual en el que indica que durante 2010 la impunidad fue la norma en el país, e incluyó en el listado de las violaciones a los derechos humanos, los homicidios, las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones arbitrarias.
 
AI, en su informe anual 2011 titulado "El estado de los derechos humanos en el mundo", el cual fue presentado en Londres, indicó que en América Latina la pobreza, la delincuencia violenta y la proliferación de armas pequeñas crearon y perpetuaron condiciones en las que florecían los abusos contra los derechos humanos.
 
Los habitantes de México, Brasil y algunas regiones de Centroamérica y el Caribe seguían en 2010 atrapados entre la violencia de bandas organizadas de la delincuencia y loa abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad, indica el documento.
 
"En muchos casos, la corrupción endémica de las instituciones redujo la capacidad de éstas para responder adecuadamente a la delincuencia organizada. Sin embargo, los gobiernos se mostraron reacios a abordar este problema sistémico y prolongado y recurrieron de forma creciente al Ejército para responder a la delincuencia organizada y a otros fenómenos percibidos como amenazas para la seguridad", indicó AI.
 
En la introducción del apartado del documento dedicado a México, el informe indica que “miles de personas fueron secuestradas y asesinadas por bandas de delincuentes. Las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos.
 
“Las serias deficiencias en el sistema judicial y en los mecanismos de supervisión persistieron y, en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma. Varios defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas fueron asesinados, amenazados o acosados.
 
“Al concluir el año seguían pendientes las medidas de protección prometidas y los nuevos procedimientos para investigar los ataques. Los migrantes irregulares fueron víctimas habituales de secuestros, violaciones y asesinatos. La matanza de 72 migrantes reveló la escala y el carácter sistemático de los abusos cometidos contra ellos.
 
“Las medidas legislativas fueron insuficientes para prevenir y castigar la violencia generalizada contra las mujeres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió varias resoluciones históricas sobre casos de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencias contra México por violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.
 
“No hubo avances en la lucha para poner fin a la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia” (1964-1982). Muchas comunidades indígenas seguían teniendo un acceso limitado a servicios básicos. Fueron excarcelados cinco presos de conciencia”.
 
Después de esa introducción, el documento señala que según los datos oficiales del gobierno hubo en 2010, 15 mil muertes violentas relacionadas con bandas criminales, sobre todo en el norte de México; en Ciudad Juárez murieron violentamente casi tres mil personas, algunas de ellas en homicidios colectivos de jóvenes y más de 50 soldados y 600 policías perdieron la vida en incidentes violentos relacionados con las bandas criminales.
 
“Se sospechaba que la policía estaba ampliamente implicada en bandas de delincuentes. También murieron de forma violenta transeúntes y otros ciudadanos, lo que obligó a miles de personas a huir de sus hogares. La violencia se extendió a nuevas regiones del país. Rara vez se enjuició a los responsables de estas muertes”, señala el informe.
 
Cita que el gobierno de Estados Unidos siguió haciendo transferencias de seguridad y de otra índole a México en el marco de la Iniciativa de Mérida, sin embargo, el Departamento de Estado recomendó que el Congreso estadounidense negase la aprobación de una pequeña parte de los fondos porque el gobierno mexicano no había cumplido las condiciones en materia de derechos humanos.
 
Y al finalizar el año aún estaban pendientes de aprobación en el Congreso de la Unión reformas legales que afectan al reconocimiento constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el sistema de justicia penal, la actuación policial, la seguridad nacional y el papel de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley y la jurisdicción militar.
 
Policía y fuerzas de seguridad
 
Amnistía señala que en 2010 hubo nuevos informes de “homicidios ilegítimos”, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a manos de miembros del Ejército.
 
Al respecto, la CNDH registró mil 613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas armadas, y en noviembre informó de que había investigaciones en marcha sobre más de un centenar de quejas de “homicidios ilegítimos” cometidos por las fuerzas armadas en los 18 meses anteriores.
 
“El sistema de justicia militar siguió reclamando la jurisdicción sobre estos casos, mientras las autoridades judiciales civiles se negaban a investigar. Se disponía de poca información sobre los avances realizados en los enjuiciamientos militares, aunque durante el año no se supo de ningún militar en activo condenado por violaciones de derechos humanos. Las propuestas del gobierno para introducir una reforma legislativa limitada de la jurisdicción militar no garantizaban que las violaciones de derechos humanos quedarían excluidas del sistema de justicia militar”, señala el informe.
 
En esas circunstancias quedó el caso del homicidio de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, cometido por militares el 19 de marzo de 2010, indica el documento.
 
