México, como gran parte de los países de América Latina, ha desarrollado a lo largo de su historia, la actividad de extracción de minerales, petróleo y gas. Diferentes gobiernos, han apostado a esta actividad como fuente de crecimiento económico y, especialmente en el caso del petróleo, de ingresos públicos. Y de manera general, los diversos partidos mayoritarios, sin importar el polo ideológico en el que se sitúan, defienden la explotación de los recursos naturales como parte clave del modelo de desarrollo del país; aunque sí tienen divergencias en cuanto al modo de explotarlos, unos defienden que debe ser una industria nacional, otros que sea el sector privado.

En este contexto, los cambios en el precio de estos bienes de los últimos años, así como otros factores económicos y políticos, han tenido cierto impacto en el aporte de la actividad extractiva a la economía y las finanzas públicas, los gobiernos han mantenido su política para promover las inversiones; tendencia que se ha profundizado en los últimos años a través de importantes cambios normativos, especialmente en el sector hidrocarburos a raíz de la Reforma Energética de 2013 y 2014.

Aún con similitudes, la política minera y la petrolera han tenido históricamente importantes diferencias, basadas principalmente en el modelo de explotación elegido por el Estado para cada una de ellas. Mientras que la actividad minera ha sido tradicionalmente realizada de manera preponderante por el sector privado, la industria petrolera y gasífera estuvo a cargo, desde 1938 y hasta 2013, del Estado, a través de su entidad paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

A partir de los años 90, la política pública en minería se enfocó en ampliar la participación de la inversión extranjera en esta actividad, la cual se ha mantenido hasta la actualidad con una legislación, la Ley Minera, que se creó en 1992 y se ha mantenido con pocos cambios desde entonces. La participación del Estado se ha limitado a regular escasamente esta actividad y a los actores privados, con una institucionalidad débil e insuficiente para atender las miles de concesiones y los cientos de proyectos en operación, que ascendían a 25,178 y 885, respectivamente, en 2016.

Por su parte, Pemex ha estado a cargo de la extracción de hidrocarburos en el país, y aunque la producción ha estado cayendo desde su pico de 3.5 millones de barriles diarios en 2004, en 2016 produjo 2.2 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora bien, esta caída progresiva de la producción fue utilizada por diversos gobiernos del PAN y del PRI, con apoyo de otros partidos y del Pacto por México, para promover una apertura del sector hidrocarburos a la iniciativa privada, que finalmente desembocó en la Reforma Energética de 2013. Aunque, desde entonces y hasta 2016 se han entregado 38 áreas para la exploración y extracción de gas y petróleo a empresas privadas a través de contratos, su contribución a la producción nacional es aún muy marginal y Pemex continúa siendo el actor principal.

La Reforma tiene la clara intención de promover las inversiones privadas en el sector de hidrocarburos. Para ello, incluyó una serie de cambios y disposiciones nuevas para facilitar el acceso de las empresas a los territorios y la operación de los proyectos, a través del debilitamiento de las políticas e instituciones ambientales, sociales, climáticas y fiscales. Esto al mismo tiempo que promueve la actividad petrolera y gasífera en yacimientos de mayor complejidad y con impactos negativos más graves, como los no convencionales en lutitas y arenas compactas que requieren Fracking y los situados en aguas profundas.

Más allá de los discursos y argumentos de los gobiernos sobre los beneficios económicos y fiscales de la actividad extractiva, la realidad en muchos territorios de México es muy diferente. Los proyectos mineros, petroleros y gasíferos traen consigo degradación ambiental y violaciones a derechos humanos, que conllevan al descontento social y al surgimiento de conflictos. Esta situación es enfrentada por el Estado y las empresas con violencia, hostigamiento y criminalización, en un intento por que los proyectos avancen, aún por encima de los derechos de las poblaciones y las comunidades indígenas y campesina y sus formas de vidas; muchas de las cuales viven en situación de pobreza, en un país con altos índices de marginación y desigualdad.

Asimismo, conscientes del poder de la información para generar movilización y participación social, a través de leyes y prácticas, el Estado lleva a cabo acciones que limitan el acceso a información clave relativa a las actividades extractivas, aún en contra de su propia legislación de avanzada en materia de transparencia y acceso a la información; como aquella relativa a los impactos sociales, ambientales y climáticos de las mismas. En este sentido, desde las poblaciones afectadas y la sociedad civil se demanda la publicación de información útil, clara y oportuna, y a través de medios y formatos adecuados, sobre las implicaciones, impactos y costos sociales, ambientales y climáticos que cada proyecto extractivo tiene en los territorios.

A su vez, cada vez se escuchan con más fuerza, argumentos y propuestas en las voces que exigen al gobierno mexicano modificar el rumbo y el modelo de desarrollo actual basado, en gran medida, en la explotación de los recursos naturales a costa de la gente y el futuro del planeta.

Aunque el reto por delante es enorme, lograrlo está a nuestro alcance, pero para ello es necesario generar la voluntad política que permita encaminar al país hacia esta senda alternativa, sostenible y respetuosa de los derechos humanos. Sumar nuestras voces y exigir un cambio de rumbo puede marcar la diferencia. Sus voces, lectoras y lectores, son fundamentales para que estos cambios puedan tener lugar y que las y los representantes públicos no puedan seguir mirando para otro lado, acompáñennos.

El autor es Aroa de la Fuente López, investigadora en @FundarMexico






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