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Vinculan a proceso 28 ex funcionarios en NL

La Fiscalía Anticorrupción ha logrado la vinculación a proceso de los ex funcionarios por diferentes delitos por un monto de más de 3 mil 600 millones de pesos

Escrito en ESTADOS el

MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).-  A poco más de un año del inicio de la Operación Tornado, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado la vinculación a proceso de 28 ex funcionarios por diferentes delitos por un monto de más de 3 mil 600 millones de pesos.

Presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora Kia por más de 3 mil millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la Ley determinaron la vinculación a proceso del ex Gobernador Rodrigo Medina.

Medina fue internado en el Penal del Topo Chico por una medida cautelar, pero una jueza federal ordenó su liberación.

Sin embargo el proceso penal contra el ex mandatario estatal por el delito de ejercicio indebido de funciones continúa.

El Tesorero de la pasada administración estatal, Rodolfo Gómez Acosta, permanece vinculado a proceso por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y delito contra el patrimonio del Estado por un presunto quebranto al erario de 3 mil 683 millones 504 mil 678 pesos.

Mientras que Jorge Domene Zambrano, ex Coordinador de Comunicación Social  fue vinculado por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado, ante un probable desvío de 39 millones de pesos.

La Fiscalía también ha logrado en tres casos distintos la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones del ex Secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán.

Francisco Valenzuela, ex Subsecretario de Egresos y Jesús Salvador Garza Herrera, ex Director de Presupuesto dentro de la Tesorería, ambos en el 2011, son acusados por el delito de daño al patrimonio del Estado y municipios.

Por el delito de ejercicio indebido de funciones quedaron vinculados el ex Director de Agua y Drenaje de Monterrey, Emilio Rangel Woodyard y el ex Secretario de Obras Públicas, Luis Marroquín Salazar.

También el ex titular del Sistema Estatal de Caminos, Víctor Ramón Martínez Trujillo, enfrenta dos vinculaciones a proceso, la primera por el delito de ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio del Estado; la segunda solo por el delito de ejercicio indebido de funciones.

De esa misma dependencia, el ex Coordinador de Proyectos, Conservación y Construcción, Esteban Cepeda Ochoa, obtuvo dos vinculaciones a proceso por los mismos delitos que Ramones Trujillo.

Además el ex supervisor de obras, Keven Tonatiuh Alcalde Pagola y Nancy Aracely Villegas Cantú, ex Directora de Administración, también por ejercicio indebido de funciones.

La ex Subsecretaria de Inversión y Fomento Industrial, Celina Edith Villarreal Cárdenas, quedó vinculada por ejercicio indebido de funciones.

Juan Livas Cantú, ex Director de Fidecitrus, está vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio del Estado.

Mientras que Adriana de la Cruz Monsiváis, ex empleada de la Secretaría de Salud, por peculado.

El ex Coordinador General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico de la pasada Administración, Alberto Salinas Guerra, quedó vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones.

José Agustín Téllez Velázquez, ex Director de Ejecución de Obras de la Secretaría de Obras Públicas, fue vinculado a proceso e internado en el Penal del Topo Chico.

La vinculación del ex funcionario de la anterior Administración se dio por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones.

La vinculación a proceso de María Lucía González Pérez, ex coordinadora de ejecución de obras y Tomás López Aguilar, ex supervisor de obra, se dio por en el delito de ejercicio indebido de funciones y daño contra el patrimonio del Estado.

La ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes y 8 de sus ex colaboradores también quedaron vinculados a proceso por la adjudicación de manera directa un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por la cantidad de 7 millones 499 mil 999 pesos más IVA.

En este último caso una jueza federal ordenó reiniciar el proceso penal.


kach