Y caso similar es el de los hermanos Bryan y Martín Almanza, de 5 y 9 años de edad, quienes murieron el 3 de abril en una carretera de Tamaulipas cuando elementos del Ejército dispararon al vehículo en el que viajaban con sus padres.
 
Abusos de las policías
 
Indica el documento que se siguieron recibiendo informes de detenciones arbitrarias, torturas, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas a manos de la policía federal y las policías estatales y municipales.
 
“Los intentos de reformar el sector policial se vieron debilitados al no establecerse controles de supervisión creíbles y no realizarse investigaciones penales efectivas sobre los abusos contra los derechos humanos”, señala, y menciona el caso de los 72 migrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica, encontrados sin vida en agosto en un rancho del estado de Tamaulipas.
 
Indica que en 2010 continuaron las amenazas y los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Al menos seis periodistas fueron asesinados. En algunos estados, los medios de comunicación locales ejercieron la autocensura, evitando informar de estas noticias. Aunque la Procuraduría General de la República reiteró su compromiso de investigar estos delitos, la gran mayoría de ellos siguió sin resolverse. Se acordó un mecanismo gubernamental de protección de periodistas, pero al concluir el año no estaba en funcionamiento.
 
“En muchas partes del país se atacó y acosó a defensores de los derechos humanos. Pese a las promesas del gobierno de respetar su labor y garantizar su seguridad, algunas autoridades gubernamentales hicieron declaraciones en las que se cuestionó la legitimidad de algunos defensores, y las medidas oficiales de protección se aplicaron a menudo de forma precaria.
 
“Al concluir el año no se habían concretado un mecanismo de protección ni nuevos procedimientos para la investigación de los ataques contra defensores”, consigna el informe, y cita que en abril hombres armados pertenecientes a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), vinculada al entonces gobierno del estado de Oaxaca, mataron a tiros a dos defensores de los derechos humanos: Alberta Cariño y Jyri Antero Jaakkola, ciudadano finlandés, quienes participaban en una caravana humanitaria que llevaba alimentos, agua y suministros médicos a la comunidad indígena triqui de San Juan Copala.
 
En cuanto a los juicios injustos, Amnistía Internacional refiere que “el sistema de justicia penal incumplió a menudo las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, facilitando enjuiciamientos de motivación política, condenas poco sólidas y el uso generalizado de la detención preventiva sin cargos (denominada “arraigo”)”.
 
Violencia contra mujeres y niñas
 
En México de 2010, indica el informe, la violencia contra las mujeres siguió siendo fenómeno generalizado. Durante el año murieron violentamente cientos de mujeres en el hogar y la comunidad. Las medidas legislativas introducidas en los últimos años para mejorar la protección de las mujeres a menudo no se aplicaron en la práctica, o fueron ineficaces para proteger a las mujeres o hacer que los perpetradores rindieran cuentas de sus actos.
 
“A pesar de la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana, el gobierno no adoptó medidas efectivas para investigar y llevar ante la justicia a los responsables del secuestro y el asesinato de tres mujeres perpetrado en Ciudad Juárez en 2001 (el caso Campo Algodonero) ni para combatir la constante violencia y discriminación contra las mujeres en la ciudad.
 
“Más de 300 mujeres murieron de forma violenta durante el año. Los cadáveres de al menos 30 víctimas presentaban lesiones que indicaban que habían sufrido tortura y violencia sexual. Pocos perpetradores rindieron cuentas de sus actos. En diciembre, un hombre armado disparó y mató a Marisela Escobedo delante del palacio de gobierno de la ciudad de Chihuahua durante una protesta realizada para pedir justicia por su hija, que había sido asesinada en Ciudad Juárez en 2008”, señala el informe.
 
En tanto, las comunidades indígenas siguieron careciendo de un acceso igualitario a la justicia, la salud, la educación y otros derechos y servicios. Pese a las promesas del gobierno de reducir la mortalidad materna, los insuficientes servicios de salud siguieron contribuyendo a que el número de muertes maternas entre mujeres indígenas de los estados del sur fuera desproporcionadamente elevado, señala el informe.
 
En cuanto al escrutinio internacional, AI indica en su informe que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencias contra México por violaciones graves de derechos humanos en los casos de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, indígenas que fueron violadas por unos soldados en 2002, así como en el de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos ecologistas torturados en 1999 por el Ejército en el estado de Guerrero y encarcelados y condenados por cargos penales falsos.
 
“La Corte ordenó a México que reconociera su responsabilidad, adoptara medidas de reparación para las víctimas y garantizara que las autoridades civiles llevarían a cabo una investigación efectiva de los responsables. El gobierno mexicano prometió acatar la orden, pero al concluir el año seguían sin aplicarse en gran medida estas sentencias y otras dos dictadas en 2009”, indica el informe.



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